Van por empresarios ligados al caso Segalmex tras perder amparo que buscaba eliminar 15 pruebas por operación de 800 millones de pesos
René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, accionistas de Corafi, no lograron excluir testimonios, documentos y un peritaje que la FGR y Hacienda buscan utilizar en el proceso por la presunta captación ilegal de recursos públicos.
CIUDAD DE MÉXICO.- Los empresarios René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz continuarán enfrentando el proceso penal relacionado con 800 millones de pesos de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y, por ahora, no podrán excluir 15 elementos que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende utilizar contra ellos. El caso importa porque amplía la responsabilidad investigada más allá de antiguos funcionarios del organismo hacia particulares que participaron en las operaciones financieras. Los Dávila están vinculados a proceso desde 2023 y no existe todavía una sentencia que determine su responsabilidad penal. Una síntesis del Poder Judicial publicada por la Suprema Corte confirmó que un tribunal permitió conservar siete testimonios, siete documentos y un peritaje.
La acusación está relacionada con Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), empresa de la que ambos son accionistas y que, según la FGR, participó en la captación de los 800 millones de pesos mediante instrumentos bursátiles privados. Entre las pruebas que permanecerán en el expediente se encuentra una opinión elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que concluyó que existen elementos para proceder por la presunta captación indirecta de recursos sin la autorización correspondiente.
El punto central para entender el caso es que el revés judicial no significa que los empresarios hayan sido declarados culpables. Significa que el proceso puede continuar con pruebas que su defensa pretendía eliminar. La responsabilidad final deberá determinarse durante el juicio.
¿Quiénes son los empresarios investigados por el caso Segalmex?
René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz son accionistas de Corporación en Asesoría Financiera, conocida como Corafi, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple que aparece en la investigación sobre las inversiones realizadas con recursos de Segalmex y Liconsa.
Un juez federal los vinculó a proceso en diciembre de 2023 por el presunto delito de captación ilegal de recursos, después de que la Fiscalía señalara que Corafi recibió recursos públicos sin contar con autorización para realizar esa actividad.
La investigación coloca así a particulares dentro de una causa penal que inicialmente se concentró en servidores públicos relacionados con el manejo financiero de Segalmex.
Entre los principales involucrados aparecen:
- René Dávila de la Vega, accionista de Corafi.
- René Dávila Díaz, accionista de la misma empresa.
- René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.
- Corafi, empresa vinculada con el fideicomiso mediante el cual se realizaron las operaciones investigadas.
¿Qué pasó con los 800 millones de pesos de Segalmex?
De acuerdo con la imputación de la FGR, entre febrero de 2019 y junio de 2020, René Gavira Segreste autorizó operaciones para colocar recursos públicos en certificados bursátiles privados.
Las instrucciones permitieron utilizar dinero administrado por Segalmex y Liconsa para adquirir esos instrumentos por medio de una casa de bolsa. Los recursos fueron transferidos al fideicomiso identificado en distintas fuentes como CIB/3050 o CIC/3050, en el que Corafi figuraba como fideicomitente.
A cambio, se ofrecía un rendimiento fijo anual de 11%, con pagos programados cada seis meses. La Auditoría Superior de la Federación detectó posteriormente irregularidades en esas operaciones.
La acusación sostiene que el problema no fue solamente dónde terminó colocado el dinero, sino que Corafi no estaba autorizada para captar recursos en los términos en que presuntamente lo hizo.
Durante una audiencia relacionada con el caso, la Fiscalía citó una opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación que señalaba sobre Corafi:
No se encontraban autorizados ni regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.
Ese señalamiento forma parte de la base jurídica utilizada para sostener la acusación de captación ilegal.
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¿Qué pruebas intentaron eliminar René Dávila y su hijo?
La defensa de los empresarios promovió recursos para impedir que parte del material presentado por la FGR y Hacienda fuera utilizado en el proceso.
En total se buscaba excluir 15 pruebas:
- Siete testimonios.
