Departamento de Justicia de EEUU imputa a 11 personas por una red que presuntamente fabricaba matrimonios, documentos y entrevistas para conseguir Green Cards de forma fraudulenta: cobraba hasta 100 mil dólares por caso
El Departamento de Justicia de EEUU sostiene que la red operó desde al menos 2016, cobró hasta 100 mil dólares por algunos matrimonios y fabricó fotografías, cuentas conjuntas, declaraciones fiscales y otros documentos para intentar demostrar ante autoridades migratorias que las relaciones eran reales.
WASHINGTON.- Estados Unidos acusó formalmente a 11 personas de participar en una red que habría organizado más de 1,000 matrimonios simulados para ayudar a extranjeros, principalmente ciudadanos de China, a obtener beneficios migratorios, entre ellos la residencia permanente legal o Green Card. El Departamento de Justicia informó este miércoles 12 de agosto de 2026 que el esquema habría funcionado durante alrededor de una década y generado decenas de millones de dólares. Por ahora se trata de acusaciones de la fiscalía y no de condenas: las 11 personas se presumen inocentes mientras su responsabilidad no sea demostrada ante un tribunal.
De acuerdo con la acusación difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, algunos clientes extranjeros habrían pagado hasta 100 mil dólares por un matrimonio simulado y la asistencia para solicitar la residencia permanente, mientras que ciudadanos estadounidenses que aceptaban participar podían recibir hasta unos 30 mil dólares. La investigación involucra al Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entre otras instituciones.
El caso pone el foco en el uso presuntamente fraudulento de una vía migratoria que sí existe legalmente. USCIS establece que determinados familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, incluidos sus cónyuges, pueden solicitar la residencia permanente cuando cumplen los requisitos correspondientes. El fraude ocurre cuando una unión es creada únicamente para obtener un beneficio migratorio y se presentan datos o pruebas falsas ante las autoridades.
¿Cómo funcionaba la presunta red de matrimonios falsos?
Según la acusación federal, el grupo operó desde al menos 2016 hasta julio de 2026 y tenía su principal base en la ciudad de Nueva York, aunque su actividad presuntamente se extendió a diferentes puntos de Estados Unidos y otros países.
Los fiscales sostienen que la estructura ponía en contacto a extranjeros que buscaban obtener residencia legal con ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse sin que existiera una relación matrimonial real.
La red habría contado con distintos participantes:
- Facilitadores, encargados de dirigir operaciones y encontrar clientes extranjeros.
- Reclutadores, que buscaban ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar.
- Asistentes, quienes preparaban documentos migratorios y coordinaban solicitudes ante USCIS.
- También habría recurrido a oficiantes de bodas, abogados, preparadores de impuestos, proveedores de seguros y otros prestadores de servicios.
En conjunto, los acusados y otros presuntos participantes habrían reclutado a cientos de ciudadanos estadounidenses para contraer estos matrimonios.
¿Cuánto cobraban por conseguir un matrimonio simulado?
La Fiscalía sostiene que algunos extranjeros pagaron a los intermediarios hasta aproximadamente 100 mil dólares a cambio de organizar el matrimonio y apoyarlos durante el procedimiento para intentar conseguir la residencia permanente.
De ese dinero, los ciudadanos estadounidenses que aceptaban casarse presuntamente podían recibir hasta unos 30 mil dólares, generalmente divididos en pagos relacionados con diferentes etapas del proceso de solicitud de la Green Card.
Los reclutadores, por su parte, podían obtener comisiones de hasta aproximadamente 5 mil dólares por cada ciudadano estadounidense que incorporaban al esquema.
Debido a la cantidad de matrimonios atribuidos al grupo, los años durante los cuales habría funcionado y los pagos realizados por los clientes, las autoridades estiman que la red pudo haber recaudado decenas de millones de dólares. Esa cifra forma parte de la estimación presentada por los investigadores y aún debe probarse dentro del proceso judicial.
¿Qué hacían para que los matrimonios parecieran reales?
Uno de los aspectos centrales de la acusación es la forma en que presuntamente se construía una apariencia de vida matrimonial.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, en algunos casos las personas que iban a casarse se conocían por primera vez poco antes de obtener la licencia matrimonial. Posteriormente realizaban ceremonias y tomaban fotografías destinadas a hacer parecer que existía una relación auténtica.
Después del matrimonio, los participantes habrían creado distintos elementos para respaldar las solicitudes migratorias, entre ellos:
- Fotografías adicionales de las parejas.
- Cuentas bancarias conjuntas.
- Cuentas compartidas de servicios.
- Declaraciones de impuestos conjuntas.
- Pólizas de seguro.
- Documentación utilizada para respaldar las solicitudes de residencia.
La Fiscalía sostiene además que, cuando USCIS exigía una entrevista, algunos participantes recibían instrucciones sobre cómo responder preguntas de los funcionarios y ocultar que el matrimonio había sido organizado únicamente para obtener un beneficio migratorio.
