INE plantea sustituir a consejeros con conflicto de interés, al revisar candidaturas vinculadas con posibles riesgos criminales
La propuesta busca evitar que una consejera o consejero participe en la revisión de un perfil con el que tenga vínculos personales, profesionales o de otra naturaleza.
MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) podría sustituir temporalmente a cualquier integrante de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas cuando exista un conflicto de interés relacionado con una persona aspirante a un cargo público.
La propuesta busca evitar que una consejera o consejero participe en la revisión de un perfil con el que tenga vínculos personales, profesionales o de otra naturaleza.
La consejera electoral Carla Humphrey explicó que la excusa es el mecanismo que permite apartarse del conocimiento de un caso cuando existen razones que podrían afectar la imparcialidad. La declaración fue realizada antes de la sesión del Consejo General convocada para definir la integración de esta comisión, por lo que la conformación final debe confirmarse con el acuerdo aprobado por el pleno.
La comisión fue creada para funcionar como enlace entre los partidos políticos y autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera. Su objetivo es identificar riesgos razonables en las candidaturas, incluidos posibles nexos con la delincuencia organizada, pero el INE ha aclarado que no le corresponde determinar culpabilidades ni sustituir a las instituciones encargadas de investigar delitos, indicó el Sol de México.
¿Cuándo existiría un conflicto de interés?
Un conflicto de interés puede presentarse cuando una consejera o consejero mantiene una relación que genera dudas sobre su independencia al analizar una candidatura.
Esto podría incluir relaciones familiares, profesionales, laborales, políticas o jurídicas con la persona revisada. En esos casos, el integrante tendría que excusarse y el INE podría designar a otra consejería para participar únicamente en ese expediente.
Humphrey indicó que este procedimiento será necesario porque la comisión revisará perfiles específicos a solicitud de los partidos.
“Habrá también que ver los perfiles de las candidaturas”, señaló la consejera al explicar que cada caso deberá analizarse por separado.
El mecanismo de sustitución permitiría que la comisión continúe sus trabajos sin detener la revisión y sin dejar incompleto el número de integrantes requerido para procesar las solicitudes.
¿Qué revisará la Comisión de Integridad de Candidaturas?
La comisión recibirá peticiones de los partidos políticos para solicitar información sobre sus candidaturas. Después, establecerá comunicación con las instituciones que puedan contar con datos relevantes.
Entre las dependencias consideradas se encuentran:
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
- Fiscalía General de la República.
- Unidad de Inteligencia Financiera.
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Centro Nacional de Inteligencia.
El INE ha explicado que el órgano servirá como enlace con estas autoridades especializadas, debido a que el instituto electoral no tiene facultades de investigación penal ni acceso directo a toda la información de seguridad e inteligencia.
La revisión pretende detectar alertas antes del registro o consolidación de una candidatura. Sin embargo, los partidos conservarán la responsabilidad de seleccionar a sus aspirantes y tomar decisiones con base en la información que reciban.
La comisión no decidirá si una persona es culpable
La revisión de integridad no equivaldrá a una investigación judicial. La comisión podrá reunir y canalizar información, pero no podrá declarar que una persona pertenece a una organización criminal, ordenar detenciones o imponer sanciones penales.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había advertido desde mayo que era necesario delimitar con precisión las facultades de la comisión para no colocar al organismo electoral en funciones que corresponden a otras autoridades. También señaló que el INE no puede determinar por sí solo si una candidatura representa un riesgo.
La actuación del órgano dependerá, por tanto, de la colaboración de las dependencias federales y de la calidad de la información proporcionada.
Humphrey critica que funcione como “oficialía de partes”
Carla Humphrey calificó el diseño de la comisión como una “oficialía de partes”, debido a que, según su evaluación, se limitará a recibir solicitudes, enviar documentos y coordinar respuestas.
La consejera cuestionó que el órgano no tenga facultades para realizar investigaciones propias, emitir decisiones vinculantes o actuar directamente cuando encuentre información que pueda representar un riesgo.
