Multarán a funcionaria del IMSS con más de 138 mil pesos y la inhabilitan durante 2 años por contrato fraudulento donde vendía medicamento que no correspondía al acuerdo

MÉXICO. — Un engaño en la entrega de medicamentos destinados a pacientes del sector salud derivó en una sanción ejemplar contra una proveedora del gobierno federal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, impuso una multa de 138 mil 911 pesos y una inhabilitación por dos años a la ciudadana Eliana Díaz Magaña, tras comprobarse que entregó fármacos cuya sustancia no correspondía a lo indicado en los empaques.

Según un comunicado oficial de la dependencia gubernamental dado a conocer por el diario El Universal, la medida busca sancionar la entrega de información falsa durante la ejecución de contratos públicos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Con esta resolución, la señalada no podrá participar por sí misma ni mediante intermediarios en licitaciones o contratos con la Administración Pública Federal.

¿En qué consistió la falta cometida por la proveedora?

El expediente del caso, gestionado a través del Órgano Interno de Control en el IMSS, detalla el origen del incumplimiento y el riesgo que representó para el sistema de salud:

• Contratos involucrados: La falta se cometió durante la vigencia de tres órdenes de compra firmadas en agosto de 2021.
• Medicamento alterado: Se entregaron 120 piezas del fármaco identificado comercialmente como “Limustin Tacrolimus” (correspondiente al lote I20J0121).
• Información falsa: Las cajas y envases primarios y secundarios se etiquetaron como Tacrolimus de 1 mg. Sin embargo, el contenido real no correspondía al principio activo indicado.

¿Cuáles son los alcances de la sanción oficial?

La resolución administrativa busca sentar un precedente sobre el control de calidad e integridad en los insumos médicos adquiridos por el Estado:

• Publicación en el DOF: La notificación de la sanción se realizó el pasado 31 de julio y su publicación oficial formalizó el castigo en el Diario Oficial de la Federación.
• Registro en lista negra: La proveedora fue inscrita formalmente en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea de manera automática cualquier intento de contratación con dependencias federales.
• Criterio legal: La dependencia gubernamental enfatizó que la severidad del castigo responde a los principios de proporcionalidad y gravedad de la falta, al tratarse de un producto destinado a la salud pública.

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¿Qué sigue en el proceso legal?

Aunque la sanción administrativa ya está vigente, la normativa mexicana contempla vías de defensa para los involucrados, las cuales el gobierno responderá por la vía institucional:

• Derecho a impugnar: La persona sancionada conserva su derecho legal para recurrir a la resolución e interponer los medios de defensa que estime convenientes.
• Postura del gobierno: La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno adelantó que defenderá con firmeza la sanción impuesta en caso de que sea impugnada, asegurando que el procedimiento se realizó con estricto apego a derecho y para proteger el interés público.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar durante la vigencia de contratos públicos tiene consecuencias”, remarcó la institución.