Denuncian a jueza de Chetumal por retrasar 17 veces la audiencia de un caso de presunta violación desde 2024

Una mujer identificada como Clara Yesenia, presunta víctima de abuso sexual, denunció a la jueza de control Marbella Doporto Orozco, del juzgado penal oral con sede en Chetumal, por haber aplazado en 17 ocasiones la audiencia inicial para imputar al presunto responsable de una agresión ocurrida en 2024.

El caso, registrado en la carpeta de investigación 1017/2024, sigue sin avanzar hacia la imputación formal a mediados de 2026, pese a que la víctima afirma contar con pruebas, incluida una muestra de ADN.

La denunciante sostiene que el proceso ha estado marcado por retrasos constantes, audiencias suspendidas y decisiones que han impedido la continuidad del caso, lo que considera una forma de violencia institucional y falta de acceso a la justicia.

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Un caso que no ha llegado a audiencia inicial desde 2024

De acuerdo con la denunciante, el delito habría ocurrido en 2024, pero hasta la fecha no se ha logrado celebrar la audiencia inicial de imputación.

En su relato, afirma que ha presentado pruebas científicas y médicas, incluyendo estudios que presuntamente descartan la presencia de drogas en su organismo, tras versiones iniciales que sugerían lo contrario.

También señala que durante su atención médica en el Hospital General de Chetumal se le realizaron exámenes para confirmar la agresión sexual.

17 diferimientos y múltiples obstáculos procesales

La víctima acusa que la audiencia ha sido aplazada en 17 ocasiones por diversas razones, entre ellas:

• Cambios y renuncias de defensores del imputado
• Argumentos de enfermedad en varias ocasiones
• Falta de notificación al acusado en al menos dos ocasiones
• Empalmes de agenda judicial
• Ausencia o cambio de fiscales a cargo del caso

Según su denuncia, estas condiciones han derivado en un proceso lento y sin resolución, pese a la existencia de pruebas en la carpeta de investigación.

Quejas ante organismos y acusación de violencia institucional

Clara Yesenia afirma haber presentado un recurso de revocación, que habría procedido parcialmente, además de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, sin obtener respuesta efectiva. También analiza acudir al Tribunal de Disciplina Judicial.

La denunciante sostiene que estos retrasos constituyen violencia institucional, al impedir el acceso efectivo a la justicia.

Intervención de autoridades sin resolución del caso

La víctima asegura que buscó apoyo en el programa de atención ciudadana encabezado por la gobernadora Mara Lezama, donde su caso fue canalizado a distintas instituciones como la Fiscalía estatal, la Secretaría de las Mujeres y la Comisión de Atención a Víctimas.

Sin embargo, afirma que únicamente recibió escucha de su caso, pero no una solución concreta.

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Señalamientos sobre el manejo del proceso judicial

Entre otras acusaciones, la denunciante señala que incluso se habría ordenado a su defensa no difundir información del caso en redes sociales, mientras que la Fiscalía, sostiene, ha mencionado públicamente nombres de presuntos responsables en otros expedientes.

El caso permanece en etapa previa a la imputación formal, mientras la víctima insiste en que el retraso prolongado del proceso ha afectado su derecho a la justicia.