Corte Suprema de EEUU permite a Trump avanzar en desmantelamiento del Departamento de Educación

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó este lunes los obstáculos legales para que el gobierno del presidente Donald Trump reanude el desmantelamiento del Departamento de Educación, incluyendo el despido de casi 1,400 empleados, como parte de su política para reducir la intervención estatal en el sector educativo.

La decisión, tomada con el voto en contra de los tres jueces progresistas del tribunal, anuló una orden previa del juez federal Myong Joun en Boston, quien había emitido un mandato judicial preliminar para frenar los despidos y cuestionar el plan en su conjunto. Joun advirtió que los recortes de personal “probablemente paralizarán al Departamento” y afectarían su capacidad operativa.

La administración Trump apeló la medida, pero un tribunal federal de apelaciones se negó a suspenderla hasta que la Corte Suprema intervino, allanando el camino para que el gobierno continúe con su reestructuración. Este plan forma parte de una de las promesas clave de Trump: reducir el tamaño del gobierno federal y transferir mayores competencias educativas a los estados.

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El Departamento de Educación, fue creado en 1979 durante el gobierno de Jimmy Carter

Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas. Un grupo de 21 fiscales generales demócratas, distritos escolares y sindicatos presentaron demandas argumentando que el desmantelamiento perjudicaría gravemente las funciones esenciales del departamento, como la supervisión de programas de ayuda estudiantil y la protección de derechos civiles en la educación.

Democracy Forward, una organización legal progresista que representa a algunos de los demandantes, calificó la decisión de la Corte Suprema como “un golpe devastador a la promesa de este país de garantizar educación pública para todos los niños”.

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El Departamento de Educación, creado en 1979 durante el gobierno de Jimmy Carter, ha sido históricamente un blanco de los conservadores, quienes argumentan que su existencia centraliza excesivamente la política educativa. La administración Trump insiste en que su reforma optimizará recursos y devolverá autonomía a las comunidades locales.