Juez de Houston revirtió la condena contra el empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, que había sido declarado culpable por sobornos a Pemex, luego de detectar que el caso se basó en mensajes de WhatsApp traducidos sin validar y sin pruebas originales
Un juez federal en Houston anuló el veredicto contra Ramón Rovirosa al considerar inválidas las pruebas traducidas de WhatsApp y la ausencia de testigos relevantes, en un caso vinculado a presuntos sobornos a Petróleos Mexicanos.
Un giro poco común en el sistema judicial de Estados Unidos cambió el rumbo de un caso que ya parecía definido. Un juez federal en Houston anuló el proceso penal y absolvió al empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien meses antes había sido declarado culpable por un jurado.
La resolución, emitida por el juez Kenneth M. Hoyt, determinó que la acusación carecía de sustento legal suficiente. La razón principal: las pruebas clave estaban basadas en traducciones de mensajes de WhatsApp que nunca fueron respaldadas por los traductores en el juicio.
De acuerdo con la información publicada por Reforma, el juez consideró que esta omisión vulneró el derecho de defensa del acusado, ya que no tuvo oportunidad de cuestionar la veracidad de esas traducciones.
¿Por qué el juez anuló el veredicto del jurado?
El punto central del fallo fue la falta de rigor en la presentación de pruebas por parte de la fiscalía.
El juez fue claro en su resolución:
El expediente demuestra que la fiscalía intencionalmente no llamó como testigos a los traductores... Rovirosa no tuvo oportunidad de interrogarlos”.
Además, durante el juicio, el jurado solicitó revisar los mensajes originales en español. Sin embargo, la fiscalía no pudo presentarlos, a pesar de asegurar que contaba con capturas.
Estos materiales no fueron presentados, y esta falla también es fatal para el caso de la fiscalía”.
En el sistema judicial estadounidense, es altamente inusual que un juez revierta un veredicto de jurado, lo que da dimensión al impacto de las fallas detectadas.
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¿De qué se le acusaba a Ramón Rovirosa?
El caso surgió en agosto de 2025, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rovirosa y a Mario Alberto Ávila Lizárraga de participar en un esquema de sobornos.
Según la fiscalía, entre 2019 y 2021 habrían entregado:
- Dinero en efectivo
- Bolsos de lujo Louis Vuitton
- Relojes Hublot
Estos sobornos, que sumaban aproximadamente 150 mil dólares, tenían como objetivo:
- Obtener contratos con Pemex
- Acelerar pagos relacionados con contratos en auditoría
A cambio, la empresa Roma Energy Holdings —de la cual Rovirosa es directivo— habría conseguido contratos por unos 2.5 millones de dólares.
¿Qué pruebas presentó la fiscalía?
La acusación se sustentó principalmente en:
- Mensajes de WhatsApp traducidos al inglés
- Conversaciones telefónicas
- Fotografías de reuniones con funcionarios de Pemex
- Reportes de transacciones financieras
Entre los funcionarios mencionados estaban Erick Alexandro Núñez Albarrán y Juan Vélez.
Sin embargo, el caso se debilitó al no poder validar correctamente las traducciones ni presentar los mensajes originales.
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¿Qué pasará ahora con el empresario?
Tras ser absuelto, Rovirosa —residente legal en Estados Unidos— solicitó al juez:
- Recuperar su pasaporte
- Levantar restricciones de viaje
- Liberar bienes usados como garantía de fianza (1 millón de dólares)
Hasta ahora, se encontraba en libertad bajo fianza durante el proceso.
¿El caso está completamente cerrado?
No del todo. Aunque Rovirosa fue absuelto, el caso sigue abierto en otros frentes:
- Mario Alberto Ávila Lizárraga continúa prófugo
- Otro empresario, Alfonso Wilson, sí se declaró culpable
Wilson aceptó haber actuado como intermediario en otro esquema de sobornos relacionado con un contrato de Pemex valuado en 540 millones de dólares. Como parte de su acuerdo:
- Admitió su culpabilidad
- Pagará 384 mil dólares
- Espera sentencia el 26 de junio
La absolución de Rovirosa no implica necesariamente que los hechos investigados no hayan ocurrido, sino que las pruebas presentadas por la fiscalía no cumplieron con los estándares legales requeridos en el juicio.
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