Perú informó a México que Betssy Chávez está condenada y que eventualmente pedirá su extradición

PERÚ. — La expremier peruana Betssy Chávez Chino abandonó el territorio de Perú durante la madrugada de este viernes 7 de agosto con rumbo a México, luego de que el gobierno encabezado por la presidenta Keiko Fujimori le otorgara el salvoconducto correspondiente.

La exfuncionaria del mandato de Pedro Castillo permanecía bajo la figura de asilo diplomático en la sede de la representación diplomática mexicana en Lima.

El traslado se concretó tras una notificación formal dirigida al gobierno mexicano por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú (Cancillería de Perú), institución de origen oficial que emitió un comunicado para detallar la situación legal de la exministra.

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México y Perú reanudan relaciones diplomáticas

En dicho documento, las autoridades peruanas precisaron que el permiso de salida se concedió en estricto apego al derecho internacional, pero con la reserva del derecho de solicitar su eventual extradición cuando los tribunales judiciales de la nación sudamericana lo consideren necesario.

¿Cuál es la situación legal de Betssy Chávez en Perú?

Para entender el contexto de esta decisión diplomática, es importante conocer las acusaciones judiciales que pesan sobre la ex jefa del gabinete ministerial:

• Sentencia por conspiración: Betssy Chávez cuenta con una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
• Investigación por enriquecimiento ilícito: Afronta un proceso abierto en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
• Reserva de extradición: La Cancillería de Perú enfatizó la postura legal de la nación: “El Gobierno del Perú recalca que la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”.

El gobierno peruano reiteró en su comunicado oficial que en la nación rige el Estado de derecho, la separación de poderes y el debido proceso, descartando la existencia de persecución política.

¿Cómo se ejecutó el traslado y qué autoridades intervinieron?

La salida de la expremier se produjo alrededor de la medianoche a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas. El canciller peruano, Carlos Espá, confirmó los detalles del operativo durante una entrevista concedida a RPP Noticias:

1. Marco normativo: La decisión se fundamentó en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
2. Coordinación multinacional: En las gestiones intervino el gobierno de Brasil, país que resguardaba la sede diplomática mexicana en Lima.
3. Autorización militar y de seguridad: El Ministerio de Defensa de Perú autorizó el sobrevuelo del avión mexicano, mientras que el Ministerio del Interior brindó la seguridad para el traslado.

En sus declaraciones a RPP Noticias, el canciller Espá señaló: “Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional”.

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¿Qué impacto tiene esta medida en las relaciones entre México y Perú?

El otorgamiento del salvoconducto permitió destrabar el distanciamiento diplomático entre ambos países, el cual se mantenía desde la salida del expresidente Pedro Castillo.

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Los puntos centrales de este restablecimiento bilateral contemplan:

• Reapertura de embajadas: Ambas naciones acordaron retomar el funcionamiento formal de sus sedes diplomáticas y designar a nuevos embajadores.
• Comunicado conjunto: El proceso de salida y la reanudación de relaciones se coordinaron de forma simultánea entre ambas cancillerías.
• Impulso económico y cultural: Se prevé reactivar proyectos de integración en el marco de la Alianza del Pacífico para fomentar la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.
• Revisión del asilo diplomático: La administración de Keiko Fujimori impulsará consultas en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evitar distorsiones en el uso de la figura del asilo político en la región.