Sheinbaum y Harfuch anuncian seis nuevos penales en México con capacidad para 18 mil 480 internos tras las riñas que dejaron 12 muertos en Mazatlán; quedarían listos en 2028

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México anunció este martes 13 de octubre de 2026 la construcción de seis centros penitenciarios con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas, después de que dos riñas en el penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejaran 12 fallecidos, entre ellos un menor que se encontraba de visita, y al menos 16 lesionados. El proyecto busca ampliar los espacios disponibles, reforzar el control de las cárceles y mejorar las condiciones de reinserción social. Aunque se contempla concluir las obras aproximadamente en 2028, todavía no se ha informado el costo total ni el calendario de construcción de cada centro.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que los nuevos penales estarán ubicados en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sonora. La estrategia contempla sistemas de vigilancia, bloqueo de señales y espacios para educación, capacitación laboral y servicios de salud. La mandataria señaló que aumentar la capacidad penitenciaria es necesario para evitar que la sobrepoblación afecte los derechos humanos y la seguridad dentro de las instalaciones.

El anuncio ocurre después de los enfrentamientos del 8 y 9 de octubre en Mazatlán, que pusieron nuevamente bajo revisión las condiciones de seguridad en las cárceles mexicanas. Además de construir instalaciones, el gobierno plantea aumentar el personal, revisar expedientes de internos que podrían acceder a beneficios legales y fortalecer los procedimientos de vigilancia.

¿En qué estados se construirán los seis nuevos penales de México?

De acuerdo con García Harfuch, el programa de infraestructura penitenciaria contempla seis entidades:

• Sinaloa: contará con un centro proyectado para 2 mil 640 personas.
• Sonora: tendrá un nuevo centro penitenciario.
• Nayarit: forma parte del programa de ampliación.
• Estado de México: se construirán instalaciones para atender las necesidades del sistema penitenciario.
• Chiapas: recibirá uno de los nuevos centros.
• Veracruz: también está incluido en el proyecto federal.

En conjunto, los seis establecimientos ofrecerán 18 mil 480 espacios. Hasta el anuncio de este martes no se habían precisado las capacidades individuales de los otros cinco centros ni los municipios donde se ubicarán.

El titular de la SSPC explicó que el primer proyecto comenzará en Sinaloa con recursos federales, como parte de una intervención que también incluye el fortalecimiento de las corporaciones policiales y las instituciones de procuración de justicia.

Esta construcción del centro penitenciario va de manera integral en la estrategia de seguridad para el Estado de Sinaloa, donde se está fortaleciendo a la policía estatal, donde hay personal del Ejército Mexicano comisionado a la policía estatal, en lo que se fortalece también su policía y fiscalía”, afirmó García Harfuch.

La Secretaría de Hacienda trabaja en el esquema de financiamiento general. Por ahora, no se ha difundido una inversión total para los seis proyectos.

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¿Qué pasó en el penal El Castillo de Mazatlán y por qué se anunció otra cárcel en Sinaloa?

El Centro Penitenciario El Castillo fue escenario de dos enfrentamientos durante el jueves 8 y el viernes 9 de octubre de 2026, que dejaron 12 personas muertas y al menos 16 internas lesionadas, según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Los hechos ocurrieron de la siguiente manera:

• Jueves 8 de octubre: una riña durante el horario de visitas dejó diez fallecidos, entre ellos nueve personas privadas de la libertad y un menor que acudió a visitar a un familiar. También se reportaron 16 internos heridos.
• Viernes 9 de octubre: un enfrentamiento en otro módulo provocó la muerte de dos internos más.
• Tras las agresiones: las autoridades estatales y federales reforzaron la vigilancia y realizaron revisiones para recuperar el control del establecimiento.
• Sábado 10 de octubre: se reanudaron las visitas familiares, mientras continuaban las investigaciones y los operativos de inspección.

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En total, 11 de las personas fallecidas eran internos y una era una visita familiar, por lo que no corresponde atribuir las 12 muertes únicamente a personas privadas de la libertad.

Las investigaciones sobre las agresiones corresponden a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Aunque los enfrentamientos evidenciaron problemas de control y vigilancia, el anuncio de nuevas instalaciones no significa que ya se hayan determinado todas las responsabilidades por lo sucedido.

Mientras se construye el nuevo penal, García Harfuch informó que El Castillo permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal federal de seguridad y reinserción social.

¿Cuándo estarán listos los nuevos penales y cómo evitarán la sobrepoblación?

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se prevé terminar los seis centros penitenciarios aproximadamente en 2028.

Explicó que la ampliación de infraestructura responde al incremento de la población penitenciaria en determinadas entidades, en un contexto en el que su administración ha reportado alrededor de 70 mil detenciones desde octubre de 2024.

Sin embargo, el número de personas detenidas no equivale necesariamente al de nuevos internos, pues la situación jurídica de cada persona puede ser diferente.

La mandataria sostuvo que la sobrepoblación debe atenderse tanto por las condiciones en que viven los internos como por los riesgos que genera para el personal encargado de su custodia.

No podemos permitir la sobrepoblación. Primero, por derechos humanos (…) Y segundo, también por seguridad, porque la sobrepoblación también genera problemas si tenemos el mismo número de custodios”, expresó.

La presidenta precisó que los nuevos establecimientos no estarán operados por empresas privadas. Su administración y funcionamiento corresponderán a autoridades federales o estatales.

