Mil 18 años de cárcel y 33.3 millones por pagar para el abogado que engañó a 107 personas con falsos remates bancarios, poniendo en riesgo el patrimonio con el que buscaban comprar una casa
Engañó a 107 personas con falsos remates bancarios y deberá pagar más de 33.3 millones de pesos por los daños causados
Una condena que suma mil 18 años y cuatro meses de prisión y el pago de más de 33.3 millones de pesos fue impuesta a Edgar Francisco Franco Ríos, abogado señalado por defraudar a 107 personas en León, Guanajuato, mediante la oferta de casas que presentaba como supuestos remates bancarios.
De acuerdo con La Jornada, con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el responsable del despacho jurídico Punto Legal recibió dos sentencias condenatorias por el delito de fraude. Las víctimas entregaron dinero con la intención de adquirir una vivienda, pero los inmuebles ofertados no podían ser vendidos legalmente por el abogado.
La investigación estableció que Franco Ríos utilizó distintos mecanismos para engañar de manera consecutiva a las personas afectadas. El Ministerio Público también documentó las consecuencias económicas y personales que el fraude tuvo en quienes perdieron recursos destinados a la compra de una casa.
La Fiscalía calificó la resolución como “una sentencia histórica” por la suma de las penas, el número de personas afectadas y la reparación económica ordenada por el tribunal.
¿Por qué el abogado fue condenado a mil 18 años de prisión?
Edgar Francisco Franco Ríos, quien fue detenido en 2023, recibió dos sentencias por los fraudes cometidos contra las 107 víctimas.
La primera condena fue de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda alcanzó los 580 años.
Al sumar ambas resoluciones, la pena llegó a mil 18 años y cuatro meses de cárcel por el delito de fraude.
Las sentencias fueron dictadas por el tribunal de enjuiciamiento los días 26 y 30 de junio, después de que el Ministerio Público presentó los elementos relacionados con las querellas de las personas afectadas.
¿El abogado permanecerá realmente mil 18 años en la cárcel?
No. Aunque las dos condenas suman más de mil años, la legislación penal de Guanajuato establece un límite máximo de 80 años de prisión para el cumplimiento de una pena.
La Fiscalía explicó que la importancia de la resolución también se encuentra en la reparación ordenada a favor de las víctimas.
“Aunque la legislación penal del Estado establece un límite máximo de compurgación de 80 años de cárcel, el verdadero triunfo de esta resolución radica en la protección integral de los derechos de los ofendidos, logrando que el juez impusiera al sentenciado la obligación irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente”, señaló.
Por ello, la sentencia no sólo establece una pena de prisión. También obliga al responsable a responder por los daños económicos, morales y los perjuicios causados.
¿Cuánto dinero deberá pagar a las 107 víctimas?
El tribunal ordenó a Edgar Francisco Franco Ríos pagar un total de 33 millones 398 mil 90 pesos.
La cantidad se divide de la siguiente manera:
- 29 millones 923 mil 100 pesos por daño material.
- 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral.
- 148 mil 500 pesos por los perjuicios provocados.
La Fiscalía aseguró que dará seguimiento al caso para buscar que se cumpla con el pago de la reparación ordenada a favor de las víctimas.
La institución recordó que, a partir de cada una de las querellas presentadas, el Ministerio Público impulsó las investigaciones para acreditar tanto las pérdidas económicas como el daño moral causado.
¿Cómo operaba el fraude de los falsos remates bancarios?
Según la investigación, el abogado ofrecía casas de manera “engañosa” como supuestos remates bancarios.
Las personas entregaban dinero bajo la expectativa de adquirir un inmueble. Sin embargo, la Fiscalía acreditó que Franco Ríos no tenía facultades legales para vender las propiedades que ofrecía.
Los inmuebles tampoco se encontraban en los litigios bajo los cuales eran promovidos ante los posibles compradores.
“El trabajo ministerial demostró ante los tribunales que el hoy sentenciado utilizó diversos artificios para engañar de forma consecutiva a las 107 personas, ofertando inmuebles sobre los cuales no tenía ninguna facultad legal de venta ni se encontraban en litigio alguno”, explicó la Fiscalía.
De esta forma, las ofertas de vivienda se convirtieron en el medio utilizado para obtener dinero de manera consecutiva de las víctimas.
¿Qué tomó en cuenta el tribunal para dictar la sentencia?
El Ministerio Público presentó pruebas sobre la forma en que se realizaron los engaños y sobre “el impacto real” que el fraude provocó en la vida y la estabilidad de las personas afectadas.
La investigación no se limitó a establecer cuánto dinero perdió cada víctima. También documentó las consecuencias derivadas de entregar recursos para una vivienda que no podía ser adquirida en las condiciones ofrecidas.
Con esos elementos, el tribunal dictó las dos sentencias condenatorias y estableció los pagos por daño material, daño moral y perjuicios.
Ahora, además del cumplimiento de la pena de prisión dentro del límite que marca la ley, uno de los puntos centrales del caso será la reparación económica para las 107 personas afectadas.
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