El Imparcial / México / anticorrupción

La Secretaría Anticorrupción inhabilitó por 10 años a exfuncionarios del Banco del Bienestar y del SAT que robaban dinero de cuentahabientes y vendían citas oficiales mediante el uso ilegal de datos personales de los contribuyentes según la resolución del Tribunal Federal

La dependencia federal acreditó faltas administrativas graves relacionadas con el retiro no autorizado de fondos de ahorradores y el uso de información no verídica en conciliaciones bancarias

La Secretaría Anticorrupción inhabilitó por 10 años a exfuncionarios del Banco del Bienestar y del SAT que robaban dinero de cuentahabientes y vendían citas oficiales mediante el uso ilegal de datos personales de los contribuyentes según la resolución del Tribunal Federal

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la aplicación de sanciones e inhabilitaciones contra cuatro exservidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (BANBIEN) tras acreditarse su participación en actos de corrupción. Las resoluciones, emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contemplan el veto para ejercer cargos públicos por periodos de hasta una década y el pago de multas económicas.

De acuerdo con información publicada por El Universal, las investigaciones fueron realizadas por los Órganos Internos de Control, los cuales detectaron irregularidades graves en el manejo de recursos públicos y en la gestión de servicios a la ciudadanía. La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, advirtió que defenderá estas resoluciones ante posibles impugnaciones para garantizar la política de cero impunidad.

¿Qué irregularidades se detectaron en el SAT?

En el caso del Servicio de Administración Tributaria, las indagatorias se centraron en la actuación de Víctor R., quien se desempeñaba como ex subadministrador de Servicios al Contribuyente. La autoridad acreditó que el exfuncionario participó en la asignación irregular de citas para trámites oficiales.

El esquema consistía en el uso de datos personales de contribuyentes que no contaban con registro en el portal oficial de la institución para gestionar los turnos de atención de manera externa. Por esta falta administrativa grave, el tribunal le impuso una inhabilitación por un año para desempeñar cualquier cargo en el sector público.

¿Cómo operaba el desvío de recursos en el Banco del Bienestar?

La situación en el Banco del Bienestar involucró a tres exservidores públicos señalados por comprometer el patrimonio de los usuarios. Las investigaciones demostraron que en dos de los casos se realizaron retiros de recursos de cuentas bancarias sin el consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto que supera los 275 mil pesos.

Adicionalmente, se detectó un tercer caso relacionado con la realización de conciliaciones bancarias utilizando información no verídica. Por la gravedad de estas faltas, el tribunal impuso la sanción máxima de 10 años de inhabilitación y multas económicas a los siguientes implicados:

  • Juan D., exsubjefe de área.
  • Orlando P., exauxiliar de sucursal.
  • Marco M., exasistente administrativo.

¿A cuánto ascienden las sanciones económicas impuestas?

La Secretaría Anticorrupción detalló que las multas económicas fijadas para los cuatro sancionados oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos, dependiendo del grado de responsabilidad y el daño causado al erario o a particulares. Estas cifras buscan resarcir las irregularidades cometidas durante sus respectivos encargos.

La dependencia señaló que, aunque los exfuncionarios tienen derecho a impugnar las resoluciones, la secretaría actuará con firmeza para sostener los castigos, argumentando que los expedientes están respaldados en evidencia sólida y apegados a derecho.

¿Cómo pueden los ciudadanos denunciar actos de corrupción?

Como parte de su estrategia para fortalecer la cultura de la honestidad, la institución federal instó a la población a utilizar el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) para reportar cualquier conducta irregular de la que sean testigos en el sector público.

La autoridad recordó que la denuncia es un deber cívico indispensable para proteger los recursos públicos. Para ello, puso a disposición la plataforma digital oficial (sidec.buengobierno.gob.mx), donde se pueden iniciar procesos de investigación contra funcionarios que incurran en prácticas de cohecho, peculado o abuso de funciones.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados