Alista Jara reforma constitucional al Poder Judicial de Oaxaca

OAXACA, Oax.- Tras la decisión de un juez local para cambiar la medida cautelar a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista en prisión preventiva al ser acusado de ser el autor intelectual de intento de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortis, y por lo cual podría continuar su proceso en arresto domiciliario, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que analiza proponer una reforma constitucional al Poder Judicial de Oaxaca.

Jara considera que no merece el acusado tener prisión domiciliaria:

Durante su conferencia semanal, y tras anunciar que solicitó que el acusado permanezca en prisión por considerarse que no existen condiciones para que lleve su proceso en prisión domiciliaria por el alto riesgo de que evada la justicia, Jara Cruz aseguró que "la impunidad no tiene espacio en esta administración".

Denuncia víctima varias irregularidades de Vera Carrizal:

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Lo anterior luego de que la joven mixteca sobreviviente a un ataque con ácido cometido el 9 de septiembre de 2019 denunció una serie de irregularidades durante la audiencia de Vera Carrizal, entre ellas que no se le permitió acceso a elementos de prueba presentados por su defensa, lo que violenta sus derechos como víctima y por lo cual acusó que existe un "pacto de corrupción" entre el juez local Teódulo Pacheco Pacheco y la defensa de su agresor.

El gobernador aclaró que harán todo para que sea juzgado y sentenciado:

Tras las acusaciones, este lunes Jara informó que soltó un informe detallado del caso para verificar la actuación del Ministerio Público, pues aseguró que el combate a la violencia de género y a la corrupción son ejes de su gobierno. "Así que haremos todo lo legalmente posible para que el presunto responsable sea juzgado y en su caso, sentenciado", dijo.

"Considero que por justicia debería mantenerse en prisión al imputado hasta que se haga justicia para María Elena Ríos", agregó.

Cuestionan a jueces en sesiones pasadas por su mal actuar:

Después de abordar este caso, el gobernador fue cuestionado por la actuación de los jueces oaxaqueños en otros casos donde sus decisiones dejaron la percepción de la impunidad, como el de Claudia Uruchurtu, activista desaparecida por órdenes de la entonces edil morenista de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta y a la cual, tras ser hallada culpable de la desaparición forzada, se le cambio el delito y sólo se le consideró culpable de obstruir la búsqueda de Claudia, por lo que sólo fue sentenciada a cuatro años de cárcel.