ONG en Venezuela: “Más de 200 presas políticas en Venezuela sufren violencia en las cárceles”
FundaRedes y otras organizaciones de derechos humanos exigieron al Estado venezolano garantizar justicia y respetar la dignidad de las mujeres detenidas.

VENEZUELA.- La ONG FundaRedes denunció este miércoles las “condiciones deplorables” y los “patrones de violencia” que enfrentan más de 200 mujeres consideradas presas políticas en Venezuela.
Según datos de Foro Penal, en el país hay mil 903 personas encarceladas por disentir del Gobierno, de las cuales 245 son mujeres, destacó EFE.
A través de una publicación en X, FundaRedes detalló que las reclusas sufren hacinamiento, carencia de servicios básicos y violencia de género en los centros penitenciarios.
Los patrones de abuso identificados incluyen violencia psicológica, sexual, institucional y física, evidenciando, según la organización, “graves violaciones a los derechos humanos”.

Traslados forzados y preocupación familiar
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) denunció el traslado de 29 reclusas desde calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Anzoátegui a un penal en Miranda, a más de 400 kilómetros de distancia.
Este movimiento ha generado angustia en los familiares, quienes expresaron preocupación por la lejanía y el deterioro en las condiciones de detención.
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Las mujeres trasladadas fueron detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por una crisis de protestas y operativos policiales luego de que Nicolás Maduro fuera declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Exigen justicia y dignidad para las detenidas
FundaRedes y otras organizaciones de derechos humanos exigieron al Estado venezolano garantizar justicia y respetar la dignidad de las mujeres detenidas.
“El Gobierno debe asumir su responsabilidad y cesar las graves violaciones de derechos humanos”, manifestó la ONG en su comunicado.
El martes, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, cuestionó la falta de medidas concretas por parte de Venezuela para proteger los derechos civiles. “Las investigaciones de nuestra oficina siguen en curso y están activas,” advirtió Khan, al referirse a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El Gobierno venezolano rechazó estas críticas, asegurando que cumple con sus compromisos internacionales, incluido el Estatuto de Roma, y destacó los acuerdos alcanzados en los memorandos de entendimiento firmados con la CPI.
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