La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en el gasto público de 2025, el hallazgo más relevante está en los municipios: ninguno de los 42 ayuntamientos revisados pudo acreditar documentalmente el destino de la totalidad de los recursos federales fiscalizados

CIUDAD DE MÉXICO.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la revisión de la Cuenta Pública 2025. Las observaciones alcanzan a gobiernos municipales, administraciones estatales e instituciones federales, de acuerdo con la segunda entrega de informes de fiscalización presentada el viernes 30 de octubre de 2026 por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

El informe comprende 374 auditorías realizadas a distintas instituciones y órdenes de gobierno. Es fundamental entender que los montos pendientes de aclaración no significan que el dinero haya sido desviado o robado: representan observaciones que deben atenderse mediante documentación y los procedimientos de fiscalización correspondientes.

Distribución de las auditorías y los montos observados

• 374 auditorías en total: 286 a entidades federativas, 46 a entes federales y 42 a municipios.
• Municipios: más de 5 mil 200 millones de pesos pendientes de comprobar, concentrando el mayor monto observado. Los 42 ayuntamientos incluidos en esta entrega no pudieron acreditar documentalmente el destino de todos los fondos federales examinados.
• Ámbito federal: 2 mil 327 millones de pesos, relacionados con el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (movimientos financieros y gastos de operación no suficientemente justificados) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (recursos cuyo ejercicio no pudo acreditarse conforme a la documentación examinada).
• Ámbito estatal: más de mil 200 millones de pesos, principalmente en educación y salud.

Casos relevantes: Nuevo León y Sinaloa

La revisión también expuso casos relacionados con movimientos de recursos entre compañías y particulares:

México

FGR pide 15 años de prisión por caso Bursamétrica

• Nuevo León: fueron señaladas operaciones por miles de millones de pesos entre constructoras, comercializadoras y otras empresas, así como movimientos vinculados con bienes inmuebles que superan los mil millones de pesos.
• Sinaloa: la fiscalización identificó una constructora integrada por familiares de un funcionario estatal que presuntamente obtuvo contratos de obra pública y posteriormente transfirió recursos a particulares.

Estos señalamientos forman parte de los hallazgos presentados por la Auditoría. La información disponible no permite establecer, por sí sola, responsabilidades penales definitivas de las personas o empresas involucradas.

Te puede interesar: La ASF investiga posibles conflictos de interés, triangulación de recursos e irregularidades en contrataciones del INE, sin embargo, la existencia de una investigación no significa que se haya demostrado corrupción, mientras que algunos contratos cuestionados tendrían antecedentes desde 2018, antes de que Taddei asumiera la presidencia

40 denuncias penales presentadas

Hernández Palacios informó que la ASF presentó 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de su gestión (tres de ellas corresponden a auditorías aún en desarrollo). Entre los hechos denunciados:

• Obras públicas pagadas que no fueron ejecutadas.
• Equipo médico de alta especialidad que no pudo ser localizado.
• Documentos presuntamente falsos utilizados para aparentar el cumplimiento de obligaciones de seguridad social.

Una denuncia no equivale a una sentencia: corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar, en su caso, si existen responsabilidades penales. Además, la ASF promovió 60 acciones para que el SAT y el IMSS revisen posibles incumplimientos fiscales y de seguridad social de proveedores contratados con recursos públicos.

Recursos recuperados: estados devolvieron más de mil 132 millones

• Los gobiernos estatales reintegraron más de mil 132 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
• Más de 553 millones correspondieron al sector salud.
• Estas devoluciones deben distinguirse de los montos que todavía están pendientes de aclaración.

Contexto adicional y otros hallazgos

• Antecedente municipal: una revisión previa de la ASF en Juchitán, Oaxaca, identificó 105.3 millones de pesos pendientes de aclarar en auditorías de ejercicios fiscales anteriores, lo que refleja que el seguimiento del gasto municipal es una preocupación recurrente.
• Sonora (ámbito estatal, no federal): el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización reportó resultados no aprobatorios para 17 municipios y seis organismos estatales en la revisión de la Cuenta Pública 2025. Se trata de un procedimiento distinto al informe federal, por lo que sus cifras no deben sumarse automáticamente.
• Gestión actual: los resultados llegan durante la administración de Aureliano Hernández Palacios, designado auditor superior por la Cámara de Diputados en marzo de 2026. Su gestión ha impulsado cambios en el modelo de revisión del gasto público, con mayor orientación hacia auditorías integrales por dependencia.

Te puede interesar: La ASF indaga a red de empresas con menos de cinco empleados que acaparó 8,870 MDP en el INE: la ganadora de la licitación subcontrataba a sus competidores

¿Qué pasa con el dinero que la ASF reporta sin aclarar?

Cuando una auditoría detecta recursos pendientes de justificar, las instituciones fiscalizadas deben atender las observaciones mediante la documentación o las acciones que correspondan. Para interpretar correctamente el informe, es importante distinguir entre tres situaciones:

• Recursos que todavía deben aclararse (observaciones en proceso).
• Cantidades reintegradas a la Federación (recursos recuperados).
• Hechos que podrían constituir delitos (materia de denuncias penales).

La segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 deja abiertos procedimientos de aclaración y seguimiento. El resultado definitivo dependerá de la documentación que presenten los entes fiscalizados y de las resoluciones de las autoridades competentes.