Pemex registra 6 mil 858 expedientes laborales por conflictos con trabajadores, jubilados y pensionados, pero aún no revela las causas individuales ni el riesgo financiero

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene registrados 6 mil 858 expedientes clasificados como “juicios contra la dependencia” dentro de su Gerencia Jurídica Contenciosa Laboral, con un periodo documental que abarca de 2019 a 2025. El dato, dado a conocer por Agencia Reforma y confirmado en la Guía de Archivo Documental del primer trimestre de 2026, muestra el volumen administrativo que enfrenta el área encargada de las controversias laborales y resulta relevante para las personas involucradas en estos procesos y para la gestión jurídica de la empresa. No obstante, la fuente no confirma cuántos juicios siguen activos, sus causas, los montos reclamados ni posibles condenas, por lo que la cifra debe entenderse como un inventario de expedientes, no como un pasivo laboral definitivo.

El documento fue elaborado por el Área Coordinadora de Archivos de Pemex como un instrumento de transparencia y organización documental. En la tabla correspondiente a la Dirección Jurídica, la Gerencia Jurídica Contenciosa Laboral presenta la mayor concentración individual de expedientes clasificados como juicios contra la petrolera frente a las gerencias administrativa y de derecho privado.

¿Qué revela el archivo de Pemex sobre los juicios laborales?

La guía coloca los 6 mil 858 expedientes laborales bajo el código de asuntos jurídicos correspondiente a “juicios contra la dependencia”. Las columnas de temporalidad marcan 2019 como año inicial y 2025 como año final de los registros incluidos.

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En la misma sección aparecen otros asuntos jurídicos:

• 6 mil 858 expedientes de juicios contra Pemex en materia laboral
• 702 expedientes de juicios contra la empresa en materia administrativa
• 93 expedientes de juicios contra Pemex en asuntos de derecho privado
• 7 expedientes de amparo bajo la Gerencia Jurídica Contenciosa Laboral
• 4 mil 571 expedientes penales clasificados como “juicios de la dependencia”

La última categoría utiliza una clasificación distinta. Por esa razón, no debe sumarse ni compararse directamente con los juicios promovidos contra Pemex sin conocer primero la metodología completa del archivo.

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¿Los 6 mil 858 juicios laborales continúan activos?

La información disponible no permite determinarlo. Una guía de archivo indica cuántos expedientes conserva o administra un área, pero no necesariamente muestra su situación procesal actual.

El documento no precisa:

• Cuántos asuntos siguen en juicio
• Cuántos ya concluyeron o fueron archivados
• Cuántos terminaron mediante convenio
• Qué cantidades reclaman las partes
• Cuántos tuvieron una resolución favorable o contraria a Pemex
• Cuánto dinero ha pagado o tendría que reservar la petrolera

Tampoco informa si varios expedientes corresponden a una misma persona, conflicto o procedimiento relacionado. Presentar los 6 mil 858 casos como juicios abiertos o como pérdidas económicas sería una conclusión que la fuente oficial no respalda.

¿Por qué no se conocen las causas de los litigios?

La Guía de Archivo Documental únicamente identifica la unidad responsable, la clasificación de los asuntos, el número de expedientes y su rango temporal. No incluye una descripción individual de las demandas.

Por ello, no es posible establecer cuántos casos están vinculados con prestaciones, antigüedad, liquidaciones, reinstalaciones, pensiones, jubilaciones, riesgos de trabajo o diferencias contractuales. Aunque esos temas pueden presentarse en controversias laborales, atribuirlos a los expedientes de Pemex sin revisar cada caso sería especulativo.

La ausencia de ese desglose también impide conocer qué grupos laborales aparecen con mayor frecuencia, como personal sindicalizado, trabajadores de confianza, empleados transitorios, jubilados o extrabajadores.

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¿Qué tiene que ver la reorganización de Pemex con estos expedientes?

Pemex cambió su naturaleza jurídica el 1 de noviembre de 2024, al pasar de Empresa Productiva del Estado a Empresa Pública del Estado. Posteriormente, la nueva legislación secundaria entró en vigor el 19 de marzo de 2025.

Con la reforma se extinguieron Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística como empresas productivas subsidiarias. La petrolera se subrogó en los derechos y obligaciones que tenían esas entidades, mientras su estructura comenzó un proceso de integración legal, operativa y funcional.

Este cambio ayuda a entender por qué la guía de 2026 incorpora documentación originada bajo estructuras anteriores. Sin embargo, no significa que la reorganización haya causado los 6 mil 858 expedientes, pues el registro comprende asuntos documentados desde 2019.

¿Los expedientes representan una deuda laboral para Pemex?

No necesariamente. Un expediente judicial puede terminar con una absolución, un convenio, un pago, una reinstalación, una resolución parcial o el cierre del procedimiento por distintas razones.

Para calcular una posible exposición económica sería necesario conocer, al menos:

• El número de juicios activos
• Los montos reclamados
• Las provisiones contables registradas
• Las sentencias definitivas
• Los convenios y pagos realizados
• La probabilidad de pérdida estimada en cada asunto

Mientras Pemex no publique esos datos, la cifra permite medir el volumen documental y jurídico, pero no calcular el costo que los litigios podrían tener para la empresa o para las finanzas públicas.

¿Qué debe entenderse de la cifra publicada?

El principal hallazgo es que el área laboral concentra 6 mil 858 expedientes de juicios contra Pemex, una cantidad superior a la registrada en las gerencias contenciosas administrativa y de derecho privado. El dato confirma que los conflictos laborales ocupan una parte central de la gestión jurídica de la petrolera.

También deja pendientes preguntas esenciales. No se conoce cuántos asuntos siguen abiertos, qué reclaman las partes ni cuál es el riesgo económico.

Pemex acumula miles de expedientes laborales en sus archivos, pero todavía no existe evidencia pública suficiente para afirmar que todos sean juicios vigentes o deudas confirmadas.

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