Entra en vigor ley que prohíbe alimentar animales callejeros sin autorización, con el objetivo de frenar plagas y el crecimiento descontrolado de colonias, estableciendo multas de hasta 50 mil euros para quienes la incumplan en España
La nueva normativa establece que solo personas autorizadas podrán alimentar a animales en la vía pública, con el fin de evitar problemas de salud, suciedad y sobrepoblación, y advierte sanciones económicas severas para quienes no cumplan.
ESPAÑA — Cuidar y alimentar a los animales que viven en la calle ha sido durante años una práctica solidaria y común en muchas ciudades, pero con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, esta acción dejó de ser libre y espontánea.
La nueva normativa no prohíbe de forma general dar comida a animales abandonados, pero sí establece quién puede hacerlo y bajo qué condiciones, con el objetivo de proteger la salud pública y controlar la proliferación desordenada de colonias, especialmente de gatos.
La ley busca regular una realidad extendida en calles y parques, donde la comida abandonada sin control puede provocar plagas, suciedad, malos olores y problemas sanitarios, además de favorecer el crecimiento desmedido de colonias felinas sin supervisión veterinaria.
Alimentar animales ya no es una decisión individual
Uno de los cambios centrales de la normativa es que solo las personas autorizadas pueden alimentar animales comunitarios, y siempre bajo normas estrictas de limpieza, horario y tipo de alimento.
El enfoque no es sancionar la empatía ciudadana, sino evitar prácticas que, aunque bien intencionadas, terminan generando conflictos urbanos y riesgos para los propios animales.
La ley pone especial atención en los gatos que viven en libertad, considerados ahora gatos comunitarios, cuya gestión deja de depender de iniciativas individuales y pasa a ser una responsabilidad institucional.
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Colonias felinas bajo control municipal
De acuerdo con los artículos 40 y 41 de la ley, los ayuntamientos asumen la gestión directa de las colonias de gatos, incluyendo la formación y acreditación de los cuidadores. Esto implica que cualquier persona interesada en ayudar debe integrarse al programa oficial de su municipio.
Estos programas suelen operar bajo el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que ya se aplica en más de 15 mil colonias en España.
La medida busca frenar el crecimiento descontrolado de poblaciones felinas, en un contexto donde apenas el 4% de los gatos recogidos en la vía pública tiene microchip, lo que dificulta su regreso con un dueño identificado.
Multas que pueden llegar hasta los 50 mil euros
Incumplir la normativa puede derivar en sanciones económicas importantes, cuya cuantía depende de la gravedad de la infracción:
- Infracción leve: alimentar animales sin autorización o sin cumplir las normas de limpieza puede castigarse con multas de 500 a 10 mil euros.
- Infracción grave: si se suministra comida sin control sanitario, como vísceras o despojos, la sanción puede alcanzar los 50 mil euros.
La ley también permite que los ayuntamientos ajusten las sanciones. Por ejemplo, en algunos municipios las multas por ensuciar la vía pública rondan los 1,500 euros, mientras que en otros pueden superar los 3,000 euros, dependiendo de las ordenanzas locales.
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Un contexto marcado por el abandono animal
La aplicación de estas medidas llega en un momento especialmente delicado. Cada año se recogen en España cerca de 288 mil animales, y el abandono sigue teniendo causas estructurales difíciles de erradicar.
Las camadas no deseadas representan alrededor del 19% de los abandonos, un problema ligado en gran medida a la negativa de algunos propietarios a esterilizar a sus mascotas.
A esto se suma el encarecimiento del costo de vida, que ha vuelto inasumible para muchas familias el gasto anual de mantener un perro, estimado entre 1,200 y 1,500 euros.
Además, el fin de la temporada de caza en febrero continúa provocando cada año un aumento en el abandono de galgos y podencos, una situación que organizaciones protectoras denuncian de forma reiterada.
El objetivo: menos abandono y una convivencia más ordenada
Con la entrada en vigor de las sanciones y la creación del registro nacional de animales, el Gobierno confía en reducir progresivamente las cifras de abandono y mejorar la convivencia en espacios públicos.
La ley apuesta por una gestión más ordenada, responsable y sanitaria de los animales comunitarios, sin criminalizar la ayuda, pero sí regulándola.
En adelante, ayudar a los animales de la calle seguirá siendo posible, pero ya no podrá hacerse sin coordinación, autorización ni reglas claras.
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