Despidos por un “like”: Windarmex dio de baja a trabajadores que exigieron utilidades en redes sociales y bloqueó sus códigos QR para impedirles el acceso al puerto de Altamira tras expulsarlos de los grupos de WhatsApp de la empresa sin previo aviso

Un grupo de 12 empleados de la empresa Windarmex, dedicada a la infraestructura para energía eólica en el puerto de Altamira, denunció haber sido víctima de un despido injustificado ejecutado mediante controles digitales. Los afectados aseguran que la compañía de origen español los separó de sus cargos como represalia por interactuar en redes sociales con publicaciones que exigían el pago del reparto de utilidades.

De acuerdo con información de El Sol de Tampico, la empresa no emitió notificaciones formales por escrito. En su lugar, los trabajadores descubrieron su baja al ser expulsados de los grupos de WhatsApp institucionales y, posteriormente, al intentar ingresar a la planta, donde confirmaron que sus códigos QR de acceso habían sido desactivados por el área de Recursos Humanos.

¿Cómo detectó la empresa las interacciones de los empleados en redes sociales?

Los denunciantes indicaron que desde hace semanas existía una molestia generalizada por la falta de transparencia en el pago de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025. Ante el silencio administrativo, varios trabajadores comenzaron a utilizar plataformas digitales para manifestar su inconformidad y exigir el cumplimiento de esta prestación de ley.

Dinero

Ley Federal del Trabajo confirmó que por estos comportamientos tan comunes el patrón puede despedir a sus empleados sin darles ninguna indemnización

La empresa, lejos de abrir canales de diálogo, inició un monitoreo de las publicaciones. Según los testimonios, Windarmex identificó a quienes dieron “like”, reaccionaron o compartieron las quejas laborales. “Solamente nos atrevimos a manifestarnos en redes sociales para pedir algo que creemos justo y ahora nos están coartando el derecho a manifestarnos libremente”, señalaron los afectados.

¿De qué manera se aplicó el bloqueo digital en el puerto de Altamira?

La logística del despido se concretó a través de la infraestructura tecnológica que controla el acceso al puerto. Los trabajadores, al llegar a las casetas de vigilancia de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), se percataron de que sus pases electrónicos ya no funcionaban.

El personal de seguridad de la ASIPONA les impidió el paso debido a que el lector electrónico arrojó que sus códigos QR habían sido dados de baja por el sistema central de la empresa. Esta medida les impidió físicamente llegar a la planta para solicitar una explicación o intentar cumplir con su jornada laboral, dejándolos en una situación de indefensión jurídica.

¿Qué acciones legales emprenderán los trabajadores despedidos?

Los doce obreros, entre los que se encuentran José Luis Hernández García e Iván Lara, solicitaron la intervención de las autoridades laborales para revisar la legalidad de estas bajas. Sostienen que en ningún momento incurrieron en faltas graves dentro del centro de trabajo y que el uso de sus redes sociales personales no debe ser motivo de rescisión de contrato.

Los denunciantes exigen que se verifique si Windarmex incurrió en una violación a sus derechos laborales y a su libertad de expresión al utilizar la tecnología de acceso portuario como una herramienta de castigo. Adicionalmente, hicieron un llamado para que se investigue el presunto incumplimiento en el reparto de utilidades que originó el conflicto.

¿Cuál es el impacto para el sector de energía eólica en la región?

La situación ha generado un clima de incertidumbre en el complejo industrial de Altamira, especialmente en el sector de fabricación de torres de acero para aerogeneradores, donde la empresa es un actor relevante. Los trabajadores advierten que este método de despido mediante bloqueos digitales busca intimidar al resto de la plantilla para frenar futuras demandas económicas.

Hasta el momento, la empresa de capital español no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones de represalia laboral. Mientras tanto, los afectados aseguran que continuarán con las denuncias públicas hasta que exista un pronunciamiento de las instancias de conciliación y arbitraje sobre el uso de controles digitales para notificar despidos.