Mujer de Chula Vista admite tráfico de personas por garita de Otay

San Diego, California. - Una mujer de Chula Vista se declaró culpable de administrar operaciones relacionadas al tráfico ilegal de personas por la garita de Otay, en la corte federal de San Diego, este martes.

La mujer identificada como Erickna Aldana, admitió encargarse de todos los aspectos relacionados con el tráfico de personas incluyendo ayudar a poner a migrantes indocumentados en cajuelas, a entrenar a conductores a pasar por la garita de Otay, a dar refugio a inmigrantes sin documentos en una casa en Chula Vista, y ayudar a transportarlos a sus destinos finales en Estados Unidos.

Modus operandi

De acuerdo a documentos de la corte federal, Aldana admitió que reclutó al menos cinco conductores, consiguió vehículos para su uso, obtuvo pasaportes para ellos, y los entrenó desde cómo vestirse hasta cómo contestar las preguntas de oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

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Aldana dijo que “cruzó la frontera junto con los conductores para dirigirlos a lo que ella consideraba los carriles fronterizos menos riesgosos”, revelaron las autoridades federales de Estados Unidos.

En el documento de la corte, Aldana reconoció haber contrabandeado a más de 25 migrantes en un lapso de cinco años, algunos de los cuales pagaron hasta 10 mil dólares para ser transportados sin documentos a Estados Unidos.

Aldana evitó ser atrapada durante años, pero no pudo evadir la responsabilidad por siempre, las autoridades federales llevaron hoy ante la justicia, una red cuidadosamente coreografiada de tráfico transfronterizo de personas”, dijo Tara K. McGrath, fiscal federal.

El director de operaciones de campo de CBP en San Diego, Sidney Aki, dijo por medio de un comunicado de prensa que el tráfico de personas era un delito grave y peligroso.

“Este esfuerzo fue una demostración sobresaliente de la asociación entre las fuerzas del orden y el compromiso para desmantelar las organizaciones criminales que explotan a los migrantes vulnerables con fines de lucro”, agregó Aki.

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La mujer de 40 años está programada para ser sentenciada el próximo 15 de marzo en la corte federal en San Diego, donde enfrenta una pena máxima de cinco años en prisión, y una multa de hasta 250 mil dólares.