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La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud de detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha tras cargos federales por narcotráfico presentados en Estados Unidos y turnó el caso a la FGR para que evalúe si existen elementos probatorios bajo la legislación mexicana

La SRE advirtió que los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no cuentan con elementos suficientes para determinar responsabilidad, pero será la Fiscalía General de la República quien resuelva la viabilidad del proceso

La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud de detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha tras cargos federales por narcotráfico presentados en Estados Unidos y turnó el caso a la FGR para que evalúe si existen elementos probatorios bajo la legislación mexicana

El gobierno de Estados Unidos presentó cargos penales federales por narcotráfico contra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, y otras nueve personas. Como parte de ese proceso, la administración de Donald Trump formalizó ante México una solicitud de detención provisional con fines de extradición, que fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con un comunicado oficial de la SRE e información de El Universal, la dependencia turnó de inmediato la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea evaluada conforme a la legislación mexicana y al Tratado de Extradición bilateral entre México y Estados Unidos.

¿Qué dijo la SRE sobre los documentos recibidos?

La Secretaría de Relaciones Exteriores fue explícita en su valoración jurídica preliminar. Según su comunicado, los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas cuya detención se solicita.

La dependencia precisó que, no obstante esa valoración inicial, el procedimiento legal obliga a trasladar el caso a la FGR. Será esa institución la que determine, bajo los criterios del sistema jurídico mexicano, si existen elementos probatorios que justifiquen proceder con las solicitudes de detención provisional.

EEUU acusa a Rubén Rocha Moya de llegar a la gubernatura de Sinaloa con apoyo de Los Chapitos y asegura que después protegió el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Foto: Especial (Reuters/Gobierno de Sinaloa)

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¿Por qué México enviará un extrañamiento diplomático a Estados Unidos?

La SRE también anunció que enviará un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos por la manera en que se dio a conocer públicamente la solicitud de extradición.

La dependencia argumentó que los tratados bilaterales vigentes incluyen disposiciones específicas que establecen la confidencialidad de este tipo de información. Al haberse revelado antes de que México completara su revisión jurídica interna, el gobierno mexicano consideró que se violaron esas disposiciones y activó el mecanismo diplomático correspondiente.

¿Qué establece la Ley de Extradición Internacional de México?

Bajo la Ley de Extradición Internacional vigente en México, cuando el gobierno recibe una solicitud formal de otro país, la SRE tiene la obligación de remitirla a la FGR para su análisis. La Fiscalía evalúa si los elementos aportados por el país solicitante son suficientes para justificar una detención provisional y, en su caso, si el proceso de extradición es viable conforme al derecho mexicano.

El tratado bilateral entre México y Estados Unidos establece condiciones específicas que deben cumplirse para que una solicitud de extradición avance. Entre ellas, que los hechos imputados constituyan un delito en ambos países y que existan elementos probatorios mínimos para sustentar los cargos.

El mandatario estatal explicó que se manejan dos líneas principales de investigación: la primera, que los agentes fueron atacados por cumplir correctamente con su deber, y la segunda, que exista desconfianza hacia algunos elementos por posibles vínculos con actividades ilícitas.  Foto: Rubén Rocha Moya en X.

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¿Quién es Rubén Rocha y cuáles son los cargos en su contra?

Rubén Rocha Moya es el gobernador en funciones del estado de Sinaloa, entidad con una larga historia vinculada al tráfico de drogas y sede histórica del Cártel de Sinaloa. Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos son de naturaleza federal y están relacionados con narcotráfico.

La acusación lo coloca junto a otras nueve personas en un caso que, de prosperar el proceso de extradición, representaría uno de los episodios más significativos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de cooperación judicial.

¿Qué sigue ahora en el proceso legal?

El siguiente paso formal está en manos de la FGR. La Fiscalía deberá revisar los documentos recibidos y emitir una determinación sobre si los elementos probatorios aportados por Estados Unidos son suficientes bajo el marco legal mexicano.

Si la FGR considera que los requisitos se cumplen, el caso avanzaría hacia una audiencia ante un juez federal en México, quien tendría la última palabra sobre la procedencia de la detención provisional y, eventualmente, de la extradición. Si la FGR concluye que los elementos son insuficientes, el proceso quedaría detenido en esa etapa.

La posición inicial de la SRE —que los documentos no contienen elementos de prueba suficientes— no es vinculante para la Fiscalía, pero marca el tono con el que el gobierno mexicano está recibiendo esta solicitud.

PAN presiona en el Senado por acusaciones de EU contra Rocha Moya. Foto: Gobierno de Sinaloa, Facebook Pan y Canvas

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¿Cómo afecta esto a la relación entre México y Estados Unidos?

Este caso llega en un momento de tensión diplomática entre ambos países. La administración de Trump ha presionado públicamente a México en materia de seguridad y combate al narcotráfico, y la presentación de cargos contra un gobernador en funciones eleva considerablemente la intensidad de esa presión.

El extrañamiento diplomático anunciado por la SRE indica que el gobierno mexicano no está dispuesto a recibir este tipo de solicitudes fuera de los canales y protocolos establecidos en los tratados bilaterales, independientemente del contenido de los cargos.

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