Se entrega en Nueva York Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Rubén Rocha Moya y enfrenta cargos por presuntos nexos con “Los Chapitos”

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregó voluntariamente a las autoridades en Nueva York, Estados Unidos. El hecho fue comunicado por autoridades estadounidenses al gobierno mexicano y marca el inicio formal de un proceso judicial bajo la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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Acusaciones formales contra el exfuncionario

El exfuncionario de 50 años está acusado de participar en presuntas actividades de conspiración para la importación de narcóticos, así como de posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Además, se le señala de conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que de resultar comprobados podrían derivar en cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

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Los líderes de “Los Chapitos”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mantienen conversaciones con autoridades de Estados Unidos para negociar su rendición pactada

Detalles sobre su entrega y custodia

Díaz Vega fue detenido en Europa, donde acordó su entrega a las autoridades estadounidenses. Actualmente permanece bajo custodia del US Marshals Service en Nueva York. La extradición voluntaria permitió agilizar el inicio del proceso sin disputas legales adicionales sobre su identidad o traslado.

Presuntos vínculos con “Los Chapitos”

En la acusación formal se menciona que Díaz Vega habría funcionado como un canal de comunicación con el cártel conocido como “Los Chapitos”, mediante el cual se enviaban mensajes al mandatario estatal de Sinaloa. La Fiscalía indica que, previo a las elecciones de 2021, Díaz Vega se habría reunido con Iván y Alfredo Guzmán, hijos de “El Chapo” Guzmán, a quienes habría entregado una lista de adversarios políticos de Rocha Moya, presuntamente con la intención de intimidarlos.

El caso se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha solicitado a fiscalías federales a nivel nacional aumentar las acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de narcotráfico, incluyendo delitos relacionados con terrorismo, según reportes de The New York Times.

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