Sheinbaum y Semarnat presentan nueva iniciativa de ley ambiental que pone la justicia ambiental, la prevención de daños y la restauración de ecosistemas en el centro de la política nacional
La nueva ley ambiental de Sheinbaum aún deberá pasar por el Congreso y propone cambiar cómo México previene daños, protege ecosistemas y regula el uso de recursos naturales.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México presentó este miércoles 26 de agosto una iniciativa para renovar de forma integral la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el marco que regula buena parte de la política ambiental del país.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y expuesta por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, busca incorporar la justicia ambiental, prevenir daños antes de que ocurran, fortalecer la restauración de ecosistemas y dar mayor participación a las comunidades. El cambio importa porque, si es aprobado, tendrá efectos en la manera en que autoridades, proyectos económicos, empresas y comunidades se relacionan con los recursos naturales.
El contenido final y su entrada en vigor todavía dependen del proceso legislativo en el Congreso. Mientras eso ocurre, continúa vigente la LGEEPA publicada en 1988, cuyo texto oficial registra como última reforma la del 19 de enero de 2026.
Durante la “Conferencia del Pueblo”, Bárcena presentó la propuesta como una actualización de fondo ante problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de los ecosistemas. Un día antes, la funcionaria había adelantado que el proyecto estaba próximo a ingresar al Congreso y que se contempla su discusión durante el periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de septiembre. También señaló que el documento se encontraba abierto a comentarios en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria.
Estamos aquí en un día que va a ser histórico, porque en verdad lo que vamos a presentar hoy es una nueva ley”, afirmó Bárcena durante la exposición.
¿Es una nueva ley ambiental o una reforma de la legislación actual?
El Gobierno federal presentó el proyecto como una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pero su situación jurídica actual es la de una iniciativa que busca renovar el marco existente. Por lo tanto, no debe entenderse que México ya cuenta con una nueva legislación ambiental en vigor.
La LGEEPA actual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y establece las bases para la protección del ambiente, la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, la prevención de la contaminación y la participación social. La Cámara de Diputados registra diversas reformas posteriores y señala que la más reciente fue publicada el 19 de enero de 2026.
Por ello, aunque algunas referencias han señalado que la legislación “no se actualiza desde 1995”, el texto oficial muestra que sí ha tenido modificaciones posteriores. Lo que plantea ahora Semarnat es una revisión integral del modelo ambiental, con nuevos instrumentos y principios para atender problemas que no tenían el mismo peso cuando fue creada la ley hace casi cuatro décadas.
¿Cuáles son los 10 principios de la iniciativa ambiental?
Durante la presentación, Semarnat resumió la propuesta en 10 principios para una ley con justicia ambiental.
Estos buscan orientar tanto las decisiones gubernamentales como la relación entre desarrollo económico, territorio y conservación:
- 1. El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
- 2. No puede haber justicia social sin justicia ambiental.
- 3. Prevenir antes que reparar.
- 4. Conservar y restaurar para construir futuro.
- 5. Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.
- 6. Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.
- 7. Propiciar una cultura ambiental.
- 8. Pasar de una economía que desecha a una economía que aprovecha.
- 9. Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
- 10. Proteger el patrimonio biocultural como una responsabilidad compartida de toda la nación.
Estos principios amplían el enfoque tradicional de protección ambiental. La propuesta no se limita a conservar determinadas zonas naturales, sino que plantea integrar territorio, economía, comunidades, ciencia, cultura y prevención de riesgos dentro de la toma de decisiones.
¿Qué significa la justicia ambiental que propone Semarnat?
Uno de los conceptos centrales es la justicia ambiental, entendida como la necesidad de considerar no sólo el daño a los ecosistemas, sino también sus consecuencias para las personas y comunidades.
Bárcena explicó que durante décadas parte del desarrollo económico se concentró en la rentabilidad inmediata sin integrar de manera suficiente los costos sociales y ambientales de determinadas actividades.
No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, sostuvo la secretaria.
Bajo este enfoque, una decisión relacionada con territorio, industria, infraestructura o aprovechamiento de recursos naturales tendría que analizar también quién recibe los beneficios, quién enfrenta los impactos y qué efectos pueden producirse sobre el agua, los ecosistemas, la salud y las comunidades.
Semarnat ha utilizado este mismo concepto en otras acciones ambientales recientes, entre ellas los programas de remediación del río Sonora y acuerdos relacionados con actividades mineras.
¿Cómo cambiaría la prevención y reparación del daño ambiental?
Uno de los principios de la propuesta es “prevenir antes que reparar”.
En términos prácticos, el objetivo es que el Estado cuente con mecanismos para detectar y reducir impactos ambientales antes de que un proyecto o actividad provoque daños que posteriormente requieran remediación.
La propuesta contempla, entre otros elementos:
- Fortalecer la prevención del daño ambiental.
- Incorporar herramientas de evaluación estratégica de impacto ambiental.
