Oposición entregó a la OEA un expediente de 53 páginas sobre una presunta “narcoelección” en Sinaloa y hoy revive tras el escrutinio de EEUU contra Rubén Rocha Moya: “Si no gana Rocha los vamos a matar”, habrían advertido a políticos
El documento entregado en Washington en 2021 describía secuestros, amenazas y presunta intervención del crimen organizado para favorecer la elección de Rubén Rocha Moya; ahora vuelve al centro de la discusión tras el escrutinio de agencias estadounidenses sobre el gobernador de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO.- En agosto de 2021, dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD viajaron a Washington D.C. para entregar un expediente de 53 páginas en el que denunciaron una presunta intervención del crimen organizado en las elecciones de México, particularmente en Sinaloa.
De acuerdo con información publicada por El Universal y documentos dirigidos a organismos internacionales, la oposición acusó que operadores políticos fueron secuestrados, amenazados y obligados a abandonar las calles durante la jornada electoral en la que resultó electo Rubén Rocha Moya.
La información retomó fuerza luego de que el nombre del gobernador sinaloense apareciera nuevamente bajo el escrutinio de autoridades de Estados Unidos, en medio de investigaciones y señalamientos relacionados con el Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
El expediente entregado hace casi cinco años advertía sobre una supuesta “narcoelección” y describía amenazas directas atribuidas a grupos criminales.
Según la documentación presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Departamento de Estado de EEUU, el Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oposición sostuvo que hubo una operación sistemática de intimidación para favorecer a candidatos de Morena en distintos municipios de Sinaloa.
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¿Quiénes entregaron la denuncia sobre la elección de Sinaloa en Washington?
La delegación estuvo integrada por Marko Cortés Mendoza, entonces dirigente nacional del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, y Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD.
El documento fue entregado el 23 de agosto de 2021 a Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA, además de funcionarios estadounidenses y representantes de organismos internacionales.
En la carta presentada, los dirigentes aseguraron que México atravesaba una crisis política y de seguridad, y denunciaron violencia electoral en distintas regiones del país.
El escrito también señalaba preocupaciones sobre la autonomía de organismos electorales y acusaba al gobierno federal de presionar a instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
¿Qué denunciaba el expediente sobre la elección en Sinaloa?
El núcleo de la denuncia era la presunta participación del crimen organizado en la elección de Sinaloa de 2021.
De acuerdo con el reporte citado por El Universal, el expediente documentaba levantones, amenazas y agresiones contra operadores de partidos de oposición en municipios como Culiacán, Badiraguato, Guasave, Concordia y Elota.
Uno de los casos relatados fue el de José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI en Culiacán, quien presuntamente fue privado de la libertad durante 50 horas antes de la elección.
Según el expediente, grupos armados buscaban impedir que representantes partidistas acudieran a vigilar las casillas.
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Testimonios incluidos en el documento señalaban amenazas directas como:
“Déjate de pendejadas. Mañana no te quiero ver en la calle”.
El expediente también citaba otra advertencia atribuida a presuntos sicarios:
“Si no gana Rocha los vamos a matar a todos”.
¿Qué municipios de Sinaloa fueron mencionados en la denuncia?
El informe mencionaba varios municipios donde presuntamente hubo actos de intimidación durante el proceso electoral.
Badiraguato
La candidata Guadalupe Iribe Gascón habría abandonado la contienda luego del secuestro de operadores políticos vinculados a su campaña.
Concordia
Según el expediente, el entonces candidato del PRD fue golpeado en su domicilio y obligado a abandonar el estado.
Guasave
La regidora Martha Yolanda Dagnino y otros funcionarios municipales habrían sido retenidos por grupos criminales hasta el cierre de casillas.
Culiacán
La capital sinaloense concentró parte importante de los testimonios relacionados con levantones y amenazas a estructuras electorales.
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¿Qué cifras nacionales incluía la denuncia de la oposición?
El expediente de 53 páginas también incluyó una recopilación nacional sobre violencia político-electoral durante el proceso 2020-2021.
Entre los datos incluidos estaban:
- Mil 66 delitos y agresiones contra políticos y electores
- 102 homicidios dolosos de figuras políticas
- 693 víctimas directas
- Un incremento de 68% respecto al proceso electoral anterior
- 35 agresiones diarias durante la semana previa a la elección
- El 24% de los ataques habría sido ejecutado por comandos armados
La oposición sostuvo en ese momento que la violencia alteró condiciones de competencia en distintas regiones del país.
¿Por qué volvió a resurgir este expediente en 2026?
El documento volvió al debate público luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya quedara nuevamente bajo atención mediática y política tras reportes sobre investigaciones estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y el Cártel de Sinaloa.
Aunque las autoridades de Estados Unidos no han presentado públicamente una acusación judicial formal contra Rocha Moya en este contexto específico, el caso volvió a tomar relevancia debido a las referencias hechas por actores políticos y reportes periodísticos tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
El expediente entregado en 2021 es retomado ahora como antecedente de las acusaciones que la oposición ya había planteado ante organismos internacionales sobre presunta intervención criminal en el proceso electoral sinaloense.
Hasta el momento, Rubén Rocha Moya ha rechazado en distintas ocasiones cualquier vínculo con grupos criminales.
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