Claudia Sheinbaum y Segob descartan uso político de los citatorios de la Fiscalía a autoridades estatales y señalan que forman parte de investigaciones abiertas en ambos estados

La Secretaría de Gobernación (Segob) negó que exista algún interés político detrás de los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de Chihuahua y Sinaloa, y aclaró que se trata únicamente de procedimientos normales dentro de investigaciones en curso, en los que los funcionarios acudirán en calidad de testigos.

En un breve comunicado, Gobernación subrayó que la FGR es un órgano constitucional autónomo y que sus actuaciones se rigen exclusivamente por la ley.

“No hay interés político alguno; son diligencias propias de los procesos de investigación”, señaló la dependencia.

México

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Sheinbaum respalda versión oficial: “No hay nada más que eso”

Sobre el mismo tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó cualquier interpretación adicional tras los citatorios girados por la FGR y sostuvo que se trata de actos estrictamente procedimentales.

Luego de que la Fiscalía citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, la mandataria explicó que la información le fue transmitida directamente por la fiscalía a la secretaria de Gobernación.

“Son procedimientos de las investigaciones que están haciendo en los casos de Chihuahua y Sinaloa; no hay nada más que eso”, afirmó Sheinbaum en entrevista previa a la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina.

Comparecencias como testigos y diligencias en curso

La FGR informó que María Eugenia Campos y el exfiscal estatal de Chihuahua serán citados a comparecer como testigos, en el marco de las indagatorias relacionadas con el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

Además, el organismo federal precisó que también se realizan diligencias vinculadas a una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala a 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de esa entidad.

Tanto Gobernación como la Presidencia insistieron en que las investigaciones siguen su curso legal, sin motivaciones políticas y bajo la responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República.