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¿Quiénes son los otros 9 acusados junto al gobernador Rocha Moya? Una acusación de la Fiscalía Distrito Sur de Nueva York revela una red de corrupción que incluye a un senador en funciones, el fiscal adjunto del estado, exjefes policíacos y el alcalde de Culiacán

Todos ellos habrían recibido presuntamente millones de dólares del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, a cambio de proteger envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

¿Quiénes son los otros 9 acusados junto al gobernador Rocha Moya? Una acusación de la Fiscalía Distrito Sur de Nueva York revela una red de corrupción que incluye a un senador en funciones, el fiscal adjunto del estado, exjefes policíacos y el alcalde de Culiacán

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos no solo acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Una investigación conjunta de la DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala a otros nueve funcionarios, cuyos cargos abarcan el Poder Legislativo, las fiscalías, las secretarías de seguridad y las policías municipales.

Todos ellos habrían recibido presuntamente millones de dólares del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, a cambio de proteger envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

El fiscal federal Jay Clayton fue contundente: “El Cártel de Sinaloa no operaría tan libre o exitosamente sin políticos corruptos y funcionarios de seguridad a sueldo”. La acusación formal detalla quiénes eran esos funcionarios, cuánto recibían y qué hacían a cambio.

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Los funcionarios de alto nivel político

Enrique Inzunza Cazarez (53 años): Senador de la República y exsecretario General de Sinaloa

Inzunza Cazarez es actualmente senador en funciones por el estado de Sinaloa. Antes de llegar al Senado, fue Secretario General de Gobierno de Sinaloa bajo la administración de Rocha Moya.

Foto:

Según la acusación, Inzunza formaba parte del círculo cercano que coordinaba la protección política al Cártel. No se especifica un monto de soborno mensual, pero se le imputa haber:

  • Utilizado su influencia para bloquear investigaciones contra Los Chapitos.
  • Facilitado el acceso de operadores del cártel a información privilegiada sobre operativos federales.

Cargos: Se le acusa de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras. Podría enfrentar cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años.

Enrique Díaz Vega (50 años): Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Díaz Vega fue el encargado de las finanzas del gobierno estatal durante el primer tramo de la administración de Rocha Moya (2021-2024).

La fiscalía señala que su rol era canalizar recursos y desviar fondos para pagar sobornos a otros funcionarios menores y para financiar campañas políticas de candidatos afines al cártel.

Foto: Congreso del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación, Díaz Vega participó en al menos dos reuniones con Iván Archivaldo Guzmán (uno de Los Chapitos) en las que se acordaron las cuotas mensuales que el gobierno estatal pagaría al cártel a cambio de “seguridad y tranquilidad”.

Cargos: Se le acusa de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras. Podría enfrentar cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años.

Juan de Dios Gámez Mendívil (41 años): Alcalde de Culiacán

Gámez Mendívil es el presidente municipal de Culiacán, la capital del estado y bastión histórico del Cártel; su nombre apareció en investigaciones previas por presuntos vínculos con el narco, pero es la primera vez que un tribunal estadounidense lo acusa formalmente.

Según el documento, Gámez:

  • Permitió que la Policía Municipal de Culiacán operara como brazo armado del cártel en la ciudad.
  • Recibió sobornos por 300 mil dólares en efectivo durante su campaña electoral de 2023.
  • A cambio, ordenó la liberación de al menos 12 presuntos miembros del cártel detenidos por la policía municipal.
Foto: Ayuntamiento de Culiacán.

Gámez fue presuntamente llevado a la alcaldía con el apoyo explícito de Los Chapitos, según testigos protegidos citados en la acusación.

Cargos: Narcotráfico y armas. Mínimo 40 años.

Los funcionarios de justicia y fiscalía

Damaso Castro Zaavedra (54 años): Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa

Castro Zaavedra es uno de los acusados con mayor detalle en la acusación. Como número dos de la fiscalía estatal, tenía acceso a todas las investigaciones y órdenes de aprehensión.

Lo que se le acusa:

  • Recibir 11 mil dólares mensuales de Los Chapitos.
  • Advertir al cártel sobre operativos respaldados por la DEA.
  • Carpetazo a al menos 20 carpetas de investigación contra miembros del Cártel de Sinaloa.
Foto: Coordinación General de CESP.

“Castro Zaavedra protegía a los Chapitos de ser arrestados y les informaba sobre operaciones policiacas planeadas con información de Estados Unidos”, señala el documento judicial.

Cargos: Conspiración de narcotráfico y armas. Enfrentaría cadena perpetua.

Marco Antonio Almanza Avilés (54 años): Exjefe de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Sinaloa

Almanza Avilés estuvo al frente de la policía ministerial durante los años de 2022 y 2024. Su rol era clave porque sus agentes ejecutaban las órdenes de cateo y aprehensión.

Foto: Coordinación General CESP.

