Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, enfrenta una nueva denuncia por un contrato de hasta 4 mil 838 millones de pesos para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos; piden investigar presuntos conflictos de interés
El contrato seguirá vigente hasta 2028 y contempla hasta mil 200 vehículos por año para seguridad física y combate al mercado ilícito de combustibles.
México — Un contrato de Pemex por un monto máximo de 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos, adjudicado durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla, quedó bajo señalamientos después de que una denuncia pidiera investigar posibles conflictos de interés, simulación de competencia y una eventual afectación al patrimonio de la petrolera.
De acuerdo con El Universal, el contrato fue entregado directamente, sin un concurso abierto, al consorcio integrado por Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia para arrendar vehículos especializados destinados a la seguridad física de Pemex y al combate del mercado ilícito de hidrocarburos.
El acuerdo, identificado como PMX-2025-98-347, fue adjudicado el 25 de julio de 2025 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. La contratación contempla entre 350 y mil 200 vehículos especializados por ejercicio fiscal, además de mantenimiento y sustitución de unidades.
La denuncia fue presentada el 6 de julio de 2026 y solicita que autoridades federales revisen cómo se autorizó el contrato, si las empresas tenían capacidad para cumplirlo y si existen relaciones o beneficiarios finales que no hayan sido revelados.
¿Por qué investigan el contrato adjudicado durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla?
El principal cuestionamiento está en la forma en que Pemex entregó un contrato de casi 5 mil millones de pesos sin realizar un concurso abierto entre proveedores.
La petrolera utilizó una excepción al procedimiento ordinario de contratación al considerar que el servicio estaba relacionado con seguridad nacional, seguridad pública y protección de infraestructura estratégica.
La denuncia pide revisar si esa justificación fue utilizada legalmente y si la contratación cumplió con los principios aplicables al uso de recursos públicos.
También solicita analizar si el monto contratado fue razonable y si las empresas adjudicatarias contaban con la capacidad técnica, financiera, patrimonial y operativa para prestar el servicio.
¿Para qué servirán los vehículos del contrato de Pemex?
El contrato contempla el arrendamiento integral de vehículos especializados para labores de salvaguardia estratégica, seguridad física y combate al mercado ilícito de hidrocarburos.
Pemex podrá disponer de entre 350 y mil 200 unidades por año, según sus necesidades operativas.
El servicio también incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, así como su sustitución durante la vigencia del acuerdo.
El monto máximo de 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos se distribuye entre los ejercicios fiscales de 2025, 2026, 2027 y 2028.
¿Qué presunto conflicto de interés pide investigar la denuncia?
La denuncia solicita identificar quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que recibieron el contrato y determinar si existen relaciones corporativas, personales o comerciales no reveladas.
También pide revisar posibles vínculos entre personas relacionadas con las compañías y funcionarios públicos.
Entre los elementos señalados se encuentran presuntas relaciones empresariales entre las compañías adjudicatarias y otros grupos que habrían coincidido en procedimientos de contratación.
La existencia de esas relaciones y su posible influencia en el contrato todavía deberá ser determinada por las autoridades.
¿Qué empresas recibieron el contrato de Pemex?
La adjudicación fue entregada a una propuesta conjunta formada por Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
La denuncia pide revisar la estructura corporativa de ambas compañías para conocer quién ejerce realmente su control y descartar que existan beneficiarios distintos a los registrados formalmente.
También solicita verificar si contaban con los recursos y la infraestructura necesarios para ejecutar un contrato de esta magnitud.
La revisión busca determinar además si terceras empresas o grupos corporativos participan en la ejecución del servicio.
¿Qué autoridades recibieron la denuncia?
La solicitud de investigación fue presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El caso también fue remitido a:
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- La Fiscalía General de la República (FGR).
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- El Órgano Interno de Control de Pemex.
A cada institución se le pide actuar dentro de sus atribuciones para revisar los aspectos administrativos, financieros, fiscales y, en su caso, penales relacionados con la contratación.
¿Víctor Rodríguez Padilla ya fue acusado formalmente por este contrato?
Hasta el momento, no se ha informado de una resolución que determine responsabilidad de Víctor Rodríguez Padilla por este contrato ni de una acusación penal formal derivada de los hechos señalados en la denuncia.
Lo documentado hasta ahora es que el contrato fue adjudicado durante su administración al frente de Pemex y que la denuncia pide investigar el procedimiento y posibles irregularidades.
Su actual situación judicial corresponde a un proceso distinto y ajeno a esta contratación, relacionado con presuntos hechos de violencia familiar. El exfuncionario permanece sujeto a una medida cautelar dentro de ese otro caso.
Por lo tanto, la existencia del contrato es un hecho confirmado, mientras que el conflicto de interés, la simulación de competencia y el posible daño patrimonial son señalamientos que todavía deben ser investigados.
¿Qué puede ocurrir si las autoridades encuentran irregularidades?
La denuncia solicita que, si las revisiones encuentran faltas administrativas, fiscales o financieras, se inicien los procedimientos de responsabilidad correspondientes.
También pide que se determine si existió alguna afectación económica a Pemex o al erario y, en su caso, se apliquen sanciones y medidas para recuperar recursos.
Si las autoridades detectan hechos que pudieran constituir delitos relacionados con corrupción, la petición es que el caso sea turnado a la fiscalía especializada y a la FGR para determinar si procede una investigación penal.
Mientras no exista una resolución oficial, el contrato continúa identificado como una adjudicación bajo señalamientos y las posibles irregularidades permanecen como materia de denuncia.
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