‘Narconóminas’ de Los Chapitos revelan un esquema de corrupción sostenido desde al menos 2017, con pagos en efectivo de entre 10 mil y más de 100 mil dólares al mes a fiscales, jefes policiacos y autoridades municipales, permitiendo el libre paso de químicos para fentanilo, la persecución de rivales y el control criminal de Sinaloa

SINALOA, México — A fuerza de sobornos mensuales en efectivo, Los Chapitos habrían construido una extensa red de protección institucional que les permitió operar con ventajas ilegales dentro de Sinaloa, de acuerdo con una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra políticos y servidores públicos estatales.

El documento, de 34 páginas y hecho público el 29 de abril, detalla cómo esta facción del Cártel de Sinaloa habría recibido filtraciones de operativos federales, permisos para vender droga sin intervención policial y facilidades para portar armas de fuego, todo a cambio de pagos constantes.

A cambio de sobornos habituales, los acusados permitieron a Los Chapitos traficar toneladas de narcóticos y cometer actos de violencia con total impunidad”, señala la acusación presentada durante el gobierno de Donald Trump.

Información confidencial, protección y detenciones selectivas

Según los fiscales estadounidenses, los funcionarios involucrados habrían ofrecido tres servicios clave:

Mundo

A un mes de la entrega de Enrique Díaz Vega, no hay registros en prisiones ni cortes de Estados Unidos y su paradero sigue sin confirmarse pese a las acusaciones federales en el caso Sinaloa

• Alertas anticipadas sobre investigaciones, cateos e incautaciones planeadas por fuerzas federales, incluida la DEA.
• Permiso tácito para vender drogas en la vía pública y portar armas sin interferencia.
• Protección selectiva, evitando detenciones de integrantes de Los Chapitos y ordenando capturas contra grupos rivales.

Las autoridades sostienen que estas acciones permitieron al grupo criminal consolidar su control territorial y operativo en el estado.

Te puede interesar: ¿Por qué dos ex funcionarios de Rocha Moya se entregaron a los Estados Unidos?

Sobornos mensuales para frenar operativos federales

Entre 2021 y septiembre de 2024, Los Chapitos habrían pagado alrededor de 11 mil dólares mensuales a Dámaso Castro Zaavedra, entonces vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa.

A cambio, el funcionario presuntamente alertaba sobre operativos en curso y objetivos específicos de agencias estadounidenses. Seis días después de que se hicieron públicas las acusaciones, Castro solicitó licencia sin goce de sueldo.

La Policía de Investigación, pieza clave en la red de protección

La acusación señala que desde 2017, dos jefes consecutivos de la Policía de Investigación estatal —Marco Antonio Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”— habrían recibido unos 16 mil dólares mensuales cada uno.

Los fiscales aseguran que ambos permitieron el libre tránsito de químicos para producir fentanilo, liberaron a integrantes detenidos y emitieron órdenes de captura contra enemigos del grupo criminal.

Incluso, el acuerdo inicial habría sido pactado directamente con Iván y Ovidio Guzmán en un rancho de Sinaloa.

Alertas para evacuar laboratorios y evitar decomisos

En 2023 y 2024, Gerardo Mérida Sánchez, entonces secretario de Seguridad Pública estatal, habría recibido más de 100 mil dólares mensuales por advertir con antelación al menos diez redadas contra narcolaboratorios.

Estas alertas permitieron evacuar personal y droga antes de que las autoridades llegaran, frustrando decomisos y detenciones.

México

A 45 días de asumir como gobernadora interina, Yeraldine Bonilla mantiene silencio público mientras la violencia continúa en Sinaloa y crecen las críticas por la falta de liderazgo visible en una crisis que afecta a miles de ciudadanos

Municiones, armas y control policial desde dentro

El expediente también acusa a mandos de la Policía Estatal de vender munición y cargadores para rifles de asalto, liberar a detenidos armados y alterar reportes oficiales para ocultar delitos.

A nivel municipal, el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, habría recibido más de 10 mil dólares mensuales para permitir que el grupo criminal operara sin interferencias dentro del municipio.