Esta limitación no es accidental. El modelo fue planteado como un sistema de coordinación entre el INE y las instituciones con atribuciones legales en seguridad, justicia e inteligencia financiera, y no como una nueva unidad investigadora dentro del organismo electoral.
Humphrey había advertido días antes que la instalación de la comisión llevaba retraso y que debía estar en funcionamiento antes del inicio del próximo proceso electoral. Según su explicación, la reforma correspondiente fue aprobada el 30 de mayo y entró en vigor un día después.
¿Quién podría presidir la nueva comisión?
La propuesta discutida contemplaba que la comisión fuera integrada por los consejeros Arturo Manuel Chávez López, Norma Irene de la Cruz Magaña y Uuc-kib Espadas Ancona, con la posibilidad de que Chávez López asumiera la presidencia.
Al momento de las declaraciones de Humphrey, esta integración aún debía votarse en el Consejo General, por lo que no debía considerarse definitiva.
Humphrey criticó la forma en que se habría alcanzado el acuerdo sobre la posible presidencia.
“Nadie nos preguntó. Tenía que venir de acuerdo del Consejo y se me dijo que ellos tres se iban a poner de acuerdo. La verdad no sé cómo llegaron a ese acuerdo”, declaró.
La consejera sostuvo que la integración debía discutirse entre las 11 personas que forman parte del Consejo General, debido a la importancia y sensibilidad de la información que manejará la comisión.
Humphrey defendió su experiencia para integrar el órgano
La consejera también consideró que su trayectoria era adecuada para participar en la comisión.
Señaló que trabaja en temas de fiscalización electoral desde 1997 y que representó a México en el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que establece estándares para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
Su planteamiento se relaciona con una de las tareas centrales del nuevo órgano: solicitar información financiera y de seguridad que permita advertir riesgos alrededor de una candidatura.
Humphrey ha señalado previamente que el propósito de la comisión es realizar revisiones anticipadas para identificar posibles vínculos con la delincuencia organizada antes de que comiencen las campañas o se consoliden las postulaciones.
¿Los partidos estarán obligados a solicitar una revisión?
La comisión actuará a petición de los partidos políticos. Esto significa que el INE no revisará de oficio todos los perfiles registrados en el país.
Cada fuerza política deberá decidir qué candidatura quiere someter a verificación y presentar la solicitud correspondiente. La comisión gestionará después la consulta con las autoridades que puedan aportar información.
Este modelo deja una parte importante de la responsabilidad en los propios partidos, ya que serán ellos quienes determinen cuándo pedir una revisión y qué decisión tomar después de recibir la respuesta.
¿Qué ocurre si encuentran información sobre un candidato?
La respuesta dependerá del tipo de información obtenida. Si una autoridad reporta investigaciones, movimientos financieros, antecedentes o alertas relacionadas con una persona, el partido podrá reconsiderar su postulación. Sin embargo, una investigación abierta no equivale por sí sola a una sentencia ni implica automáticamente la pérdida del derecho a ser candidato.
Las decisiones deberán respetar la presunción de inocencia, los derechos político-electorales y las reglas de elegibilidad establecidas en la legislación.
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Por ello, la comisión enfrentará el reto de advertir riesgos sin presentar como culpable a una persona que no haya recibido una sentencia judicial.
El alcance real dependerá de la coordinación institucional
La creación de la comisión responde a la preocupación por una posible intervención de organizaciones criminales en procesos electorales y en la selección de candidaturas.
No obstante, su efectividad dependerá de varios factores: que los partidos soliciten las revisiones a tiempo, que las instituciones respondan con información útil y que existan reglas claras para manejar datos confidenciales.
También será necesario definir cómo se resolverán los conflictos de interés dentro de la propia comisión y qué consejero podrá sustituir a quien se excuse.
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La integración aprobada por el Consejo General, sus lineamientos y los primeros casos permitirán conocer si el nuevo órgano será una herramienta preventiva o si, como advirtió Humphrey, quedará limitado a recibir y trasladar documentación entre instituciones.
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