SCJN atrae caso de Tilzapote: disputa por 300 hectáreas podría costarle más de 6 mil millones al Estado
El conflicto se remonta a 2011 y gira en torno a terrenos ubicados en la localidad de Tilzapote, en una zona cercana a la costa.
La Suprema Corte revisará un litigio agrario iniciado hace 15 años en San Francisco Cozoaltepec, Oaxaca.
La comunidad sostiene que está en riesgo la propiedad de más de 300 hectáreas donde se encuentra la localidad de Tilzapote y advierte de un posible pago millonario a particulares.
Las acusaciones de corrupción forman parte de la postura de las autoridades agrarias y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente acreditados.
¿Por qué la Suprema Corte atrajo el caso de Tilzapote?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el litigio relacionado con más de 300 hectáreas de tierras comunales de San Francisco Cozoaltepec, en el municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, después de que las autoridades agrarias solicitaran que el máximo tribunal conociera el recurso pendiente.
El conflicto se remonta a 2011 y gira en torno a terrenos ubicados en la localidad de Tilzapote, en una zona cercana a la costa. La comunidad sostiene que particulares obtuvieron resoluciones judiciales que terminaron por afectar la propiedad comunal.
El caso también tiene una dimensión económica: las autoridades agrarias advierten que, si se confirma una resolución relacionada con el cumplimiento sustituto de una sentencia, el Estado mexicano podría enfrentar un pago superior a 6 mil millones de pesos a favor de Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera.
La atracción de la SCJN no significa que la comunidad ya haya ganado el litigio ni que el máximo tribunal haya determinado que existieron actos de corrupción. Lo que implica es que la Corte conocerá el asunto para analizar el recurso que llegó hasta esa instancia.
¿Qué está en disputa en las tierras de Tilzapote?
El conflicto involucra aproximadamente 300 hectáreas que forman parte de las tierras comunales de San Francisco Cozoaltepec.
De acuerdo con las autoridades agrarias, en esos terrenos se encuentra asentada la comunidad de Tilzapote, donde existen:
- Dos escuelas.
- Una casa de representación.
- Una casa de salud.
- Viviendas y otros espacios utilizados por la población.
Por ello, la preocupación de los habitantes no se limita a la propiedad de la tierra. Una eventual ejecución de la sentencia que favorece a los particulares podría tener consecuencias para la comunidad que actualmente ocupa esos terrenos.
¿Cómo comenzó el conflicto por las 300 hectáreas?
Las autoridades agrarias ubican el inicio del problema en 2011, cuando, según su versión, un grupo de personas habría utilizado hechos y documentos que la comunidad considera falsos para reclamar los terrenos.
También acusan a abogados que en ese momento trabajaban en la Procuraduría Agraria de haber simulado la defensa de la comunidad.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de las autoridades de San Francisco Cozoaltepec.
Para establecer responsabilidades por posibles irregularidades o delitos sería necesario contar con resoluciones judiciales firmes que acrediten esos hechos.
El litigio quedó registrado, entre otros, en el expediente agrario 414/2014.
¿Qué resolvió el Tribunal Agrario en 2016?
En mayo de 2016, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 emitió una sentencia favorable a la acción de exclusión promovida por Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera, según los antecedentes expuestos por las autoridades de San Francisco Cozoaltepec.
En términos prácticos, la comunidad sostiene que esa resolución implicó sacar aproximadamente 300 hectáreas de la propiedad comunal.
A partir de entonces comenzó otra etapa del litigio, ahora relacionada con la ejecución de esa sentencia y con los recursos de amparo promovidos posteriormente.
¿Por qué se habla de un posible pago de más de 6 mil millones de pesos?
El punto económico del conflicto está relacionado con un incidente de cumplimiento sustituto dentro del juicio de amparo 1226/2017.
Según las autoridades agrarias, ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia agraria en sus términos, se determinó un mecanismo de cumplimiento sustituto que contempla una indemnización superior a 6 mil millones de pesos para los particulares involucrados.
La comunidad considera que esa resolución es injusta y perjudicial para el erario.
Por ello, promovió un recurso de queja, identificado como expediente 511/2025, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
El planteamiento central es que, además de la pérdida de las tierras comunales, el Estado tendría que cubrir una cantidad millonaria con recursos públicos.
¿Qué acusa la comunidad contra los jueces?
Las autoridades agrarias han cuestionado la actuación de distintos funcionarios judiciales y han señalado presuntas irregularidades y actos de corrupción en el desarrollo de los procedimientos.
Entre sus señalamientos mencionan al Juez Primero de Distrito que intervino en el juicio de amparo 1226/2017 y a magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa.
Sin embargo, es importante distinguir entre las acusaciones formuladas por la comunidad y los hechos jurídicamente acreditados. El texto de las autoridades agrarias utiliza expresiones como “complicidad y corrupción”, pero esas imputaciones no deben presentarse como hechos comprobados sin una resolución que así lo determine.
Precisamente una de las razones por las que la comunidad pidió la intervención de la SCJN fue su desconfianza hacia las decisiones adoptadas durante el proceso.
¿Qué expediente analizará la Suprema Corte?
La solicitud de atracción quedó registrada con el número 506/2025.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades agrarias, la ministra Lenia Batres Guadarrama ejerció la facultad de atracción y posteriormente el asunto fue turnado a la ministra Loretta Ortiz para su conocimiento y resolución.
La comunidad había solicitado que el máximo tribunal interviniera debido a la relevancia jurídica y económica del litigio.
El argumento es que una eventual confirmación de la resolución cuestionada tendría dos consecuencias principales: la pérdida definitiva de las aproximadamente 300 hectáreas y un posible desembolso de más de 6 mil millones de pesos del erario.
¿Qué espera San Francisco Cozoaltepec de la Suprema Corte?
Las autoridades agrarias consideran que la intervención de la SCJN representa una nueva oportunidad para revisar el caso y buscar una resolución que proteja las tierras de la comunidad.
“Confiamos en esta nueva Suprema Corte para hacer efectivo el acceso a la justicia y el estado constitucional del derecho”, señalaron.
También expresaron confianza en el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca, aunque su origen no determina el sentido que tendrá la resolución.
La comunidad espera que el máximo tribunal revise las presuntas violaciones procesales que, según sus representantes, ocurrieron a lo largo de los distintos juicios.
¿Qué podría pasar con las tierras de Tilzapote?
El futuro de las aproximadamente 300 hectáreas dependerá de las resoluciones que se adopten dentro del proceso judicial.
Por ahora, la atracción del expediente por parte de la SCJN no equivale a una sentencia definitiva a favor de la comunidad.
El caso pone en juego tres elementos:
- La propiedad de tierras comunales de San Francisco Cozoaltepec.
- La permanencia de la comunidad de Tilzapote y de servicios como escuelas y una casa de salud.
- Un posible pago superior a 6 mil millones de pesos con recursos públicos si se mantiene la resolución relacionada con el cumplimiento sustituto.
Mientras la Corte analiza el asunto, habitantes y autoridades agrarias mantienen su expectativa de que el máximo tribunal revise las decisiones que consideran contrarias a su derecho de defensa y determine lo que corresponda conforme al marco jurídico aplicable.
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