El Salvador condena a 254 pandilleros de la Mara Salvatrucha en un juicio masivo, y su cabecilla ‘Little Pesadilla’ recibe 85 años de cárcel por mantener bajo terror más de la mitad de Cabañas

El Salvador dictó una de las condenas colectivas más grandes de los últimos años contra las pandillas: 254 supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron sentenciados tras un juicio masivo que duró más de un mes y medio. Entre ellos está Eugenio Morales, alias ‘Little Pesadilla’, señalado como líder de la estructura y condenado a 85 años de prisión.

La información fue dada a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR) y retomada por RTVE, que reportó que los acusados formaban parte de la célula ‘Park View Locos Salvatruchos’. Según la investigación fiscal, este grupo operó entre 2013 y 2022 en más del 50% del territorio del departamento de Cabañas, donde mantenía atemorizada a la población.

¿Qué ocurrió en este juicio masivo?

La sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador. De acuerdo con la FGR, la audiencia fue única y se prolongó por más de un mes y medio, tiempo en el que la Fiscalía presentó pruebas contra toda la estructura criminal en un solo expediente.

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Este tipo de procesos se volvió posible después de una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobada en diciembre de 2023, que permite juzgar de manera conjunta a integrantes de una misma pandilla. Para las autoridades, esta modalidad acelera las condenas y facilita atacar no solo a individuos aislados, sino a la organización completa.

En el caso de ‘Little Pesadilla’, la Fiscalía lo responsabilizó por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de droga con fines de tráfico. Su sentencia, de 85 años, fue la más alta del proceso.

¿Cómo afectaba esta estructura a la gente en Cabañas?

Más allá del tamaño del juicio, el dato que explica su impacto está en la vida diaria de las comunidades. Según la FGR, los integrantes de esta célula tenían funciones específicas para sostener su control territorial: vigilancia, extorsión, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Eso significa que durante años muchas familias en Cabañas vivieron bajo reglas impuestas por la pandilla. En territorios dominados por estructuras como la MS-13, el miedo suele marcar decisiones cotidianas: por dónde caminar, a qué hora salir, qué negocios pueden operar y quién se atreve a denunciar.

La Mara Salvatrucha es una de las pandillas más violentas y conocidas de la región. Durante años, junto con otras estructuras criminales, fue una de las principales responsables de la violencia que golpeó a El Salvador, un país que durante mucho tiempo estuvo entre los más peligrosos del mundo fuera de zonas de guerra.

¿Por qué este caso vuelve a poner atención sobre el régimen de excepción?

El juicio ocurre en el contexto del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, la principal apuesta oficial contra las pandillas. Esta medida, vigente desde marzo de 2022, ha sido prorrogada en 51 ocasiones y suma más de 92,000 capturas, según cifras oficiales citadas por RTVE.

Pero el modelo también enfrenta fuertes críticas. Organizaciones humanitarias han documentado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y alrededor de 530 muertes bajo custodia estatal. Por eso, cada macrojuicio abre una discusión incómoda pero necesaria: hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad y qué garantías deben mantenerse incluso frente a estructuras criminales.

¿Qué sigue ahora y por qué importa esta condena?

La condena contra estos 254 pandilleros no solo representa un golpe judicial para una célula de la MS-13. También muestra cómo El Salvador está rediseñando su forma de procesar a las pandillas: casos más grandes, condenas más rápidas y expedientes que pueden seguir abiertos para sumar a otros miembros de la misma estructura.

Para las comunidades de Cabañas, el fallo significa el posible cierre de una etapa marcada por el miedo. Para el país, en cambio, el caso deja una pregunta que seguirá vigente: si esta estrategia masiva logrará consolidar seguridad duradera sin profundizar las denuncias por abusos y violaciones a derechos fundamentales.