Reforma judicial avanza en comisiones: elección de jueces y magistrados pasaría de 2027 a 2028 y podría coincidir con revocación de mandato
Uno de los cambios más relevantes es la creación de una comisión coordinadora de los comités de evaluación. Su función sería verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos constitucionales y legales.
MÉXICO.- La reforma al Poder Judicial volvió al centro del debate legislativo. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 29 votos de Morena, PVEM y PT a favor, y 11 de PAN, PRI y MC en contra, un dictamen para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección de jueces y magistrados. La propuesta también abre la puerta para que esa elección pueda realizarse el mismo año que la eventual consulta de revocación de mandato presidencial.
De acuerdo con la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal y recibida por la Comisión Permanente del Congreso, el cambio busca modificar el calendario de la segunda elección judicial para que no coincida con los comicios federales intermedios de 2027.
La propuesta plantea mover la elección al 4 de junio de 2028 y ajustar las reglas de evaluación, selección y reducción de candidaturas para cargos judiciales, indicó Milenio.
¿Qué aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales?
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reforma constitucional que aplaza la elección judicial prevista para 2027 y la traslada a 2028.
El proyecto pasará a discusión en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
El cambio no solo modifica la fecha. También propone nuevas reglas para revisar los perfiles de quienes busquen participar como personas juzgadoras.
Entre los principales puntos del dictamen están:
- Aplazar de 2027 a 2028 la elección de jueces y magistrados.
- Permitir que la elección judicial pueda coincidir con la consulta de revocación de mandato presidencial.
- Crear una comisión coordinadora de los comités de evaluación.
- Homologar criterios y metodologías de selección.
- Incluir exámenes de conocimiento.
- Reducir el número de candidaturas antes de llegar a la boleta.
- Aplicar paridad de género en la selección.
- Usar insaculación, o tómbola, para definir postulaciones finales cuando sea necesario.
La iniciativa modifica artículos de la Constitución relacionados con derechos políticos, Poder Judicial, Tribunal Electoral, Consejo de la Judicatura y reglas para poderes judiciales locales.
¿Por qué se quiere aplazar la elección judicial a 2028?
El argumento central del oficialismo es que la elección judicial de 2027 coincidiría con una jornada electoral de alta carga política y operativa. Ese año se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones locales en varias entidades.
Según reportó La Razón, la iniciativa sostiene que mover la elección a 2028 busca evitar que el proceso judicial quede mezclado con la elección federal intermedia y con miles de cargos locales.
La propuesta también ocurre después de que el INE entregó un diagnóstico técnico a la Cámara de Diputados para sustentar la necesidad de aplazar el proceso judicial. El argumento técnico apunta a la complejidad de organizar una elección de personas juzgadoras en condiciones de mayor orden operativo.
¿Qué cambiaría en la selección de candidatos a jueces y magistrados?
Uno de los cambios más relevantes es la creación de una comisión coordinadora de los comités de evaluación. Su función sería verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos constitucionales y legales.
También tendría la tarea de establecer metodologías comunes para evaluar perfiles. Esto incluiría exámenes de conocimiento, revisión de requisitos y criterios homologados para seleccionar a las personas mejor evaluadas.
El dictamen plantea que primero se elijan las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo o especialidad, con paridad de género. Después habría un ajuste mediante insaculación para dejar solo dos postulaciones por cargo o especialidad a elección.
En términos prácticos, esto reduciría el número de nombres en las boletas y buscaría evitar una lista demasiado amplia de candidatos, uno de los señalamientos hechos durante el debate público sobre la elección judicial.
¿La elección judicial podría coincidir con la revocación de mandato?
Sí. La propuesta abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 se realice de forma concurrente con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial.
La Razón reportó que la iniciativa busca eliminar la prohibición vigente para que la revocación de mandato coincida con cualquier jornada electoral. Esto convertiría a 2028 en un año de alta actividad política, porque una elección judicial podría realizarse al mismo tiempo que un ejercicio de participación directa sobre la continuidad presidencial.
Este punto es uno de los más sensibles del dictamen. Para el oficialismo, empatar procesos puede facilitar organización y participación. Para la oposición, puede mezclar una elección judicial con una consulta de alto impacto político.
¿Qué dijo el oficialismo durante la discusión?
Durante la discusión en comisión, la diputada Lilia Aguilar, del PT, defendió el dictamen y respondió a los cuestionamientos de la oposición. En su intervención, también llevó el debate hacia los señalamientos contra figuras del PAN y comparó la postura opositora con la defensa a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Aguilar dijo:
“La diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros no estamos defendiendo a Rocha, como ustedes están defendiendo a la gobernadora de Chihuahua”.
También agregó:
“Ustedes tan ‘Alito’ y tan Maru, y nosotros tan Claudia Sheinbaum. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros”.
La referencia a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, reflejó que la discusión sobre la reforma judicial se mezcló con acusaciones políticas recientes entre Morena y la oposición.
¿Qué respondió el PAN?
