Guadalupe Taddei será denunciada por enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias mientras el INE revisa contratos con empresas proveedoras y posibles beneficios económicos
El organismo solicitará revisar las contrataciones desde 2023, incluida la licitación de las credenciales para votar, mientras sus consejeros terminan de revisar el documento.
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia contra su ex presidenta, Guadalupe Taddei, por posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
El documento busca que se investiguen presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo, incluida la licitación para fabricar la credencial de elector, que fue adjudicada a CosmoColor, en colaboración con Icard Solutions y Talleres Gráficos de México.
De acuerdo con información publicada por Reforma, el escrito se encuentra en revisión por parte de los 10 consejeros electorales, por lo que todavía no ha sido presentado. La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, explicó que los equipos jurídicos trabajan en los últimos detalles y que su entrega dependerá de que concluya la revisión.
“Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos delineados, los detalles. Prácticamente, está lista, no vamos a tardar. Dependerá de los equipos jurídicos”, declaró.
La funcionaria agregó que ya existen los primeros borradores, pero deben revisarse con precisión antes de formalizar la denuncia.
¿Qué investigará el INE sobre Guadalupe Taddei y los contratos?
Uno de los argumentos incluidos en los borradores señala los señalamientos contra funcionarios del organismo electoral, entre ellos Guadalupe Taddei, por una posible relación de “contubernio” con empresas y proveedores.
Por ello, el instituto solicitará revisar todas las contrataciones realizadas desde 2023 hasta la fecha, con especial atención en la licitación para elaborar las credenciales para votar.
El contrato fue adjudicado a CosmoColor, en colaboración con su filial Icard Solutions y la empresa gubernamental Talleres Gráficos de México.
Entre los elementos que se pide investigar están los videos difundidos en los que se escucha al proveedor José Alfredo Hernández hablar con Taddei sobre las cantidades que recibirían por conseguir esa asignación.
El organismo también solicitará que se valoren las grabaciones y se localice su “fuente original”, ante la posibilidad de que existiera una acción deliberada para beneficiar a particulares.
Los cinco posibles delitos que se incluirían en la denuncia
Los borradores plantean cinco posibles delitos a partir de las conductas señaladas en las contrataciones y la relación con proveedores. Cada uno tiene un argumento jurídico distinto:
1. Uso ilícito de atribuciones y facultades
Este señalamiento se relaciona con el artículo 217 del Código Penal Federal, que sanciona a las personas servidoras públicas que ilícitamente otorguen o realicen contrataciones, adquisiciones o servicios con recursos públicos.
También contempla a quienes, con conocimiento de la ilegalidad y en perjuicio del patrimonio o del servicio público, soliciten, promuevan o participen en esas operaciones.
2. Ejercicio abusivo de funciones
El argumento señala que una persona servidora pública no puede utilizar su cargo para otorgar ilícitamente contratos u otros actos jurídicos que generen beneficios económicos para sí misma o para terceros.
3. Tráfico de influencias
Este posible delito se relaciona con la promoción o gestión ilícita de negocios públicos y la intervención indebida de particulares.
En este caso, los borradores señalan que José Alfredo Hernández habría asumido el control de distintas áreas del INE para favorecer a determinadas empresas.
4. Peculado
La investigación buscaría determinar si funcionarios señalados pudieron desviar o distraer recursos públicos para beneficiarse o favorecer a empresarios.
5. Enriquecimiento ilícito
Este señalamiento plantea investigar las cuentas de funcionarios del INE que posiblemente se beneficiaron de recursos públicos.
La intención es identificar si existieron incrementos patrimoniales relacionados con el uso indebido de recursos del organismo.
Arturo Castillo señala posibles consecuencias penales
El consejero electoral Arturo Castillo ha insistido en que la legislación contempla que algunos de estos delitos pueden ameritar prisión preventiva.
Sin embargo, aclaró que corresponderá a las autoridades competentes valorar los hechos, determinar si las conductas encuadran en algún delito y establecer las posibles responsabilidades.
La presentación de la denuncia tampoco significa que los señalamientos estén acreditados o que exista una resolución judicial contra Taddei o los demás funcionarios mencionados.
INE espera información sobre cuentas congeladas de empresas proveedoras
En otro tema relacionado con las investigaciones, Arturo Castillo informó que el organismo está a la espera de conocer si alguna de las empresas cuyas cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene actualmente algún contrato o presta servicios al instituto.
El objetivo es determinar si las medidas financieras podrían afectar la prestación de servicios o el cumplimiento de los contratos vigentes.
Castillo explicó que, hasta el momento, el INE no ha recibido una notificación sobre el congelamiento de cuentas de alguna empresa vinculada con sus procesos actuales.
“A nosotros no nos han informado sobre el congelamiento de cuentas de ninguna empresa vinculada con los procesos que actualmente están en el Instituto”, indicó.
No obstante, advirtió que, si se notifica oficialmente una medida que pueda afectar la validez o vigencia de algún contrato, el organismo tendrá que tomar una decisión urgente para garantizar la continuidad de sus actividades.
¿Qué hará el INE si el congelamiento de cuentas afecta sus contratos?
El consejero señaló que el instituto necesita recibir una notificación oficial del proveedor o de las autoridades competentes para conocer el alcance de las medidas y determinar si existe alguna afectación.
Ante ese escenario, explicó que se instruirá a la Secretaría Ejecutiva para que elabore un proyecto de medidas que permita proteger el funcionamiento del organismo.
“En cualquier caso, hoy se instruirá la Secretaría Ejecutiva que emita un proyecto para proteger y salvaguardar el desempeño y el desarrollo del proceso electoral”, señaló.
De esta manera, el INE mantiene dos asuntos en revisión: la preparación de una denuncia para que se investiguen posibles irregularidades en las contrataciones y la identificación de posibles afectaciones a sus servicios por el congelamiento de cuentas de empresas proveedoras.
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