Ramiro Chávez Gochicoa, exrector de universidad en Tabasco y exfuncionario de Adán Augusto, se libró del proceso penal por el caso de la ‘Estafa Maestra’ ligado a un contrato de 31 millones de pesos con Sedatu, aunque la ASF aún puede impugnar
Ramiro Chávez Gochicoa, ex rector de la Universidad Politécnica del Centro y ex funcionario durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, no será procesado por ahora en un caso relacionado con un convenio de más de 31 millones de pesos con Sedatu.
CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal determinó que no había elementos suficientes para procesar a Ramiro Chávez Gochicoa por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, dentro de un caso vinculado con la llamada “Estafa Maestra”, de acuerdo con Reforma. La decisión importa porque el expediente involucra recursos públicos federales, un convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y señalamientos documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, el fallo no significa que el asunto esté cerrado de forma definitiva: tanto la ASF como Sedatu pueden recurrir al amparo, según la información publicada por Reforma y los antecedentes de fiscalización de la propia ASF.
Chávez Gochicoa fue rector de la Universidad Politécnica del Centro (UPC), en Tabasco, y en 2020 fue nombrado secretario de Cultura estatal durante la administración de Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena. El caso revisado por el tribunal se relaciona con un convenio firmado en 2016 entre la UPC y Sedatu para el diseño de indicadores de deterioro habitacional.
¿Qué resolvió el tribunal sobre Ramiro Chávez Gochicoa?
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México concluyó que no existían elementos suficientes para procesar al ex rector de la UPC por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con el fallo citado por Reforma, el tribunal consideró que el Ministerio Público no explicó con claridad qué pruebas sostenían la acusación ni cómo esas pruebas demostraban la participación del imputado.
“El ministerio público no señala a qué datos de prueba se refiere, ni cómo cada uno de ellos acreditan la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión”, resolvió el colegiado por unanimidad de votos.
En términos prácticos, esto significa que el tribunal no encontró base suficiente para que Chávez Gochicoa enfrentara proceso penal por ese delito en esta etapa del caso.
¿El ex funcionario quedó absuelto de forma definitiva?
No. La resolución representa un fallo favorable para Ramiro Chávez Gochicoa, pero no necesariamente el cierre final del expediente.
La decisión fue dictada en segunda instancia, pero la ASF y Sedatu tienen reconocida la calidad de ofendidas en el caso. Por esa razón, ambas instituciones pueden presentar un amparo si consideran que la resolución debe ser revisada.
Esto es clave: el ex funcionario libró el procesamiento penal por ahora, pero el caso todavía puede seguir por la vía judicial si alguna de las partes afectadas recurre la decisión.
¿De qué contrato se le acusaba?
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República señaló que el 13 de mayo de 2016, Chávez Gochicoa, entonces rector de la Universidad Politécnica del Centro, suscribió con Sedatu un convenio de contratación de servicios profesionales y tecnológicos.
El acuerdo tenía como objetivo el “Diseño de Indicadores de Deterioro Habitacional”. La universidad debía entregar tres productos:
- Un documento técnico.
- Una aplicación móvil para levantar encuestas.
- Un manual de operación.
El periodo de entrega estaba previsto entre el 15 de junio y el 5 de septiembre de 2016. El costo total del convenio fue de 31 millones 349 mil pesos.
¿Qué irregularidades señaló la acusación?
Según la imputación de la Fiscalía, la conducta atribuida al ex funcionario estaba relacionada con el manejo de las cuentas por liquidar certificadas. La acusación sostenía que esas cuentas correspondían a una unidad ejecutora con un objeto distinto.
También se señaló que una de las cuentas fue pagada en 2017, es decir, en un ejercicio fiscal distinto al del convenio, sin que se hubiera realizado el trámite correspondiente de pasivos pendientes de cumplir.
El tribunal, sin embargo, consideró que la acusación no estaba suficientemente sustentada para procesarlo penalmente. Además, sobre la entrega de productos deficientes, el colegiado señaló que ese punto podía corresponder a un incumplimiento de contrato y no necesariamente a un delito penal.
“En cuanto a la entrega de productos deficientes, se tendrían que haber rechazado estos; entonces aquí se está ante un incumplimiento de contrato, lo que daría lugar a que se reclame la reparación del daño”, indicó la resolución citada en el reporte.
¿Qué dijo la Auditoría Superior de la Federación sobre la Universidad Politécnica del Centro?
La ASF ya había revisado convenios celebrados entre Sedatu y la Universidad Politécnica del Centro durante la Cuenta Pública 2016.
En sus informes, la Auditoría documentó que la UPC celebró tres convenios con Sedatu relacionados con:
- Diagnóstico sobre organización y conservación de archivos.
- Diseño de indicadores de deterioro habitacional.
- Plataforma de capacitación en línea.
La ASF también señaló que la universidad no pudo demostrar capacidad técnica, humana y financiera suficiente para realizar esos trabajos por sí misma, por lo que recurrió a empresas externas. Este tipo de esquema fue uno de los puntos que colocó a diversas instituciones públicas bajo revisión en casos asociados con la llamada “Estafa Maestra”.
¿Por qué este caso se relaciona con la ‘Estafa Maestra’?
El caso se vincula con ese esquema porque involucra contratos entre dependencias federales y universidades públicas para la prestación de servicios, una práctica que fue revisada por la ASF en distintos expedientes.
En varios casos, las auditorías detectaron subcontrataciones, falta de entregables, expedientes incompletos o servicios cuya recepción no fue acreditada de forma suficiente. En el expediente de Sedatu y la UPC, la ASF reportó observaciones sobre contratos y convenios revisados durante la Cuenta Pública 2016.
El punto central es que el tribunal no resolvió si todo el esquema fue correcto o incorrecto, sino si había elementos suficientes para procesar penalmente a Chávez Gochicoa por el delito imputado. La respuesta del colegiado fue negativa.
¿Qué relación tiene Ramiro Chávez con Adán Augusto López?
Ramiro Chávez Gochicoa fue nombrado secretario de Cultura de Tabasco en 2020, durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández. Antes de ese cargo, había sido rector de la Universidad Politécnica del Centro.
Esa relación política explica por qué el caso tiene relevancia pública, aunque el expediente judicial revisado corresponde a hechos de 2016, previos a su nombramiento en el gabinete estatal.
¿Qué puede pasar ahora?
El caso puede tomar tres rutas principales:
- Que la ASF o Sedatu presenten un amparo contra la resolución.
- Que el fallo quede firme si no se impugna dentro del plazo legal.
- Que el asunto continúe por otras vías administrativas o civiles si se reclama reparación del daño por incumplimiento contractual.
Por ahora, lo confirmado es que Ramiro Chávez Gochicoa libró el proceso penal en este expediente específico, pero el caso no debe presentarse como cerrado de manera definitiva mientras exista la posibilidad de impugnación.
¿Qué debe quedar claro sobre este fallo?
La resolución no borra los señalamientos administrativos hechos por la ASF ni cancela el contexto del convenio revisado. Lo que establece es que, para el tribunal, la Fiscalía no logró explicar de forma suficiente cómo las pruebas acreditaban el delito y la probable participación del ex rector.
La diferencia es importante: una irregularidad administrativa, un incumplimiento contractual y un delito penal no son lo mismo. Para abrir un proceso penal, la autoridad debe sostener la acusación con datos de prueba claros y relacionados directamente con la conducta imputada.
En este caso, el tribunal consideró que esa carga no se cumplió. Por eso, Chávez Gochicoa libró el procesamiento, aunque la última palabra todavía puede depender de si ASF o Sedatu deciden recurrir al amparo.
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