Expertos temen que la tasa cero del IVA sea un “suicidio” fiscal para México porque representaría una millonaria renuncia en recaudación

MÉXICO. — La tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos representará una renuncia recaudatoria estimada en 471 mil 748 millones de pesos durante 2026, equivalente a 1.26% del producto interno bruto (PIB).

Este tratamiento permite que gran parte de los productos destinados a la alimentación se comercialicen sin agregar IVA al precio pagado por el consumidor.

La información, difundida por El Universal, proviene del estudio “Renuncias recaudatorias. Hacia una agenda inicial de evaluación de política fiscal”, publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El organismo no plantea eliminar estos beneficios, sino revisar si siguen cumpliendo sus objetivos sociales, fiscales y económicos.

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El CIEP seleccionó diez renuncias recaudatorias que, en conjunto, sumarán 775 mil 893 millones de pesos en 2026. El monto equivale a 2.0788% del PIB y representa 46.4% del valor total estimado en el documento de Hacienda.

¿Qué es una renuncia recaudatoria?

Una renuncia recaudatoria es el monto que el gobierno estima que deja de recibir por aplicar tratamientos fiscales distintos al régimen general.

Estos mecanismos pueden adoptar distintas formas:

• Tasas del 0%
• Exenciones de impuestos
• Deducciones
• Créditos fiscales
• Estímulos
• Diferimientos de pagos
• Regímenes aplicables a sectores determinados

Aunque no aparecen como un gasto directo en el Presupuesto de Egresos, implican el uso de recursos públicos por medio de una menor recaudación. El objetivo puede ser reducir el precio de bienes básicos, incentivar una actividad económica o apoyar a determinados grupos de contribuyentes.

El CIEP advierte que su costo no debe ser el único criterio para evaluarlos. También es necesario saber quién recibe el beneficio, qué resultados produce y si existe otra forma de atender el mismo objetivo.

¿Qué significa que los alimentos tengan IVA a tasa cero?

La Ley del IVA establece que varios productos destinados a la alimentación humana y animal, así como las medicinas de patente, se encuentran gravados con una tasa del 0%.

Esto significa que la operación forma parte del sistema del IVA, pero el impuesto aplicado al precio es de cero. La propia ley señala que estas actividades producen los mismos efectos legales que aquellas por las cuales se paga el gravamen.

No todos los alimentos y bebidas tienen este tratamiento. La legislación excluye, entre otros productos:

• Bebidas distintas de la leche
• Jugos y néctares
• Concentrados para preparar refrescos
• Caviar, salmón ahumado y angulas
• Chicles
• Alimentos procesados para mascotas
• Alimentos preparados para consumirse en establecimientos, llevar o entregar a domicilio

Estos productos pueden estar sujetos a la tasa general del IVA conforme a las condiciones establecidas en la ley.

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¿Por qué el CIEP pide evaluar la tasa cero?

La tasa cero busca mantener precios menores en productos relacionados con necesidades básicas. El problema señalado por el CIEP es que el beneficio se aplica a todos los consumidores, sin considerar su ingreso o necesidad económica.

Una persona con ingresos bajos y otra con ingresos altos reciben el beneficio cada vez que compran un producto con tasa cero. Sin embargo, los hogares con mayor capacidad de consumo pueden obtener una cantidad mayor del beneficio porque gastan más dinero en términos absolutos.

Según los datos de Hacienda citados por el CIEP, 58.5% de la transferencia asociada con la tasa cero en alimentos llega a hogares ubicados entre los deciles VI y X de ingreso. El 41.6% restante corresponde a los primeros cinco deciles.

Este dato no demuestra por sí solo que el tratamiento deba desaparecer. El centro considera que debe analizarse:

• Si reduce las barreras de acceso a los alimentos.
• Cuánto recibe cada grupo de ingreso.
• Si protege en mayor proporción a los hogares con menos recursos.
• Si existen apoyos más focalizados.
• Si otro mecanismo tendría menor costo y podría medirse con mayor precisión.

¿Cuáles son las diez renuncias que deben evaluarse?

El CIEP agrupó los tratamientos seleccionados en tres categorías.

Beneficios de aplicación general

Este grupo suma 536 mil 395 millones de pesos, equivalentes a 1.4371% del PIB. Incluye:

• Tasa cero del IVA en alimentos, medicinas y agua.
• Exención del IVA en servicios de enseñanza.
• Exenciones relacionadas con vivienda.

La exención de IVA en servicios educativos representa 38 mil 482 millones de pesos, mientras que los tratamientos relacionados con vivienda suman 26 mil 165 millones de pesos.

Beneficios vinculados con formalidad o capacidad de gasto

Estas renuncias suman 210 mil 787 millones de pesos, equivalentes a 0.5648% del PIB. Entre ellas se encuentran:

• Deducciones personales por gastos médicos.
• Estímulo fiscal por colegiaturas.
• Exención aplicada a jubilaciones y pensiones.
• Prestaciones de previsión social.
• Aportaciones a fondos de retiro.
• Deducción por adquisición de automóviles.

El acceso a estos beneficios suele requerir ingresos gravables, empleo formal, facturas y capacidad para pagar servicios privados. Por ello, el CIEP propone identificar qué grupos pueden utilizarlos.

Tratamientos ligados a condiciones económicas o sectoriales

El tratamiento seleccionado en este grupo tiene un costo estimado de 28 mil 711 millones de pesos, equivalente a 0.0769% del PIB.

Incluye el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a combustibles. Su evaluación tendría que considerar precios, inflación, consumo energético, distribución del ingreso y objetivos ambientales.

¿Esto significa que cobrarán IVA a los alimentos?

No existe en el estudio una propuesta para comenzar a cobrar IVA a los alimentos durante 2026. Tampoco se anunció una reforma fiscal derivada del análisis.

La tasa cero permanece establecida en el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El documento del CIEP propone crear una agenda de evaluación antes de decidir si un beneficio debe mantenerse, modificarse, rediseñarse o contar con mecanismos de seguimiento.

El centro señala que la revisión debe comenzar por los tratamientos que tengan:

• Mayor costo fiscal.
• Aplicación entre amplios grupos de población.
• Posible concentración en contribuyentes con mayores ingresos.
• Falta de indicadores para medir resultados.
• Ausencia de fechas o reglas para revisar su vigencia.

¿El gobierno podría recuperar todo ese dinero?

Los 775 mil 893 millones de pesos no deben interpretarse como una cantidad que ingresaría automáticamente al erario si los tratamientos fueran modificados.

Un cambio fiscal puede alterar el consumo, la inversión, los precios y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ello, el CIEP utiliza estas cifras para dimensionar el costo estimado y definir qué políticas necesitan una revisión, no para calcular una recaudación garantizada.

La propuesta consiste en publicar más información sobre:

• Objetivos de cada beneficio.
• Fundamento legal.
• Personas y empresas beneficiadas.
• Distribución por nivel de ingreso.
• Indicadores de resultados.
• Fechas para revisar su continuidad.
• Alternativas de política pública.

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El CIEP plantea que estas evaluaciones se incorporen de forma periódica a las decisiones presupuestarias y tributarias. El objetivo es que las renuncias recaudatorias sean examinadas con criterios similares a los aplicados a los programas que reciben recursos del presupuesto.