Familias que acababan de perder a un ser querido creían recibir funerales gratis y una investigación reveló que el servicio era pagado con recursos públicos en Guanajuato

Guanajuato — En medio del dolor por homicidios, desapariciones y secuestros, familias en el estado de Guanajuato acudían a supuestos servicios de “funerales gratis” sin saber que esos apoyos ya eran cubiertos con recursos públicos destinados a víctimas de violencia. Una investigación periodística reveló además presuntos cobros indebidos y posibles intermediaciones con dinero gubernamental dirigido a personas afectadas por delitos graves.

La información fue publicada por RT con base en una investigación del diario Milenio, que documentó la operación de una organización llamada “Una luz en el camino” en municipios como Celaya e Irapuato.

Según el reportaje, la organización se presenta como colectivo de búsqueda de personas desaparecidas y ofrece servicios como:

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• “Funerales gratis” para víctimas de homicidio
• Apoyo a familias de desaparecidos
• Asesorías jurídicas
• Gestión de apoyos económicos gubernamentales

Sin embargo, la investigación sostiene que muchos de esos servicios ya eran financiados por instituciones públicas de atención a víctimas.

¿Cómo operaba el presunto esquema relacionado con funerarias y apoyos públicos?

De acuerdo con la investigación de Milenio, familiares de víctimas acudían a la organización en momentos de crisis emocional, poco después de recibir noticias sobre homicidios, desapariciones o hallazgos de cuerpos.

Ahí se les ofrecían servicios relacionados con:

• Embalsamamiento
• Traslado de cuerpos
• Trámites funerarios
• Actas de defunción
• Gestión de apoyos económicos

Lo que presuntamente no se informaba a las familias es que esos gastos ya podían ser cubiertos por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas mediante recursos públicos destinados a personas afectadas por delitos violentos.

Según el reportaje, las funerarias gestionaban directamente esos pagos con las autoridades correspondientes.

¿Por qué la investigación habla de posibles engaños a familiares de víctimas?

La investigación sostiene que muchas familias desconocían que podían acceder directamente a esos apoyos gubernamentales sin necesidad de intermediarios.

El reportaje también documenta casos donde beneficiarios de apoyos económicos entregaban cuotas mensuales a la organización mientras continuaban recibiendo dinero público destinado a víctimas.

Uno de los casos citados señala que una persona recibía poco más de 3 mil pesos mensuales y debía entregar una parte de ese recurso como “donación”.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación periodística y no se informa sobre resoluciones judiciales definitivas relacionadas con el caso.

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¿Por qué las sedes se ubicaban cerca de fiscalías?

Otro de los elementos destacados por la investigación es la ubicación estratégica de oficinas cercanas a fiscalías y dependencias ministeriales.

Según el reportaje, esos lugares son visitados diariamente por personas que atraviesan situaciones de crisis tras confirmar la muerte o desaparición de familiares y que muchas veces desconocen:

• Los trámites legales necesarios
• Los apoyos disponibles
• Sus derechos como víctimas
• Los mecanismos oficiales de ayuda

La investigación señala que este contexto de vulnerabilidad facilita que terceros intervengan como intermediarios en procesos relacionados con apoyos funerarios y económicos.

¿Qué papel tienen las comisiones de atención a víctimas en México?

Las comisiones de atención a víctimas existen para brindar apoyo económico, psicológico, jurídico y funerario a personas afectadas por delitos graves.

En distintos estados del país, estas instituciones pueden cubrir gastos relacionados con:

• Servicios funerarios
• Traslados
• Atención médica y psicológica
• Ayuda económica temporal
• Asesoría jurídica

El objetivo es evitar que las familias enfrenten solas las consecuencias económicas derivadas de hechos violentos.

¿Por qué este caso generó atención nacional?

La investigación provocó reacciones debido a que involucra recursos destinados a víctimas de violencia en uno de los estados más golpeados por homicidios y desapariciones en México.

Además, el caso expone cómo el desconocimiento de derechos y la falta de información en momentos de crisis pueden abrir espacios para posibles abusos o intermediaciones irregulares relacionadas con apoyos públicos.