El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo tras ser señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en un caso que ya acumula cuatro funcionarios separados de sus cargos

El vicefiscal general del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó este martes una solicitud de licencia sin goce de sueldo tras ser incluido en la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y El Economista, Castro Zaavedra ocupaba el cargo de vicefiscal desde octubre de 2021 y manifestó su disposición para atender “cualquier requerimiento institucional” derivado de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.

¿Quién es Dámaso Castro Zaavedra y qué se le acusa?

Dámaso Castro Zaavedra es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en la acusación presentada el 30 de abril de 2026. El documento federal describe una presunta asociación entre altos funcionarios del gobierno de Sinaloa y mandos del Cártel de Sinaloa para distribuir “enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”, a cambio de apoyo político y protección institucional.

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Castro Zaavedra es identificado en esa acusación como parte del grupo de funcionarios que habrían facilitado esa operación desde posiciones dentro del aparato de seguridad y justicia del estado.

La acusación es un instrumento legal que establece cargos formales y no equivale a una sentencia condenatoria. Todos los señalados mantienen la presunción de inocencia conforme al derecho mexicano.

¿Quiénes más han solicitado licencia en el caso?

La de Castro Zaavedra es la más reciente de una serie de separaciones de cargo derivadas de la acusación federal. El caso acumula ya cuatro funcionarios apartados de sus posiciones:

• Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, cuya licencia de 30 días fue aprobada por el Congreso de Sinaloa el sábado 2 de mayo de 2026.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, quien también solicitó licencia provisional en los días posteriores al anuncio de la acusación.
• Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado, con la solicitud presentada este martes.

Entre los funcionarios señalados que hasta el momento no han solicitado licencia se encuentran el senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, y el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega.

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¿Qué dijo la FGR sobre la posibilidad de detener a los acusados?

El viernes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que no existen pruebas en este momento para proceder a la detención de ninguno de los funcionarios acusados por el gobierno estadounidense.

La declaración de la FGR es relevante en términos jurídicos porque establece que, desde la perspectiva de la autoridad federal mexicana, la acusación presentada en Nueva York no constituye por sí sola fundamento suficiente para iniciar un procedimiento de detención en México.

Esa postura es consistente con el marco constitucional mexicano, que no reconoce automáticamente las acusaciones de tribunales extranjeros como base para privar de libertad a ciudadanos en territorio nacional.

¿Cuál es la postura del gobierno federal mexicano?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado en múltiples ocasiones que su gobierno no aceptará intervenciones de gobiernos extranjeros en asuntos que corresponden a la soberanía y la justicia mexicana.

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Esa posición no implica una negativa a investigar los hechos señalados, sino la afirmación de que cualquier proceso judicial que involucre a funcionarios mexicanos debe seguir los cauces institucionales del sistema de justicia nacional, sin responder a presiones externas.

La FGR ha confirmado que tiene abierta una investigación sobre los hechos señalados en la acusación federal de Nueva York, aunque sin precisar plazos ni detallar las diligencias en curso.

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¿Qué sigue en el caso de los funcionarios de Sinaloa?

El escenario actual muestra un proceso que avanza en varios planos simultáneos:

• En el plano político, las licencias se multiplican y la presión sobre los funcionarios señalados aumenta desde la oposición, que exige desafuero y no solo separaciones temporales del cargo.
• En el plano judicial mexicano, la FGR investiga pero no ha presentado cargos formales ni solicitado medidas cautelares contra ninguno de los acusados.
• En el plano diplomático, el gobierno de Sheinbaum mantiene la postura de soberanía frente a las acusaciones de Washington, lo que descarta por ahora cualquier extradición o cooperación que implique reconocer la jurisdicción directa de los tribunales estadounidenses.

Para los habitantes de Sinaloa, el caso plantea una pregunta sin respuesta inmediata: quién conduce y con qué legitimidad las instituciones de seguridad y justicia de un estado donde el titular del Ejecutivo, el presidente municipal de su capital y el vicefiscal han solicitado licencia en el plazo de una semana.