Dos exjefes de la Policía Federal deberán pagar más de 65 millones de dólares y quedan vetados del servicio público por hasta 20 años tras comprobarse que desviaron dinero de un contrato millonario con Israel
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa acreditó faltas graves contra los exfuncionarios por el manejo irregular de fondos públicos y la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones penales en su contra
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso sanciones económicas e inhabilitaciones de hasta 20 años a dos exfuncionarios de la desaparecida Policía Federal, luego de acreditarse el desvío de más de 65 millones de dólares que estaban destinados al pago de obligaciones derivadas de un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD.
De acuerdo con la información publicada por el diario La Jornada, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer el fallo este martes mediante un comunicado oficial, donde detalló que las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por estos servidores públicos durante su gestión al frente de la extinta corporación de seguridad.
Las irregularidades detectadas estuvieron directamente relacionadas con el manejo discrecional e indebido de los recursos asignados al cumplimiento del contrato internacional, lo que provocó un quebranto patrimonial millonario a las arcas federales que ahora deberán ser resarcidas por los responsables del desvío.
¿Quiénes son los exfuncionarios sancionados por el desvío de recursos?
Las sanciones impuestas por la autoridad jurisdiccional recayeron sobre dos figuras clave de la estructura operativa de la extinta corporación policial federal, quienes ahora enfrentan un castigo administrativo que les impide volver a desempeñar cualquier cargo dentro del servicio público mexicano por casi dos décadas.
La primera sancionada es Frida M., quien se desempeñó como exsecretaria general de la Policía Federal y fue inhabilitada por un periodo de 20 años para ocupar cargos públicos, además de recibir una indemnización económica como parte de la resolución. Por su parte, Damián C., exTitular de la División de Inteligencia de la misma corporación, recibió una inhabilitación de 15 años acompañada también de su respectiva indemnización económica.
En conjunto, las sanciones económicas impuestas a ambos exservidores públicos ascienden a una cifra histórica superior a los 65 millones de dólares estadounidenses, monto que corresponde al daño patrimonial causado a la federación durante la operación del contrato con la firma israelí.
¿Qué pasará con el caso en materia penal?
Aunque la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cierra el capítulo en el ámbito de las responsabilidades administrativas, el caso aún tiene pendientes importantes en otra instancia judicial del país. La Secretaría Anticorrupción confirmó que los hechos también fueron denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la República.
La institución encargada de la procuración de justicia federal mantiene abiertas diversas investigaciones penales sobre el caso, lo que abre la puerta a que los exmandos enfrenten en el corto plazo cargos por delitos de cuello blanco relacionados con el ejercicio indebido de sus funciones durante el sexenio en que fungieron como mandos de la corporación.
¿Cómo pueden los ciudadanos denunciar actos de corrupción?
La dependencia federal aprovechó la difusión del fallo para hacer un llamado público a la ciudadanía a sumarse activamente al combate de las prácticas indebidas dentro del sector gubernamental. Las autoridades subrayaron que quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias firmes y ejemplares.
Para facilitar la participación social, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puso a disposición de la población el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, una plataforma a través de la cual cualquier persona puede reportar de manera segura los actos irregulares de los que tenga conocimiento. La autoridad enfatizó que la denuncia de actos de corrupción no solo es un derecho ciudadano, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos.
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