USCIS contempla el matrimonio con un ciudadano estadounidense como una de las vías legales para obtener la residencia permanente, pero sus políticas exigen acreditar que se trata de un matrimonio de buena fe y no de una unión creada exclusivamente para conseguir beneficios migratorios.
¿Cuántas solicitudes de Green Card estarían relacionadas con el caso?
El Departamento de Justicia afirma que la organización provocó la presentación ante USCIS de al menos cientos de solicitudes presuntamente fraudulentas de residencia permanente, acompañadas de documentación que buscaba demostrar la autenticidad de los matrimonios.
La acusación atribuye al esquema más de 1,000 matrimonios simulados, pero eso no significa que el gobierno haya confirmado públicamente que se aprobaron más de 1,000 Green Cards.
Lo que el expediente citado por el Departamento de Justicia sostiene hasta ahora es que se organizaron más de 1,000 matrimonios y que se presentaron al menos cientos de solicitudes fraudulentas y documentos de respaldo.
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¿Dónde habría operado la red?
Aunque el centro de operaciones habría estado en Nueva York, los fiscales describen un esquema nacional e internacional.
La acusación menciona presuntos matrimonios organizados en:
- Nueva York.
- Connecticut.
- Massachusetts.
- Pensilvania.
- Kentucky.
- Tennessee.
- Georgia.
- Florida.
- Vanuatu.
- China.
Durante las detenciones, las autoridades también ejecutaron órdenes de registro en distintos puntos de Nueva York, entre ellos Sunset Park, en Brooklyn, y Flushing, en Queens.
¿Quiénes son las 11 personas acusadas?
El Departamento de Justicia identificó a los acusados como:
- Amy Cheng, también conocida como “Amy Zhou”, de 72 años, residente de Brooklyn.
- Xiao Mei Chan, también conocida como “Carmen”, de 64 años, de Queens.
- Christine Lu, también conocida como “Lily”, de 52 años, de Queens.
- Jing Yan Ye, también conocida como “Serene”, de 43 años, de Staten Island.
- Xiao Yan Chen, también conocida como “Anna”, de 48 años, de Brooklyn.
- Gang Zheng, también conocido como “Michael” y “Mike”, de 61 años, de Queens.
- Anthony Cheng, de 47 años, de Staten Island.
- Michelle Duenas, de 35 años, de Staten Island.
- Angela Duenas, de 26 años, de Staten Island.
- Sigrid Cetino, de 32 años, de Peekskill, Nueva York.
- Erika Johnson, de 43 años, de Ossining, Nueva York.
Las autoridades informaron que fueron detenidos durante la mañana del 12 de agosto y que estaba previsto que comparecieran ante un juez durante la misma jornada.
¿De qué delitos están acusados y qué penas podrían enfrentar?
Cada una de las 11 personas enfrenta dos cargos federales de conspiración, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
El primero es por presuntamente conspirar para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio. En caso de una condena, ese cargo contempla una pena máxima de cinco años de prisión.
El segundo corresponde a una presunta conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos y puede alcanzar una pena máxima de 10 años de prisión en caso de que exista una declaración de culpabilidad.
Estas cifras corresponden a las penas máximas previstas para los cargos señalados por los fiscales. No significan que los acusados recibirán automáticamente esas sentencias.
¿Qué han dicho las autoridades de Estados Unidos?
Todd Blanche sostuvo que el Departamento de Justicia busca combatir el fraude también dentro del sistema migratorio.
Este Departamento de Justicia está erradicando el fraude en todas partes, incluso en nuestro sistema de inmigración”.
Por su parte, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York describió el caso como uno de los mayores esquemas de fraude matrimonial imputados en la historia de Estados Unidos. Las autoridades sostienen que el grupo convirtió estas operaciones en un negocio que funcionaba dentro y fuera del país.
La investigación está a cargo de Homeland Security Investigations (HSI), el FBI, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, la División de Investigación Criminal del Ejército estadounidense y la Fiscalía del Condado de Westchester. Los fiscales federales Jake Sidransky y Reyhan Watson llevan el caso por el Distrito Sur de Nueva York.
¿Qué falta por determinar en el caso?
La acusación formal abre ahora un proceso judicial en el que los fiscales deberán demostrar sus señalamientos con pruebas.
Todavía deberá determinarse judicialmente, entre otros aspectos, qué participación tuvo cada acusado, cuántos matrimonios pueden acreditarse como fraudulentos, cuántas solicitudes migratorias estuvieron directamente vinculadas con la red y cuánto dinero obtuvo realmente el grupo.
El propio Departamento de Justicia subraya que una acusación formal contiene alegaciones y no equivale a una declaración de culpabilidad. Los 11 acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que su responsabilidad sea establecida más allá de una duda razonable ante un tribunal.
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