Funcionaria se autoliquida con 1.8 millones de pesos en Baja California Sur pero está por terminar en prisión por ello

LA PAZ, Baja California Sur.- — Seguramente varias personas han pensado en algún momento de su estancia en un trabajo renunciar, pero Rosalva Cuadras López fue más allá con esta idea y decidió en 2023 autoliquidarse con casi 1.8 millones de pesos para así dejar su cargo como directora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, de acuerdo con información que confirmaron las autoridades y publicaron medios de circulación nacional como El Universal.

La ex funcionaria fue parte de la administración del gobernador panista, Carlos Mendoza Davis, que asumió en 2021, pero tras la revisión de documentaciones, la Fiscalía Estatal Anticorrupción descubrió que Rosalva había ordenado, autorizado y finalmente recibido como pago de finiquito 1 millón 718 mil 212.73 pesos, todo de manera ilegal.

Debido a este caso de corrupción que data de 2023, se abrió una investigación con la que se recabaron datos de prueba, periciales, testimonios y documentos que sustentaron las acusaciones.

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Fue el pasado 30 de abril cuando el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del partido judicial de la Paz dictó un fallo contra Rosalva “N”, para condenarla por los delitos de los que se le acusaba.

¿Cómo fue el proceso contra la ex funcionaria que se autoliquidó?

El fiscal explicó que este martes 6 de mayo que se hará una audiencia para definir de cada sanción como reparar los daños que la ex funcionaria deberá cumplir.

Ortíz Amao agrega que este es el primer juicio y fallo condenatorio que la Fiscalía Anticorrupción de BCS logra y uno de los elementos que permitió las indagatorias fue que la ex funcionaria con fuero luego de haberse autoliquidado.

Fiscalía Anticorrupción mantiene más investigaciones abiertas

Es importante señalar que la Fiscalía Estatal Anticorrupción también mantiene abiertas investigaciones contra varios exfuncionarios y contra la legisladora local Alondra Torres García, del Partido del Trabajo (PT).

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Sin embargo, en este último caso, el Congreso del Estado —con mayoría de Morena y sus aliados— resolvió en una sesión a puerta cerrada no proceder con el juicio de desafuero, lo que ha impedido que el caso avance hacia el ámbito judicial.

A Torres García se le indaga por su posible responsabilidad en el delito de abuso de autoridad por simulación, relacionado con su desempeño como síndica en el municipio de Los Cabos durante la administración que concluyó en septiembre de 2024.

Según las investigaciones, ella y el entonces secretario general, Ariel Castro Cárdenas, habrían autorizado el pago de 14 millones de pesos a una empresa de intermediación financiera para gestionar un préstamo destinado al Ayuntamiento, operación que finalmente nunca se concretó.