En paralelo, Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, explicó que se revisarán expedientes de personas privadas de la libertad, particularmente en el Estado de México.

La finalidad es identificar casos relacionados con delitos menores en los que legalmente proceda algún mecanismo de liberación. Esto no significa que se otorgarán salidas automáticas ni que todas las personas acusadas de delitos menores podrán abandonar los centros penitenciarios.

¿Qué medidas de seguridad tendrán las nuevas cárceles?

García Harfuch detalló que las instalaciones incorporarán tecnología y procedimientos destinados a impedir que grupos delictivos mantengan operaciones desde el interior de los penales.

Entre las características anunciadas se encuentran:

• Sistemas de vigilancia y monitoreo: para supervisar movimientos y detectar situaciones de riesgo.
• Tecnología de inspección: destinada a localizar objetos cuyo ingreso esté prohibido.
• Bloqueadores de señales: para impedir comunicaciones no autorizadas desde las instalaciones.
• Módulos diferenciados: que permitan separar a los internos de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.
• Protocolos de control penitenciario: para responder ante riñas, amenazas y otras emergencias.

El objetivo declarado por la SSPC es evitar que las organizaciones criminales utilicen los centros de reclusión para coordinar actividades delictivas y reducir los riesgos para internos, custodios y visitantes.

Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de su implementación, mantenimiento y supervisión una vez que comiencen las operaciones.

¿Los nuevos penales tendrán espacios para estudiar y trabajar?

La propuesta federal no se limitará a construir dormitorios y áreas de vigilancia.

García Harfuch aseguró que se incorporarán instalaciones para fortalecer los procesos de reinserción social, de manera que las personas privadas de la libertad puedan desarrollar actividades durante el cumplimiento de sus sentencias.

El modelo contempla:

• Espacios para cursar programas educativos.
• Talleres de capacitación y actividades laborales.
• Servicios de salud.
• Áreas deportivas y de ejercicio.
• Actividades orientadas a desarrollar habilidades para la vida después de la prisión.

Sheinbaum señaló que estas medidas buscan combinar el control de los establecimientos con oportunidades para que los internos estudien y trabajen.

La reinserción social es uno de los objetivos del sistema penitenciario establecido en el artículo 18 de la Constitución mexicana, que contempla el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.

¿Cuántos internos han sido trasladados a otros penales durante el gobierno de Sheinbaum?

Como parte del informe de seguridad penitenciaria presentado en Palacio Nacional, García Harfuch dio a conocer que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, se realizaron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad.

De acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario, entre las acciones efectuadas destacan:

• 3 mil 275 traslados como parte de las medidas de seguridad penitenciaria.
• 636 personas trasladadas desde Sinaloa a diferentes centros federales de reinserción social mediante nueve operativos.
• 614 traslados procedentes de centros penitenciarios locales, para atender situaciones de riesgo y reforzar la seguridad.

Estos movimientos son utilizados por las autoridades para distribuir a la población penitenciaria y atender situaciones que puedan comprometer la seguridad de los establecimientos.

El funcionario indicó que los nueve operativos en Sinaloa fueron realizados mediante la coordinación de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad.

¿Cuántas revisiones se han realizado en las cárceles federales?

García Harfuch presentó también un balance de inspecciones y medidas para prevenir hechos violentos dentro de los centros de reclusión.

Según las cifras expuestas durante la conferencia, se llevaron a cabo:

• 10 mil 513 revisiones ordinarias en centros penitenciarios.
• 31 operativos extraordinarios de inspección.
• Más de 306 objetos y sustancias prohibidas asegurados, conforme al reporte presentado.

El propósito de estas intervenciones es detectar objetos no autorizados e impedir su utilización en agresiones, amenazas u otras actividades delictivas.

El secretario también afirmó que los códigos de emergencia en los centros penitenciarios federales disminuyeron 35% respecto de la administración anterior.

Según explicó, esta reducción incluye incidentes relacionados con riñas, agresiones, amenazas y otras situaciones de riesgo.

La cifra corresponde al balance presentado por la SSPC. No significa que se hayan eliminado los enfrentamientos dentro de las cárceles ni permite, por sí sola, conocer la situación particular de cada establecimiento.

¿Cómo reforzará el gobierno la vigilancia y al personal penitenciario?

Además de los proyectos de construcción, la Secretaría de Seguridad informó sobre la incorporación de mil 192 elementos al sistema penitenciario federal.

También anunció la creación de la Unidad de Reacción Penitenciaria, destinada a responder ante situaciones de riesgo y brindar apoyo a las entidades federativas cuando sea necesario.

Durante su exposición, García Harfuch vinculó estas medidas con el fortalecimiento de otras áreas de seguridad e inteligencia del Gobierno de México.

El refuerzo que ha recibido el sistema penitenciario federal, de mil 200 elementos, así como el 36% en el aumento del estado de fuerza del Centro Nacional de Inteligencia o el aumento del 60% en el estado de fuerza de la Unidad de Inteligencia Financiera, son refuerzos ordenados por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

El funcionario explicó que, de manera paralela, se desarrollan proyectos de modernización tecnológica y mejoramiento de infraestructura en instalaciones penitenciarias como:

• El Altiplano.
• Centros penitenciarios de Veracruz.
• Centros penitenciarios de Durango.
• Centros penitenciarios de Sinaloa.

Estas intervenciones forman parte de un modelo de gestión penitenciaria nacional que contempla revisar protocolos, profesionalizar al personal y actualizar procedimientos administrativos y de vigilancia.

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