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Detienen a dos personas por explotar laboralmente a niña de 7 años

Marisol, una de las detenidas, comenzó a transportar a su hija, de entonces siete años de edad, a diversas partes del municipio de Cuautitlán, con la finalidad de que la menor vendiera flores y pidiera dinero para después entregar el efectivo obtenido a César Gabriel.

ESTADO DE MÉXICO.- Tras acreditar su participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados y mendicidad forzada en agravio de una menor de siete años de edad, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, obtuvo sentencias condenatorias para César Gabriel Acosta Gonzaga y Marisol Reyes Tavares.

Después de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por la Representación Social, un juez con sede en Cuautitlán dictó una condena de 27 años y tres meses de prisión para Marisol Reyes Tavares y le fijó una multa de 86 mil 880 pesos.

Por su parte, César Gabriel Acosta Gonzaga fue condenado a 13 años y tres meses de cárcel, además deberá pagar también una multa de 86 mil 880 pesos.

Los hechos por los cuales fueron condenados ocurrieron a partir del mes de julio del año 2019 cuando Marisol comenzó a transportar a su hija, de entonces siete años de edad, a diversas partes del municipio de Cuautitlán.

Tenía la finalidad de que la menor vendiera flores y pidiera dinero para después entregar el efectivo obtenido a César Gabriel.

Esta situación finalizó en junio del año 2020, cuando la víctima fue rescatada por elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán y personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familias (DIF) de esta demarcación.

Con el avance en la investigación, Acosta Gonzaga y Reyes Tavares fueron detenidos en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados y mendicidad forzada, con la agravante de que existía una relación familiar, por lo que fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, en donde un juez determinó iniciarles un proceso legal.

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