La FGR irrumpe con el primer cateo judicial en las oficinas administrativas del INE en la Ciudad de México tras la renuncia de Guadalupe Taddei y cerca de 30 funcionarios para investigar presuntos delitos de cohecho, peculado y tráfico de influencias en contratos superiores a mil 100 millones de pesos

MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó el primer cateo judicial en las oficinas administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, como parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción y conflicto de interés relacionados con la renuncia de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

El operativo comenzó el miércoles 11 de noviembre de 2026 y continuó al día siguiente en las instalaciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del instituto, ubicadas en el complejo Torre Zafiro II, en Periférico Sur 4124, colonia Jardines del Pedregal. En el mismo edificio también opera el Órgano Interno de Control (OIC) del organismo electoral.

La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La inspección deriva de expedientes integrados tras diversas denuncias penales, incluida la que presentó el propio Consejo General del INE el 6 de noviembre de 2026 para investigar posibles conductas constitutivas de delito.

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Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Agencia de Investigación Criminal le confirmó que las indagatorias continúan para determinar las responsabilidades e imputaciones penales que correspondan.

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¿Qué delitos y contratos investiga la FGR en el INE?

La carpeta de investigación abarca presuntas conductas tipificadas en el Código Penal Federal relacionadas con la adjudicación de contratos a proveedores de documentación y materiales electorales.

Entre los posibles ilícitos investigados se encuentran:

• Ejercicio abusivo de funciones.
• Uso ilícito de atribuciones y facultades.
• Tráfico de influencias.
• Cohecho y peculado.

Las pesquisas se centran en la relación entre exfuncionarios del instituto y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de la firma Cajas Graf, compañía que ha obtenido contratos con el órgano electoral durante más de dos décadas.

Entre los convenios bajo revisión se encuentra un contrato adjudicado a Cajas Graf por un monto máximo de 198.7 millones de pesos para materiales de la elección judicial de 2025. También se analiza un contrato para producir la credencial para votar correspondiente al periodo 2026-2031, estimado en más de 1,100 millones de pesos.

Además, se revisan antecedentes de contratación de 2021 por 46.8 millones de pesos en el Instituto Electoral de Sonora.

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¿Quiénes son los exfuncionarios señalados en la investigación?

El caso tomó relevancia pública luego de que el medio Latinus difundiera grabaciones de reuniones privadas y festejos en los que coincidieron Guadalupe Taddei y colaboradores suyos con el contratista Hernández Casillas. También difundió un audio en el que presuntamente se escucha al empresario dar indicaciones sobre cuándo debía anunciarse el fallo de la licitación de la credencial para votar.

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Tras la difusión de estos señalamientos, Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre de 2026. Desde entonces, cerca de 30 funcionarios del organismo electoral han dimitido.

Un día después de la salida de Taddei, el 27 de octubre, también dejó su cargo Mario Alfonso Burciaga Esparza, entonces director de Recursos Materiales y Servicios, luego de aparecer en grabaciones conviviendo con contratistas.

En las indagatorias también aparece Jesús García González, quien fue designado encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) en septiembre de 2025 por Taddei. Se le señala por haberse desempeñado anteriormente como gestor o representante jurídico de empresas vinculadas con el contratista principal.

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¿Qué otras revisiones siguen abiertas?

Además de la investigación penal a cargo de la FGR, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del propio INE mantienen abiertas auditorías e indagatorias administrativas paralelas.

Estas revisiones buscan fiscalizar el ejercicio de los recursos y los procedimientos de licitación relacionados con los contratos bajo análisis.

La FGR mantiene abiertas las indagatorias para determinar las responsabilidades e imputaciones penales que correspondan. Por ahora, la información disponible identifica contratos, exfuncionarios y posibles delitos bajo revisión, mientras la ASF y el OIC desarrollan sus propias auditorías e investigaciones administrativas.