Acusaciones:

  • Entregó a Los Chapitos listas de objetivos que la fiscalía planeaba investigar.
  • Recibió sobornos por 8 mil dólares mensuales.
  • Ordenó a sus agentes que no patrullaran en colonias controladas por el cártel.

Cargos: Conspiración de narcotráfico y armas. Enfrentaría cadena perpetua.


Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo” (45 años): Exjefe de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Sinaloa

Foto: Redes Sociales.

Contreras Núñez ocupó el mismo cargo que Almanza Avilés, pero en un periodo anterior (2021-2022). La acusación lo señala como el operador directo de Los Chapitos dentro de la fiscalía.

“Cholo” habría participado personalmente en el tortura de un testigo que iba a declarar contra el cártel. El testigo sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes.

Cargos: Narcotráfico y armas. Mínimo 40 años.

Los mandos de seguridad pública

Gerardo Mérida Sánchez (66 años): Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

Mérida Sánchez fue el encargado de coordinar a la Policía Estatal, la policía preventiva y los cuerpos de emergencia. Su cargo era el más alto en seguridad después del gobernador.

Foto: Gobierno del Estado de Sinaloa.

Acusaciones:

  • Dio órdenes directas a los mandos policiacos para que no interfirieran con los convoyes armados del cártel.
  • Recibió sobornos por 15 mil dólares mensuales (el monto más alto entre los acusados, aparte del gobernador).
  • Asistió a reuniones en las que se planeó el secuestro de un comandante de la policía federal que investigaba al cártel.

Cargos: Conspiración de narcotráfico y armas. Enfrenta cadena perpetua.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” (55 años): Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

“Tornado” era el segundo al mando de la Policía Estatal. Su alias, según la acusación, se lo pusieron los propios miembros del cártel por su eficacia para “hacer desaparecer” evidencias.

Lo que se le imputa:

  • Destruyó reportes de patrullaje que demostraban la presencia de narcotraficantes en carreteras de Sinaloa.
  • Recibió 6 mil dólares mensuales de Los Chapitos.
  • Facilitó la fuga de 8 presuntos sicarios del penal estatal de Culiacán en 2023.

Cargos: Narcotráfico y armas. Mínimo 40 años.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” (35 años): Excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán

Millán es el acusado más joven y el único que enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte.

Acusaciones principales:

  • Recibía más de 1,600 dólares mensuales de Los Chapitos.
  • Dio a los Chapitos acceso ilimitado a la base de datos de la policía municipal.
  • Usó a agentes municipales para realizar arrestos falsos, secuestros y ejecuciones por encargo del cártel.

Millán ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esa persona. Ambos fueron torturados y asesinados porque el cártel sospechaba que colaboraban con la investigación estadounidense.

“Millán participó directamente en el operativo de secuestro. Los cuerpos de las víctimas nunca fueron recuperados”, señala la acusación.

Cargos adicionales: Conspiración para cometer secuestro resultante en muerte, y secuestro resultante en muerte.

Pena: Cadena perpetua obligatoria, sin posibilidad de libertad condicional.

¿Cuánto dinero recibieron en total los acusados?

La fiscalía no da una suma exacta para cada uno, pero sí señala que el conjunto de los 10 acusados (incluyendo al gobernador) recibió “millones de dólares en dinero del narcotráfico”. Los montos confirmados individualmente son:

Damaso Castro Zaavedra11,000 USD
Gerardo Mérida Sánchez15,000 USD
Juan Valenzuela Millán1,600 USD
Marco Antonio Almanza Avilés8,000 USD
Juan de Dios Gámez Mendívil300,000 USD (pago único de campaña)

El resto de los acusados no tiene un monto especificado en el comunicado, pero se menciona que recibieron “sobornos regulares en efectivo”.

Según el comunicado oficial, todos los acusados se encuentran actualmente en México.

  • El gobernador Rocha Moya sigue en funciones.
  • El senador Inzunza Cazarez conserva su escaño.
  • El alcalde Gámez Mendívil continúa gobernando Culiacán.
  • Los exfuncionarios (Díaz Vega, Almanza, Contreras, Mérida, Dionisio, Millán) viven en libertad en territorio mexicano.

Estados Unidos puede solicitar su extradición, pero el proceso puede tardar meses o años.

Desde 2023, la Fiscalía del Sur de Nueva York ha acusado a más de 30 miembros del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta es la primera vez que se señala a un grupo tan numeroso y diverso de funcionarios en activo, que incluye:

  • Un gobernador
  • Un senador
  • Un alcalde
  • Dos jefes de policía investigadora
  • Un fiscal adjunto
  • Un secretario de seguridad
  • Un subdirector de policía estatal
  • Un comandante municipal
  • Un exsecretario de finanzas

La fiscalía agradeció explícitamente la colaboración de “socios mexicanos”.

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La ley estadounidense permite procesar a cualquier persona, en cualquier país, que conspire para enviar drogas a su territorio. Además, la DEA tiene agentes en México que recopilaron pruebas durante años.

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