Tres policías “levantaron” a una mujer trans peruana mientras caminaba a su casa por la noche y la llevaron a una comisaría, donde la golpearon, la torturaron y la violaron; ahora deberán pasar 17 años en la cárcel, pero durante años no se hizo nada
Los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León recibieron la pena tras un proceso llevado en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
La justicia peruana sentenció a tres agentes de policía a 17 años de prisión por tortura y abuso sexual contra Azul Rojas Marín, una mujer trans y defensora de derechos LGBTI.
La condena marca un precedente en el país al convertirse en la primera sentencia penal por un caso de discriminación sexual, de acuerdo con información de BBC.
El fallo también se inscribe en un contexto regional: fue el primer caso en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en analizar y reconocer la tortura motivada por discriminación por identidad de género.
¿Quiénes fueron sentenciados y qué resolvió el tribunal?
Los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León recibieron la pena tras un proceso llevado en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El caso ocurrió en 2008, en Casa Grande, al norte de Perú.
La Fiscalía los acusó de tortura y violencia sexual agravada, al considerar que los hechos respondieron a un ensañamiento motivado por la identidad de género de la víctima.
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¿Qué ocurrió la noche del 28 de febrero de 2008?
Según el expediente judicial, Azul Rojas Marín caminaba hacia su domicilio cuando fue interceptada por los agentes, quienes le solicitaron identificación. Tras advertir que era una mujer trans, fue detenida y trasladada a una comisaría.
La sentencia describe que, ya bajo custodia, sufrió insultos discriminatorios, agresiones físicas y violencia sexual.
El texto judicial señala:
Allí sufrió insultos y agresiones verbales de carácter discriminatorio… el uso de una vara policial para producirle heridas, hasta llegar a las agresiones sexuales…”.
El tribunal también consideró que se mantuvo la privación de la libertad pese a su estado de dolor intenso, sin brindarle auxilio.
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¿Por qué el caso no avanzó en un inicio?
Tras ser liberada, Azul presentó denuncia ante autoridades locales. Sin embargo, afirmó haber enfrentado nuevos actos de discriminación. Relató que un fiscal le dijo:
No te van a hacer caso por ser homosexual; porque si fueras una persona normal, te harían caso…”.
El proceso fue archivado por un tribunal peruano, lo que dejó el caso sin sanción penal durante años.
¿Cómo llegó el caso al sistema interamericano?
Ante la falta de justicia interna, Azul acudió a organizaciones defensoras de derechos humanos: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Redress Trust.
Con su acompañamiento, el expediente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana.
En 2020, la Corte concluyó que la detención fue arbitraria y discriminatoria, y que los hechos constituyeron tortura sexual. Ordenó al Estado peruano reabrir el proceso penal, ofrecer disculpas públicas, brindar atención psicológica a la víctima y adoptar medidas de no repetición.
¿Qué cambió tras la sentencia internacional?
A partir del fallo interamericano, la Fiscalía peruana inició una nueva investigación y formalizó la acusación contra los agentes.
El proceso culminó con la condena de 17 años para cada uno.
Como parte de las reparaciones, en 2022 el Estado realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pidió perdón a Azul y a su familia por el daño causado.
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¿Qué dicen las organizaciones que acompañaron el caso?
La organización Redress Trust destacó la relevancia del fallo:
La decisión de hoy es un paso muy importante para la recuperación de Azul y para hacer efectivo su derecho a la justicia por lo ocurrido”.
Añadió que la sentencia envía una señal clara contra la impunidad y refuerza la obligación del Estado de no tolerar la violencia hacia personas LGBTI.
¿Por qué este caso es un precedente en Perú y la región?
- Es la primera condena penal en Perú por discriminación sexual con tortura.
- Reconoce la tortura motivada por identidad de género como una violación grave a derechos humanos.
- Confirma el papel del sistema interamericano cuando la justicia interna falla.
- Establece obligaciones concretas de reparación y prevención para el Estado.
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Cómo entender el impacto del fallo
- Justicia tardía, pero efectiva: pasaron más de 15 años desde los hechos.
- Responsabilidad estatal: la Corte Interamericana señaló fallas en investigación y atención.
- Protección a personas LGBTI: refuerza estándares contra la violencia institucional.
- Mensaje a cuerpos de seguridad: la discriminación y la tortura sí tienen consecuencias penales.
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