La sobrepoblación récord en los penales de México y el florecimiento de centros de extorsión telefónica al estilo “call center”, operados por los mismos reclusos, revelaron una falla estructural en el sistema de justicia e impartición de seguridad, con más de 276 mil internos y un crecimiento del 40 por ciento en la población carcelaria
El gobierno federal anunció seis nuevos penales con 18 mil 480 espacios ante el aumento de la población carcelaria
El sistema penitenciario mexicano enfrenta una crisis marcada por el hacinamiento histórico y la operación de redes de extorsión telefónica desde el interior de los centros de reclusión.
De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) y con investigaciones periodísticas recientes, el país registra más de 276 mil personas privadas de la libertad, mientras grupos que operan en los penales utilizan celulares para cometer estafas.
La saturación y la corrupción institucional han convertido algunos centros penitenciarios en espacios desde los que operan redes de extorsión.
Esta situación afecta a las familias que reciben llamadas intimidatorias y aumenta la presión sobre un sistema que busca cumplir con la reinserción social.
¿Cómo operan las redes de extorsión y el mercado negro de celulares en los penales?
En centros penitenciarios como el Centro Varonil de Santa Martha Acatitla y las torres de penitenciaría en la Ciudad de México, el ingreso de dispositivos móviles se ha convertido en un negocio clandestino.
Según testimonios de familiares de internos, introducir ilegalmente un teléfono celular puede costar hasta 35 mil pesos, cantidad que se entrega directamente al comandante en turno de cada torre.
Una vez dentro, mantener activa la línea requiere una renta semanal de 5 mil pesos, además de cuotas adicionales por tarjetas SIM.
Con estos dispositivos, los reclusos realizan llamadas intimidatorias, se hacen pasar por integrantes de grupos delictivos o recurren al modus operandi conocido como “El Chillón”, que consiste en simular el llanto de familiares para exigir rescates urgentes.
Las ganancias son administradas por redes externas conocidas como “contadores”, quienes reciben los depósitos bancarios para dificultar el rastreo financiero. El esquema funciona mediante cateos simulados, sanciones y reventa constante de líneas.
¿Por qué aumentaron la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles mexicanas?
La presión sobre la infraestructura penitenciaria nacional alcanzó niveles sin precedentes. Al cierre de septiembre de 2026, la población carcelaria llegó a 276 mil 873 internos, un crecimiento de 39.8 por ciento respecto de diciembre de 2018.
El incremento dejó a las 275 cárceles del país con un déficit de 45 mil 099 espacios, cifra que representa una ocupación 19.46 por ciento superior a la capacidad instalada total.
El aumento está vinculado con el endurecimiento de la política penal y la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
Cerca de 30 conductas punibles obligan a los jueces a ordenar la reclusión automática sin derecho a fianza mientras se desarrolla el juicio.
Como resultado, el 40.6 por ciento de los reclusos, equivalente a 105 mil 837 personas, permanece en prisión sin una sentencia condenatoria firme. Esta medida contrasta con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la presunción de inocencia.
¿Cómo se relacionan el hacinamiento y el autogobierno carcelario con las extorsiones?
La relación entre el hacinamiento y las extorsiones telefónicas forma parte de una falla sistémica en la gobernanza penitenciaria.
Cuando los penales albergan hasta cinco o seis veces más personas de las permitidas, como ocurre en centros de Chiapas, el Estado de México, Sonora y Morelos, el control operativo de las instalaciones se debilita.
En este contexto, los custodios y mandos pueden verse rebasados o encontrar en el autogobierno una fuente de ingresos ilícitos.
La falta de espacio, la escasez de recursos y la ausencia de programas efectivos de readaptación crean condiciones para que la extorsión telefónica se convierta en una actividad económica dentro de los penales.
El Estado recluye a más personas mediante la prisión preventiva, pero, al no garantizar condiciones dignas ni control absoluto en las prisiones, permite que redes delictivas operen desde el interior.
¿Qué medidas anunció el gobierno federal para atender la crisis penitenciaria?
Ante el colapso de los centros de reclusión y la presión internacional por el uso de la prisión preventiva, el gobierno federal anunció medidas de infraestructura.
El pasado 13 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el problema derivado del aumento de la población penitenciaria y anunció la construcción de seis nuevos penales estatales.
Las instalaciones tendrán una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios y estarán ubicadas en:
- Chiapas
- Estado de México
- Nayarit
- Sinaloa
- Sonora
- Veracruz
La medida busca reducir el hacinamiento crítico en penales municipales y estatales. Sin embargo, especialistas señalan que la infraestructura debe acompañarse de una depuración profunda de los mandos de seguridad y de un replanteamiento de la política criminal.
¿Qué pueden hacer las familias ante una llamada de extorsión?
Para las familias que enfrentan procesos legales o reciben llamadas de extorsión, conocer estos métodos puede ayudar a tomar medidas preventivas.
Ante una llamada intimidatoria o relacionada con el modus operandi de “El Chillón”, se recomienda:
- Verificar de inmediato: Mantener la calma y comunicarse directamente con el familiar supuestamente afectado antes de realizar cualquier depósito.
- Desconfiar de cuentas de particulares: Las solicitudes de transferencias a cuentas de personas físicas o depósitos en tiendas departamentales son indicadores de una posible extorsión telefónica.
- Denunciar el número: Reportar los números involucrados ante las autoridades competentes para contribuir a las investigaciones sobre estas redes de comunicación penitenciaria.
¿Qué cambios requiere el sistema penitenciario mexicano?
La crisis exige atender de manera simultánea el hacinamiento, la corrupción y las redes de extorsión. La construcción de nuevos penales puede reducir temporalmente la presión sobre las instalaciones saturadas, pero la atención del problema también requiere:
- Erradicar la corrupción en los mandos de seguridad.
- Desarticular las redes financieras de los “contadores” externos.
- Armonizar la legislación penal con los estándares internacionales de derechos humanos.
- Garantizar que las cárceles cumplan con su propósito constitucional de reinserción.
La capacidad penitenciaria, el uso de la prisión preventiva y el control interno de los penales están relacionados con la operación de redes de extorsión. Para las familias, verificar cualquier emergencia antes de depositar dinero sigue siendo una medida básica ante este tipo de llamadas.
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