El diputado Fernando Torres, del PAN, sostuvo que la reforma judicial debe corregirse de fondo y no solo con un cambio de fecha.
El legislador advirtió que se requiere una modificación estructural para evitar lo que llamó una “Corte de chocolate elegida por acordeones”. Con esa expresión, la oposición volvió a cuestionar el proceso de elección popular de personas juzgadoras y los señalamientos sobre posibles listas o guías de votación.
Torres respondió además a Lilia Aguilar con una frase de confrontación política:
“Y sí, nosotros tan calderonistas y ustedes tan narcopolíticos”.
La intervención mostró el nivel de tensión dentro de la comisión, donde la reforma fue discutida no solo como un cambio técnico, sino como parte de una disputa más amplia por el control, legitimidad y futuro del Poder Judicial.
¿Qué acusó el PRI?
A nombre del PRI, el diputado Erubiel Alonso descalificó el dictamen y acusó al oficialismo de realizar lo que llamó un “huachicol legislativo”.
El legislador dijo:
“Estamos exactamente como este régimen le gusta, en un huachicol legislativo, en un contrabando legal”.
También afirmó que Morena y sus aliados están “haciendo chanchullo a la gente” y “vendiendo una solución que es defectuosa”.
La crítica priista se centró en que el oficialismo estaría corrigiendo, mediante una nueva reforma, problemas que la oposición ya había advertido cuando se aprobó la primera reforma judicial.
¿Qué postura fijó Movimiento Ciudadano?
La diputada Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que el dictamen reconoce que la reforma judicial aprobada hace menos de dos años era defectuosa e inviable.
Ruiz Massieu afirmó que someter a elección popular los cargos del Poder Judicial afecta la independencia judicial y puede dejar a jueces, magistrados y ministros bajo presión de intereses políticos, económicos o criminales.
Su frase más relevante fue:
“Les dijimos que someter a elección popular los cargos del Poder Judicial destruiría la independencia que debe caracterizar a quienes imparten justicia”.
Movimiento Ciudadano también sostuvo que el dictamen representa un golpe al Estado de derecho, a la división de poderes y al compromiso democrático.
¿Por qué esta reforma es importante para los ciudadanos?
La reforma importa porque define cómo se elegirán jueces y magistrados, es decir, las personas que resolverán casos penales, civiles, laborales, familiares, administrativos y constitucionales.
Para el ciudadano común, esto puede parecer un asunto lejano, pero tiene efectos concretos. Un juez puede decidir sobre libertad personal, propiedad, derechos laborales, pensiones, violencia familiar, impuestos, contratos, amparos y abusos de autoridad.
Por eso, los cambios al sistema de selección judicial tienen impacto en la confianza pública, la independencia de los tribunales y la calidad de las resoluciones.
El punto central es saber si las nuevas reglas ayudarán a elegir perfiles con mayor preparación o si aumentarán la influencia de partidos y grupos de poder sobre el Poder Judicial.
¿La reforma ya está aprobada definitivamente?
No. Hasta ahora, el dictamen fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. El siguiente paso es su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados.
Al tratarse de una reforma constitucional, necesita mayoría calificada en el Congreso y después la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Solo después de ese proceso podría entrar en vigor.
Por ahora, el avance en comisión muestra que Morena y sus aliados tienen la intención de acelerar el trámite legislativo, mientras PAN, PRI y MC mantienen una postura de rechazo.
¿Qué sigue en la Cámara de Diputados?
El dictamen será discutido en sesión extraordinaria. Si se aprueba en el pleno, pasará al Senado o continuará el trámite correspondiente según la ruta legislativa definida.
La discusión tendrá dos ejes. El primero será técnico: si conviene mover la elección judicial a 2028 y reducir candidaturas mediante evaluaciones. El segundo será político: si empatar la elección judicial con una posible revocación de mandato fortalece la participación o puede contaminar el proceso judicial con una disputa presidencial.
Por ahora, la reforma judicial avanza con el respaldo del bloque oficialista y el rechazo de la oposición. El fondo del debate sigue siendo el mismo: cómo elegir jueces y magistrados sin poner en riesgo la independencia judicial ni convertir la justicia en una extensión de la competencia partidista.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Claudia Sheinbaum plantea aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 mientras el INE advierte riesgo de “colapso electoral”, Morena busca corregir fallas detectadas en la primera votación de jueces y magistrados y el Congreso analiza cambios por costos, logística y saturación de comicios en México
Mientras en Islandia el modelo de reducción de la jornada laboral ha mostrado resultados positivos tras reducir de 40 a 35 o 36 horas semanales, en México la disminución del tiempo de trabajo avanzará de forma gradual para pasar de 48 a 40 horas hasta 2030
Senado de México aprueba reforma constitucional sobre feminicidio que permitirá una ley general para unificar criterios y sanciones en todo el país ante más de 26 mil asesinatos de mujeres desde 2018
Buscan reformar la Ley Federal de Sanidad Animal en México para reconocer que los animales sienten dolor, miedo, placer y estrés, y no tratarlos solo como objetos de regulación sanitaria
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados