Más de 2 mil 400 empresas falsearon información para obtener contratos del Gobierno de México y recibieron multas por 2 mil 182 millones de pesos e inhabilitaciones de hasta siete años

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 2 mil 406 empresas fueron sancionadas desde 2005 después de que autoridades federales detectaron información falsa o irregularidades relacionadas con contrataciones públicas, de acuerdo con una revisión de El Universal al directorio oficial de proveedores y contratistas sancionados. Los casos afectan procesos para contratar servicios de salud, obras, infraestructura hidráulica, tecnología y proyectos militares. Lo confirmado son multas, inhabilitaciones y resoluciones administrativas; estos registros no demuestran por sí mismos que en todos los expedientes se concretara un pago ni que exista una sentencia penal por fraude. Para el ciudadano, la cifra muestra cómo se protege el dinero público y por qué es necesario revisar si una empresa está impedida legalmente para contratar con el gobierno.

Las multas acumuladas ascienden a 2 mil 182 millones 886 mil 282 pesos. Las empresas fueron inscritas en un directorio que permite a las dependencias consultar si un proveedor está sancionado antes de adjudicarle recursos públicos.

Las restricciones documentadas en los casos citados van desde tres meses hasta siete años. Una vez que termina la inhabilitación, la empresa puede volver a concursar, siempre que no tenga otra sanción vigente o algún impedimento legal adicional.

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¿Qué hicieron las empresas para ser sancionadas?

Las conductas detectadas no fueron iguales en todos los expedientes. Entre las irregularidades reportadas se encuentran:

• Presentar documentos o datos que no correspondían con la realidad.
• Entregar constancias fiscales o técnicas falsas.
• Simular condiciones para cumplir los requisitos de una licitación.
• Coordinar propuestas para repartirse partidas de un contrato.
• Abandonar obras después de recibir recursos.
• Incumplir las obligaciones establecidas en una adjudicación.

Estas prácticas pueden distorsionar una licitación, impedir una competencia en igualdad de condiciones y poner en riesgo recursos destinados a servicios públicos.

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¿Qué dependencias registran más expedientes?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra el mayor número de procedimientos reportados, con 475 expedientes que terminaron en multas superiores a 230 millones de pesos.

Le siguen:

• Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: 320 expedientes y sanciones por 172 millones 891 mil pesos.
• Secretaría de la Defensa Nacional: 159 expedientes y multas por 90 millones 179 mil pesos.
• ISSSTE: 121 empresas sancionadas y multas que, en conjunto, alcanzan aproximadamente mil 246 millones de pesos.

La cantidad de expedientes no necesariamente coincide con el monto económico. Una dependencia puede tener menos casos, pero concentrar sanciones de mayor valor.

¿Por qué el ISSSTE concentra las multas más altas?

Aunque el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ocupa el quinto lugar por número de empresas involucradas, acumula las sanciones económicas más elevadas.

Una parte importante proviene de procedimientos relacionados con análisis clínicos y servicios de banco de sangre.

En agosto de 2022, la entonces Secretaría de la Función Pública sancionó a varias compañías por coordinar sus propuestas para beneficiarse entre ellas y repartirse partidas de contrataciones del ISSSTE.

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Entre las empresas señaladas se encuentran:

• Servicios de Mínima Invasión.
• Proyectos en Procesos de Recursos Humanos.
• Servad Promo Asistencial.
• DAI Servicios.
• Int-Per.
• Impromed.

Cada una recibió una multa de 100 millones 243 mil pesos y una inhabilitación de siete años, de acuerdo con las resoluciones difundidas por la autoridad.

El mecanismo consistía en acordar previamente qué partidas buscaría obtener cada participante. Esta coordinación eliminaba la competencia real y les permitía distribuirse los servicios contratados.

¿Qué pasó con la obra naval abandonada en Isla Socorro?

Otro expediente corresponde a Obras y Proyectos de Infraestructura, empresa que obtuvo en junio de 2021 una licitación para construir una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima en Isla Socorro, Colima.

De acuerdo con la revisión periodística, la compañía recibió recursos y después abandonó la obra. La autoridad le impuso una multa de 2 millones 418 mil pesos y una inhabilitación de cinco años.

Ese periodo terminó en junio de 2026. Esto significa que la empresa puede volver a participar legalmente en procedimientos de contratación, pero no implica que haya recibido nuevos contratos ni que tenga garantizada una adjudicación.

¿Cuáles fueron las sanciones recientes por contratos de agua y software?

En diciembre de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a cuatro compañías por presentar información falsa en distintos procedimientos.

Las sanciones correctas fueron:

• Constructora Rusva: multa de 977 mil 130 pesos e inhabilitación por un año y seis meses.
• B&G Construcción y Rehabilitación de Redes: multa de 977 mil 130 pesos e inhabilitación por un año y seis meses.
• Eyasa: multa de 814 mil 275 pesos e inhabilitación por un año y tres meses.
• Mustache Software: multa de 155 mil 610 pesos e inhabilitación por tres meses.

Los casos de Constructora Rusva y B&G estuvieron relacionados con contratos de la Comisión del Agua del Estado de México para rehabilitar un sistema de agua potable en Acambay y perforar un pozo profundo en Tultepec.

Eyasa fue sancionada por documentación relacionada con un diagnóstico sobre captación y aprovechamiento de agua de lluvia en comunidades rurales. Mustache Software presentó información falsa en una licitación electrónica de la Lotería Nacional para servicios de desarrollo y procesamiento de sistemas.

“Mentir para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, señaló la Secretaría Anticorrupción al informar sobre sanciones por conductas similares.

¿Cuántas empresas fueron sancionadas durante 2025 y 2026?

Desde 2018, el número de empresas sancionadas se había mantenido en un promedio cercano a 80 por año, según la revisión publicada.

Durante 2025, primer año completo de operación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cifra aumentó a 102 compañías.

El análisis periodístico contabiliza otras 37 empresas sancionadas durante 2026, con multas superiores a 21 millones de pesos e inhabilitaciones de hasta dos años y seis meses. Estas cifras deben entenderse como el resultado de la revisión del directorio, pues no se localizó un informe oficial consolidado con ese corte.

¿La sanción contra Abastecedora de Insumos para la Salud es de 2026?

No. La multa de un millón 51 mil 500 pesos y la inhabilitación por dos años y seis meses fueron impuestas en julio de 2020.

La entonces Secretaría de la Función Pública determinó que Abastecedora de Insumos para la Salud proporcionó información falsa durante una licitación para comprar medicamentos y material de curación, convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

Por esa razón, el caso puede utilizarse como antecedente dentro del registro histórico, pero no como una nueva sanción aplicada durante 2026.

¿Qué significa que una empresa esté inhabilitada?

La inhabilitación impide que una compañía participe, de manera directa o mediante intermediarios, en licitaciones y contratos con dependencias federales durante el periodo establecido.

La restricción también puede aplicar a contrataciones estatales o municipales cuando se utilicen recursos federales.

Antes de adjudicar un contrato, las instituciones deben revisar el directorio de proveedores sancionados. Las empresas, por su parte, pueden utilizar los medios legales disponibles para impugnar una resolución.

¿Por qué estos registros importan para la ciudadanía?

Los contratos gubernamentales se pagan con recursos públicos y están vinculados con servicios que utiliza la población: medicamentos, estudios clínicos, agua potable, obras, tecnología, seguridad y rescate.

Una sanción administrativa no recupera automáticamente todos los recursos ni garantiza que una obra inconclusa sea terminada. Sin embargo, permite identificar proveedores que incumplieron la ley, impedir temporalmente nuevas adjudicaciones y dejar un antecedente público para futuras contrataciones.

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