- Impulsar la restauración ecológica.
- Crear o actualizar categorías de conservación.
- Reforzar los instrumentos frente al cambio climático.
- Dar mayor peso a la información científica en las decisiones públicas.
Bárcena adelantó que el proyecto también plantea un régimen de responsabilidad ambiental más estricto y mecanismos vinculados con las comunidades que protegen Áreas Naturales Protegidas.
¿Qué papel tendrían las comunidades y los pueblos indígenas?
La propuesta coloca entre sus prioridades a las comunidades, los pueblos indígenas y afromexicanos, especialmente en decisiones relacionadas con sus territorios y recursos naturales.
El planteamiento consiste en combinar la información científica y tecnológica con conocimientos y saberes ancestrales, en lugar de considerar ambos elementos como ámbitos separados.
Otro de los principios establece que el territorio debe gestionarse “con la gente y visión de largo plazo”, lo que implica ampliar la participación de quienes habitan las zonas donde se desarrollan proyectos, se conservan ecosistemas o se aplican programas de restauración.
El proyecto también contempla mecanismos de financiamiento o compensación para comunidades que participan en la conservación de Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo con lo adelantado por la titular de Semarnat.
¿Qué propone para quienes defienden el medio ambiente?
El noveno principio establece de manera directa la necesidad de “cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos”.
La inclusión de este punto conecta la nueva propuesta con la política que Semarnat ha promovido alrededor de la protección de personas defensoras del territorio y del medio ambiente.
La dependencia ha señalado previamente la importancia del Acuerdo de Escazú, tratado regional que establece obligaciones relacionadas con acceso a información ambiental, participación pública, acceso a la justicia y protección de personas defensoras del ambiente.
El alcance específico de las nuevas obligaciones y mecanismos de protección dependerá, sin embargo, de la redacción definitiva que sea discutida por el Congreso.
¿Cómo se relacionaría la nueva ley con empresas e inversiones?
La propuesta no plantea eliminar el aprovechamiento económico de los recursos naturales. Su enfoque es establecer condiciones para que las actividades productivas puedan desarrollarse sin comprometer la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y recuperarse.
Uno de los objetivos expuestos por Semarnat es dar mayor certeza jurídica tanto a comunidades como a inversiones mediante reglas ambientales definidas y evaluaciones sustentadas en información.
Esto podría tener implicaciones para proyectos industriales, energéticos, turísticos, mineros, inmobiliarios o de infraestructura sujetos a autorizaciones ambientales, aunque los requisitos concretos dependerán del texto que finalmente apruebe el Congreso.
La iniciativa también incorpora la idea de avanzar “de una economía que desecha a una economía que aprovecha”, principio vinculado con el uso eficiente de materiales, la disminución de residuos y el aprovechamiento de recursos.
¿Por qué la crisis climática y la biodiversidad forman parte de la propuesta?
La legislación ambiental vigente nació en 1988, cuando problemas que hoy ocupan un lugar central en la agenda internacional, como el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, no tenían el mismo desarrollo científico, jurídico y político.
Aunque la ley vigente ha incorporado posteriormente disposiciones relacionadas con cambio climático —el texto actual, por ejemplo, incluye acciones de mitigación y adaptación—, Semarnat busca integrar estos temas dentro de una reorganización más amplia de la política ambiental.
La propuesta parte de problemas que pueden tener efectos directos sobre la vida cotidiana, entre ellos:
- Cambio climático.
- Pérdida de biodiversidad.
- Contaminación del aire, agua y suelo.
- Degradación de ecosistemas.
- Presiones sobre la disponibilidad de agua.
- Riesgos para la producción de alimentos.
- Deterioro del patrimonio natural y biocultural.
La intención es que las decisiones públicas no analicen estos asuntos de forma aislada, sino como factores relacionados con la economía, la salud, el territorio y el bienestar de las comunidades.
¿La iniciativa ya está vigente y qué sigue ahora?
No. La presentación realizada por el Gobierno de México no significa que la nueva legislación ya esté vigente.
La información disponible señala que el proyecto está próximo a ingresar al Congreso de la Unión, donde deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente. Semarnat ha señalado que espera que pueda discutirse durante el periodo ordinario que comienza el 1 de septiembre, pero su aprobación no puede darse por hecha y el contenido todavía puede modificarse.
Hasta que el Congreso apruebe el proyecto y, en su caso, el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, continuará aplicándose la LGEEPA vigente.
La principal diferencia que plantea el Gobierno federal es pasar de una política enfocada principalmente en regular impactos ambientales a un modelo que otorgue mayor peso a la prevención, restauración, justicia ambiental, participación de las comunidades, conocimiento científico, saberes tradicionales y protección del patrimonio biocultural.
El alcance real de esos cambios se conocerá cuando esté disponible el texto legislativo que será discutido, así como las modificaciones que pueda recibir durante su paso por el Congreso.
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