Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa; seguirá preso en el Altiplano y tendrá cuatro meses de investigación complementaria
La FGR sostiene que el exgobernador de Guerrero habría participado en el ocultamiento o destrucción de videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa, y mantuvo la prisión preventiva oficiosa que lo mantiene recluido en el Penal Federal del Altiplano. La resolución permite que la investigación penal continúe y abre un periodo de cuatro meses para reunir más elementos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión judicial y sostiene que Aguirre habría ocultado información que podía ayudar a esclarecer el paradero de los 43 normalistas. La acusación, sin embargo, todavía no constituye una declaración de culpabilidad ni una sentencia: la vinculación significa que el juez consideró que existen datos suficientes para que el caso avance a las siguientes etapas del proceso.
La decisión fue tomada durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto de 2026, después de una audiencia de casi 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez de control Mario Elizondo Martínez determinó que los elementos presentados permiten presumir la existencia de un hecho considerado delito y una posible participación del exmandatario. Aguirre permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
La vinculación representa un nuevo movimiento judicial en el expediente por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Casi 12 años después, restos de tres estudiantes han sido identificados, mientras el paradero de los demás continúa sin esclarecerse.
¿De qué acusa la FGR a Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa?
La imputación contra Aguirre no sostiene, en esta etapa, que el entonces gobernador haya privado personalmente de la libertad a los estudiantes. La hipótesis de la FGR se concentra en el presunto ocultamiento o destrucción de información cuando ejercía como servidor público.
La Fiscalía señala que Aguirre habría recibido y posteriormente ordenado ocultar o destruir grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche de los ataques contra los normalistas.
De acuerdo con la investigación citada por medios nacionales, esas grabaciones podían contener imágenes relacionadas con estudiantes que viajaban en uno de los autobuses interceptados durante los hechos. La FGR sostiene que la desaparición de ese material habría impedido contar oportunamente con evidencia para reconstruir lo ocurrido.
La fiscal general Ernestina Godoy informó desde la detención del exgobernador, ocurrida el 6 de agosto de 2026, que nuevos testimonios llevaron a revisar esta línea de investigación y apuntaron a una posible intervención del entonces mandatario en la desaparición de evidencias.
¿Qué dicen los testimonios utilizados contra Ángel Aguirre?
Entre los señalamientos utilizados por la Fiscalía están los de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien fue visitadora general de esa institución.
Según la declaración ministerial de Estrada, el 29 de septiembre de 2014 tomó de la oficina de Galeana un sobre que contenía un disco con grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala y posteriormente se reunió con Aguirre. Estrada declaró que entregó el material al entonces gobernador alrededor de las 20:30 horas.
La exfuncionaria afirmó que Aguirre le respondió que él se encargaría del material y que pediría al entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, hacerse cargo de la información. Estas afirmaciones forman parte de la acusación de la Fiscalía y deberán ser sometidas a valoración durante el proceso penal; por sí mismas no acreditan una responsabilidad definitiva.
La FGR presentó diversos datos de prueba para sustentar su imputación, mientras que la defensa de Aguirre llevó 31 datos de prueba con los que intentó cuestionar la versión de la Fiscalía, entre ellos testimonios y elementos dirigidos a demostrar que el exgobernador se encontraba en la Ciudad de México durante parte del 29 de septiembre de 2014.
¿Por qué el juez decidió vincular a proceso al exgobernador?
Para emitir una vinculación a proceso no es necesario acreditar todavía la responsabilidad penal con el nivel de prueba requerido para una sentencia.
El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, en esta fase, deben existir datos que permitan considerar que ocurrió un hecho señalado por la ley como delito y que exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él.
En el caso de Aguirre, el juez determinó que los elementos presentados eran suficientes para continuar con el procedimiento.
Durante la audiencia, el juzgador explicó, de acuerdo con la información presentada en el proceso, que la naturaleza de una desaparición forzada obliga a valorar también elementos indiciarios:
Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”.
La resolución no determina todavía que Aguirre sea culpable. Esa conclusión sólo podría establecerse después de las siguientes etapas procesales y, en su caso, mediante una sentencia.
¿Qué pena contempla la ley por el delito que se le imputa?
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece en su artículo 28 que puede incurrir en este delito el servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona detenida.
El artículo 30 establece para las conductas previstas en los artículos 27 y 28:
- De 40 a 60 años de prisión.
- De 10 mil a 20 mil días multa.
- En el caso de servidores públicos, también pueden aplicarse destitución e inhabilitación en los términos establecidos por la ley.
Estas son las sanciones contempladas por el tipo penal y no significan que Aguirre ya haya recibido una condena de esa magnitud.
¿Qué pasará ahora con Ángel Aguirre?
El juez concedió cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía y la defensa podrán reunir nuevos elementos relacionados con el caso.
Mientras transcurre esa etapa, Aguirre seguirá recluido en el Penal del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa. La FGR informó que la autoridad judicial mantuvo esa medida y concedió el plazo para completar la investigación.
La defensa del exgobernador anunció que apelará la vinculación a proceso, por lo que la resolución podrá ser revisada por una instancia superior.
El proceso se incorpora a una investigación que permanece abierta desde 2014. Aunque se han realizado múltiples detenciones y procesos judiciales, todavía existen preguntas centrales sobre el destino de la mayoría de los normalistas. Las autoridades sólo han identificado restos de tres de los 43 estudiantes y el esclarecimiento completo de lo ocurrido continúa pendiente.
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