Estados Unidos sanciona a Carlos Alberto Torres Torres y exfuncionarios de Baja California por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por “Mayito Flaco”
El Departamento del Tesoro sostuvo que Torres utilizó su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger a integrantes de la organización frente a acciones de las autoridades estatales.
Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos amplió este martes sus sanciones contra una estructura del Cártel de Sinaloa y señaló presuntos vínculos entre integrantes de esa organización criminal, operadores financieros y funcionarios o exfuncionarios mexicanos, particularmente en Baja California.
En la nueva ronda de medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 empresas, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien las autoridades estadounidenses identifican como un operador político vinculado con el grupo de Los Mayos, encabezado por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
El Departamento del Tesoro sostuvo que Torres utilizó su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger a integrantes de la organización frente a acciones de las autoridades estatales.
Las acusaciones forman parte de una investigación y de un paquete de sanciones administrativas estadounidenses; por sí mismas, no constituyen una sentencia judicial mexicana ni una determinación de culpabilidad por parte de un tribunal.
EU ubica a Carlos Torres en una presunta red de protección al cártel
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Alberto Torres Torres mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado por Washington como uno de los dirigentes de una facción de Los Mayos que controla la plaza de Mexicali.
La dependencia estadounidense afirmó que Torres habría utilizado su posición e influencia política para favorecer las actividades del grupo criminal y reducir la posibilidad de intervenciones de las autoridades.
Entre los señalamientos formulados por Washington destacan:
- Una presunta alianza entre Carlos Torres y “El Ruso”.
- El supuesto uso de influencia política para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa.
- La acusación de que Torres habría contribuido a proteger a integrantes del grupo frente a autoridades estatales.
- La presunta recepción de pagos mensuales provenientes de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
- El señalamiento de que Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, habría participado en el manejo y lavado de esos recursos mediante empresas y campañas políticas.
El Tesoro estadounidense designó a Carlos Torres, Luis Torres y Mendivil bajo disposiciones ejecutivas relacionadas con el apoyo material o financiero a organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas.
El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali también fue sancionado
Otro de los nombres centrales de la operación estadounidense es Pedro Ariel Mendivil García, quien anteriormente estuvo al frente de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali.
Según el Departamento del Tesoro, Mendivil habría mantenido una alianza con “El Ruso” y recibido sobornos a cambio de permitir que la organización criminal tuviera control sobre elementos de la policía municipal de Mexicali.
Washington sostiene que esa estructura habría permitido al grupo desarrollar actividades relacionadas con el tráfico de drogas y realizar operaciones de control criminal.
La acusación también vincula a Mendivil con los presuntos pagos dirigidos a Carlos Torres.
De acuerdo con el Tesoro:
Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en Baja California.
La dependencia estadounidense incluyó a ambos dentro de las personas sancionadas en el nuevo paquete.
También aparece Rafael Buenrostro en la red señalada por Washington
El Departamento del Tesoro incluyó además a Rafael Buenrostro Martín, un exfuncionario mexicano que ocupó un cargo relacionado con aduanas en Chihuahua y posteriormente se desempeñó como asesor legislativo del gobierno de Baja California.
Según la investigación estadounidense, Buenrostro tenía una relación con Carlos Torres y una cercanía con José Ángel Rivera Zazueta, identificado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.
Washington sostiene que Buenrostro habría utilizado sus contactos e influencia política para favorecer las actividades de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.
Rivera Zazueta, conocido como “Don Flaco”, fue incluido nuevamente en las designaciones estadounidenses y, según el Tesoro, mantiene vínculos con negocios utilizados para el lavado de dinero.
La dependencia también señaló que Rivera Zazueta posee una casa de cambio en Mexicali y una empresa de transporte que, según sus acusaciones, fueron utilizadas para operaciones relacionadas con el lavado de recursos.
La investigación estadounidense alcanza a operadores financieros y empresas
Además de políticos y exfuncionarios, la nueva ronda de sanciones alcanza a empresas que, según Washington, estarían relacionadas con operaciones de lavado de dinero o con personas vinculadas al grupo criminal.
Entre las compañías señaladas aparecen:
- Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V.
- Rivos Servicios, S.A. de C.V.
- Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V.
- Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.
- Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.
- The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.
- Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.
- Distribuidora y Comercializadora ATAF
- Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V.
El Tesoro estadounidense sostiene que algunas de estas compañías son propiedad, están controladas o habrían actuado en beneficio de personas previamente identificadas por Washington como integrantes o facilitadores de la red.
Washington identifica a “Mayito Flaco” como líder de Los Mayos
El paquete de sanciones no se limita a la presunta red de corrupción en Baja California.
El objetivo principal de la operación es Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien el Departamento del Tesoro identifica como actual líder de Los Mayos, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.
