Gobernadora de Morelos denunció amenazas de muerte del Cártel de Sinaloa si no permite paso de drogas, nombramiento de funcionarios y manejo de presupuestos
Cártel de Sinaloa habría presionado al Gobierno de Morelos para controlar municipios, presupuesto y paso de droga.

MORELOS. — La presuntos vínculos entre autoridades municipales de Morelos y el crimen organizado abrió una nueva línea de preocupación política y de seguridad en el estado.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el Diario Reforma, líderes del Cártel de Sinaloa habrían lanzado amenazas contra la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para exigir control político, libre operación criminal y acceso a recursos públicos municipales.
Según la información publicada por Diario Reforma, basada en una orden de aprehensión y declaraciones integradas a una investigación de la Fiscalía General de la República, el grupo criminal habría infiltrado gobiernos municipales, intervenido en nombramientos de funcionarios, financiado campañas políticas y presionado a actores locales para operar en distintas regiones del estado desde 2021.

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El caso involucra a alcaldes, exfuncionarios y operadores políticos señalados de colaborar presuntamente con estructuras ligadas al grupo sinaloense para facilitar actividades como:
- Tráfico de drogas
- Extorsión
- Lavado de dinero mediante obra pública
- Compra de votos
- Control político municipal
- Eliminación de adversarios políticos
La amenaza contra la gobernadora de Morelos
Uno de los puntos centrales de la investigación involucra a Júpiter Araujo Bernard, identificado en el expediente como uno de los líderes del grupo criminal en Morelos.
De acuerdo con la declaración del exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, presentada el 6 de mayo ante la FGR, “El Barbas” le pidió fungir como intermediario con la gobernadora para enviarle un mensaje directo.

Según el testimonio citado por Reforma, el presunto operador criminal exigía:
- Permitir el libre paso de drogas
- Aceptar funcionarios vinculados al grupo criminal en ayuntamientos
- No retener recursos municipales
- Pactar políticamente con el grupo
- Eliminar candidatos que no se alinearan
La declaración señala que Araujo Bernard ofrecía “pacificar el estado” a cambio de acuerdos con la organización.
En el expediente citado por Reforma aparece una frase atribuida al presunto líder criminal:
“Le pacificaría el estado”.
También habría advertido que la gobernadora “no se pasara de cabrona”, en referencia a no bloquear recursos o impedir acuerdos políticos ligados al grupo criminal.
¿Qué dice la investigación federal?
La investigación de la FGR sostiene que el grupo criminal habría construido una estructura de influencia política en Morelos desde 2021.

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Entre las acusaciones incluidas en el expediente se mencionan:
- Infiltración en al menos 11 gobiernos municipales
- Presunto control de dirigencias partidistas
- Financiamiento de campañas políticas
- Presiones para nombrar funcionarios afines
- Uso de recursos públicos para lavado de dinero
- Orden de asesinatos contra opositores políticos
El expediente también menciona conversaciones telefónicas intervenidas legalmente, donde algunos involucrados discutían el impacto político de videos y vínculos con personajes investigados.
El video que detonó la investigación
Uno de los elementos que fortalecieron las indagatorias fue un video difundido el 18 de febrero de 2025.
En las imágenes aparecen:
- Raúl Tadeo Nava
- Jesús Corona Damián
- Agustín Toledano
- Presuntos integrantes del grupo criminal
Tras la difusión del material, la presión política aumentó en Morelos y comenzaron nuevas revisiones federales sobre posibles nexos entre autoridades locales y el crimen organizado.
El 10 de marzo siguiente, Tadeo Nava fue removido de la dirección del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Morelos.
Conversaciones interceptadas y presunta compra de votos
La carpeta de investigación también incluiría conversaciones telefónicas obtenidas mediante intervención legal autorizada.
Según Reforma, en esos diálogos algunos involucrados expresaban preocupación porque la difusión del video dañara las aspiraciones políticas de Agustín Toledano, actualmente encarcelado.
Sin embargo, una de las personas intervenidas habría señalado que no estaba de acuerdo con afectar políticamente al edil porque éste contaba con:
“Dinero para la compra de votos”.
Ese punto abrió otra línea de investigación relacionada con presuntos delitos electorales y financiamiento ilegal de estructuras políticas municipales.
¿Qué implica este caso para Morelos?
El caso se perfila como una de las investigaciones más delicadas sobre presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales de Morelos.
La información revelada hasta ahora apunta a posibles redes de operación política y financiera donde organizaciones criminales habrían buscado:
- Influir en decisiones públicas
- Controlar presupuestos municipales
- Colocar funcionarios afines
- Expandir operaciones de narcotráfico
- Obtener protección política
Hasta el momento, las investigaciones continúan en la FGR y no todas las personas señaladas han sido sentenciadas por autoridad judicial, por lo que el proceso permanece en etapa de integración y seguimiento ministerial.
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