- Siete documentos.
- Un peritaje.
Entre ellas se encuentra una opinión de delito de la Secretaría de Hacienda, considerada relevante porque sostiene que existen elementos para proceder contra los acusados por la presunta captación indirecta de recursos.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que mantener esas pruebas dentro del procedimiento no representa, por sí mismo, una violación a los derechos fundamentales de los acusados.
¿Los empresarios ya no pueden impugnar esas pruebas?
No de manera inmediata mediante el recurso que promovieron.
La decisión judicial permite que las pruebas sean utilizadas durante el procedimiento. Sin embargo, eso no elimina definitivamente el derecho de la defensa a cuestionarlas.
El criterio judicial establece que los Dávila podrían volver a reclamar su utilización en una etapa posterior, particularmente si el proceso termina con una sentencia condenatoria.
En términos prácticos, la resolución produce tres efectos:
- La FGR conserva las 15 pruebas.
- El proceso penal contra los empresarios puede seguir avanzando.
- La legalidad o valoración definitiva de esas pruebas todavía puede discutirse posteriormente.
¿Por qué la opinión de Hacienda es importante para la FGR?
Porque el delito que se investiga depende, entre otros elementos, de establecer si Corafi estaba autorizada para recibir o captar esos recursos.
La opinión incorporada al expediente concluye que existen elementos para proceder contra los empresarios por la presunta captación indirecta de recursos del público.
La discusión es relevante porque Corafi operaba como una Sofom, pero esa condición no significa automáticamente que estuviera facultada para captar recursos del público.
La propia CNBV ha explicado que la captación de recursos requiere autorización y ha advertido sobre operaciones realizadas por entidades que no cuentan con ella.
Será el tribunal que conozca del juicio el que determine el peso que debe tener esa opinión y el resto de las pruebas.
¿Qué papel tuvo René Gavira Segreste en las operaciones?
René Gavira Segreste era responsable de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex cuando se realizaron parte de las inversiones investigadas.
Según la imputación, entre febrero de 2019 y junio de 2020 firmó cartas de instrucción para adquirir certificados bursátiles privados con recursos públicos.
El exfuncionario también enfrenta procesos derivados del caso Segalmex. Su situación es distinta a la de los empresarios: mientras a Gavira se le atribuyen decisiones adoptadas desde el organismo público, a los Dávila se les investiga por su participación a través de Corafi.
Esta diferencia ayuda a entender por qué el expediente no se limita a servidores públicos. La investigación de la Fiscalía también busca determinar la responsabilidad de quienes participaron desde empresas e intermediarios financieros.
¿Los 800 millones de pesos forman parte de todo el caso Segalmex?
Sí, pero representan una de las vertientes de una investigación mucho más amplia.
El caso Segalmex incluye distintas operaciones, contratos, compras e inversiones investigadas por autoridades como la FGR, la Auditoría Superior de la Federación y Hacienda.
La operación vinculada con Corafi corresponde específicamente al uso de recursos públicos en certificados bursátiles privados.
Por eso no debe confundirse este expediente de 800 millones de pesos con la totalidad de irregularidades investigadas en Segalmex.
¿Qué sigue para René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz?
El punto relevante ahora es el avance del proceso hacia el juicio.
Los Dávila ya habían sufrido otro revés en febrero de 2025, cuando un tribunal rechazó un recurso con el que buscaban revertir su vinculación a proceso. Posteriormente, los tribunales también rechazaron retirar pruebas importantes de la acusación.
La FGR podrá mantener dentro del expediente los testimonios, documentos y el peritaje que fueron impugnados.
Eso no anticipa una condena.
Durante el juicio, la Fiscalía deberá demostrar sus acusaciones, mientras que los empresarios conservarán su derecho a presentar pruebas, controvertir las de la autoridad y ejercer los recursos legales disponibles.
Hasta que exista una sentencia firme, René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz deben ser considerados inocentes de los delitos que se les atribuyen.
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