Casi un millón de pesos en medicamentos para el cáncer caducaron en las farmacias de dos hospitales de Veracruz sin ser entregados a los pacientes y ahora las autoridades investigan una presunta negligencia administrativa para sancionar a los responsables de esta pérdida de tratamientos oncológicos
El Órgano Interno de Control analiza la ruta de los fármacos desde su ingreso al almacén hasta su llegada a las farmacias del Hospital Dorantes Mesa y el Hospital Luis F. Nachón

El Gobierno de Veracruz confirmó el inicio de una investigación oficial tras detectarse que medicamentos oncológicos con un valor cercano al millón de pesos caducaron en los inventarios de dos hospitales públicos sin ser utilizados. El caso ha generado una auditoría para determinar si existió omisión o negligencia por parte de servidores públicos.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, la Secretaría de Salud de Veracruz desechó los fármacos que vencieron en las farmacias del Hospital Centro Estatal de Cancerología “Doctor Miguel Dorantes Mesa” y del Hospital Regional “Doctor Luis F. Nachón”. El Órgano Interno de Control ya analiza la trazabilidad de estas unidades para identificar en qué punto de la cadena de suministro se detuvo su distribución.
¿Qué hospitales de Veracruz reportaron las medicinas caducadas?
La pérdida económica y de salud se concentró en dos de las instituciones con mayor demanda de pacientes con cáncer en la entidad. En el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) y en el Hospital Luis F. Nachón, las auditorías revelaron que los lotes de medicina oncológica permanecieron almacenados hasta superar su fecha de expiración.
Adicionalmente, se investigan reportes y evidencia visual proveniente del Hospital “Bernardo Peña”, en el municipio de San Andrés Tuxtla, donde se denunció la presencia de más cajas de medicamentos supuestamente vencidos. La gobernadora Rocío Nahle García señaló que el foco de la investigación está sobre los directivos y encargados de farmacia de estos centros médicos.
¿Cómo se realizará la investigación de la trazabilidad?
La autoridad estatal explicó que el proceso consiste en revisar el historial del medicamento desde que ingresó al almacén central hasta que fue enviado a los hospitales. El objetivo es determinar si las unidades llegaron con poco margen de caducidad o si, habiendo llegado a tiempo, el personal hospitalario no las entregó a los pacientes.
“Si el medicamento del almacén llegó al hospital en tiempo y forma y en el hospital no se utilizó, va a haber responsabilidades”, advirtió la mandataria estatal. El Órgano Interno de Control busca documentar si hubo fallos en los sistemas de inventario o si se trató de una desatención directa por parte de los responsables de las farmacias hospitalarias.
¿Cuáles son las posibles sanciones por este desecho de medicamentos?
La ley de responsabilidades administrativas contempla sanciones que van desde la amonestación y la suspensión, hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas por el daño causado al erario. En este caso, el costo de los fármacos oncológicos desechados asciende a casi un millón de pesos.
Esta pérdida ocurre en un contexto de alta sensibilidad social, pues las familias de personas con cáncer en Veracruz han denunciado históricamente dificultades para acceder a tratamientos oportunos. La administración estatal aseveró que se han implementado medidas como las “camionetas de la salud” y revisiones constantes de inventarios para evitar que estos incidentes se repitan.
¿Qué impacto tiene la caducidad de fármacos en la atención oncológica?
El desecho de tratamientos oncológicos representa un obstáculo crítico para la atención de los enfermos, quienes requieren continuidad en sus esquemas de quimioterapia. La pérdida de estos insumos afecta directamente la capacidad de respuesta de los hospitales públicos frente a una enfermedad que no permite retrasos en su tratamiento.
La investigación en curso pretende asegurar que el abasto de medicamentos en farmacias y centros de salud se gestione de forma eficiente. El gobierno de Veracruz subrayó que el objetivo es garantizar que los recursos públicos destinados a la salud se utilicen íntegramente en beneficio de los pacientes, eliminando cualquier margen de impunidad en la administración de fármacos sensibles.
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