Según la dependencia estadounidense, Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, en 1982 y asumió el liderazgo de Los Mayos después de la detención de su padre en Estados Unidos.
Washington también identifica como integrantes de su círculo de liderazgo a:
- Hildegardo Gastélum García, “Aldo”.
- Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”.
- Francisco Javier Mendoza Uriarte.
- Lorenzo Castillo Maldonado.
El Departamento del Tesoro sostiene que Los Mayos mantienen una disputa con la facción de Los Chapitos, conflicto que ha generado enfrentamientos por el control territorial y alianzas dentro del Cártel de Sinaloa.
Los hermanos Arzate aparecen como operadores en Tijuana
En cuanto a Baja California, el Tesoro estadounidense identifica a Alfonso y René Arzate García como responsables de la estructura de Los Mayos en Tijuana.
Washington señala que ambos tendrían bajo su mando a otros integrantes identificados como:
- Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”.
- Jesús Rafael Yocupicio, “El Cabezón”.
- Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”.
La dependencia estadounidense ubica esta estructura dentro de la organización de Los Mayos y señala que sus actividades tienen particular relevancia por el control de plazas fronterizas.
La operación anunciada por OFAC fue presentada precisamente como una medida para interrumpir el control de Los Mayos sobre plazas estratégicas de Baja California, especialmente en la zona de Tijuana y Mexicali.
La Casa Blanca vincula las sanciones con corrupción política
El Departamento del Tesoro señaló que la operación busca afectar simultáneamente distintos niveles de la estructura criminal: liderazgo, operadores territoriales, facilitadores financieros y presuntos funcionarios corruptos.
En su comunicado, la dependencia sostuvo que la investigación muestra cómo integrantes del Cártel de Sinaloa habrían recurrido a redes de corrupción para mantener sus operaciones cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
El gobierno estadounidense puso especial énfasis en Baja California, donde afirmó que socios de Carlos Torres, un exdirector de seguridad pública y otros operadores políticos habrían aceptado sobornos a cambio de brindar protección al grupo criminal.
La relación con Marina del Pilar queda en el centro de la controversia
La designación de Carlos Torres adquiere una dimensión política adicional debido a su relación matrimonial previa con Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
El Departamento del Tesoro lo identifica expresamente como exesposo de la gobernadora. Sin embargo, el comunicado de la dependencia estadounidense no designa a Ávila Olmeda como sancionada dentro de este paquete.
El propio Tesoro señala que la visa estadounidense de Carlos Torres fue revocada en mayo de 2025 debido, según Washington, a sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La situación había generado previamente atención pública debido a las declaraciones de la gobernadora sobre la cancelación de su visa estadounidense y a las versiones sobre una investigación de autoridades de ese país.
Los señalamientos contra la gobernadora forman parte de un episodio previo
En los meses anteriores también circularon acusaciones públicas relacionadas con una supuesta negociación de Marina del Pilar Ávila con autoridades estadounidenses.
El texto de origen refiere que en junio y julio de 2026 el periodista Héctor de Mauleón difundió audios que, según él, involucraban a la gobernadora en una conversación con un presunto intermediario sobre una negociación con autoridades estadounidenses.
Esas versiones deben distinguirse de las nuevas sanciones anunciadas por OFAC: el comunicado del Departamento del Tesoro publicado el 29 de septiembre de 2026 sanciona a Carlos Torres, pero no incluye a Marina del Pilar Ávila entre las personas designadas en esta acción.
Un nuevo frente de presión sobre las estructuras del Cártel de Sinaloa
La operación anunciada por Estados Unidos combina sanciones financieras contra integrantes del crimen organizado, operadores territoriales, empresas y personas señaladas como facilitadores, con acusaciones de corrupción dentro de instituciones públicas mexicanas.
El Departamento del Tesoro presentó la medida como parte de sus esfuerzos para desarticular las redes financieras y de protección que permiten al Cártel de Sinaloa mantener operaciones en zonas fronterizas.
En particular, Washington identifica tres componentes dentro de la estructura señalada:
- La dirigencia criminal, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
- Los operadores territoriales y financieros, incluidos integrantes de Los Mayos y personas vinculadas con negocios presuntamente utilizados para mover recursos.
- La presunta red de protección política y policial, en la que Estados Unidos coloca a Carlos Torres, Pedro Ariel Mendivil, Luis Alfonso Torres y Rafael Buenrostro.
Con esta nueva ronda de sanciones, Estados Unidos coloca nuevamente el foco sobre Baja California como una zona estratégica para las operaciones de Los Mayos y sobre los presuntos vínculos entre estructuras criminales, recursos financieros y actores políticos. Las acusaciones corresponden a las autoridades estadounidenses y deberán distinguirse de cualquier responsabilidad penal que pudiera determinarse mediante procesos judiciales.
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