Casi 4,000 militares con posibles vínculos con el narco fueron identificados por la propia Sedena entre 2012 y 2020, pero en 16 años de historia solo uno llegó a ser sentenciado penalmente
Una tesis interna hackeada por Guacamaya revela que la institución conocía el problema desde adentro. Si la cifra se extrapola a toda la fuerza operativa, podrían ser hasta 14,000 elementos en riesgo
¿De dónde viene esta información y qué tan confiable es?
La fuente es un documento interno de la propia Sedena. Se trata de una tesis de Maestría en Seguridad Nacional presentada en agosto de 2021 por un coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor.
Según información publicada por Infobae y el medio RíoDoce, el documento no llegó a la opinión pública por canales oficiales sino a través del colectivo hacktivista Guacamaya, que lo filtró junto a millones de archivos robados a la institución militar.
El estudio no es una denuncia externa ni una acusación política. Es un análisis elaborado dentro de la misma institución, con datos de los propios exámenes de control de confianza aplicados por la Unidad de Control de Confianza (UCC) de la Sedena. Eso le da un peso particular: la institución se estaba evaluando a sí misma y el resultado fue alarmante.
¿Cuántos militares están involucrados y en qué período?
El estudio analizó los exámenes de 45,574 militares evaluados entre 2012 y 2020, abarcando el sexenio completo de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El resultado: el 8.7% de los evaluados, es decir, 3,968 elementos, no cumplió con el perfil requerido al presentar posibles vínculos con grupos criminales.
Pero la cifra más preocupante es la proyección. Si ese porcentaje se extrapolaba a la fuerza total operativa de la Sedena, el número de efectivos en situación de riesgo podría alcanzar los 14,394.
¿En qué año fue peor el problema?
El punto más alto se registró al final del gobierno de Peña Nieto. En 2018, el 19.1% de los 2,627 militares evaluados ese año presentó presuntas relaciones con el narcotráfico. Prácticamente uno de cada cinco.
Durante la administración de López Obrador la tendencia se mantuvo elevada. En 2019, el 14.1% de 4,358 efectivos presentó posibles nexos. En 2020, la proporción fue del 12.5% entre 3,880 evaluados.
¿El problema llegó hasta los altos mandos?
Sí. El documento señaló que los vínculos entre militares y la delincuencia organizada alcanzaron desde altos mandos hasta rangos inferiores.
La detección de estos casos requirió investigaciones prolongadas y, en varias ocasiones, se supo de su existencia solo después de detenciones o muertes de personas con antecedentes militares.
¿Cuántos fueron realmente procesados?
Aquí está el dato más revelador de todo el estudio. Entre 2012 y 2020, únicamente siete militares enfrentaron procesos en prisiones castrenses por delitos contra la salud y traición a las fuerzas armadas.
En el ámbito civil, 124 elementos fueron procesados en 2020 y 2021, la mayoría adscritos a la I Región Militar en la Ciudad de México y la VI Región Militar en Veracruz.
El dato histórico es el más contundente: entre 2000 y 2016, solo un militar fue sentenciado penalmente. Otras 18 causas no prosperaron por falta de pruebas, amparos o debilidades en los procesos judiciales.
¿Qué pasó con los pilotos de la Fuerza Aérea?
La investigación también abarcó a la Fuerza Aérea Mexicana. Entre 2012 y 2020, 69 integrantes desertaron y 169 pidieron su baja.
Aunque la mayoría se integró a empresas de aviación civil, el estudio advirtió que no se descartó que algunos pudieran haber sido cooptados por organizaciones criminales para el transporte de droga en aeronaves.
¿Cómo se conecta esto con Los Zetas y el CJNG?
El informe no dejó ese punto en abstracto. Señaló el caso de Los Zetas como el ejemplo más emblemático de cómo desertores con adiestramiento militar especializado fundaron una organización criminal.
También hizo referencia al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se detectó la presencia de exmilitares en tareas de capacitación y liderazgo dentro de la estructura criminal.
¿Qué riesgos concretos identificó el estudio?
El autor fue específico sobre las consecuencias de permitir que personal vinculado al crimen permaneciera dentro de las fuerzas armadas. Entre los riesgos enumerados están las filtraciones de información sobre operativos, el asesinato de mandos militares, la pérdida de confianza ciudadana y el consumo o venta de drogas en instalaciones militares.
El documento también señaló que la Guardia Nacional, con 64,457 elementos de integración mayoritariamente militar en servicio activo, tampoco estuvo exenta de estos riesgos.
¿Qué propuso el estudio para resolver el problema?
La investigación recomendó crear Centros de Reclutamiento para aplicar exámenes de control de confianza con tecnología avanzada antes del ingreso al servicio activo, así como realizar monitoreos periódicos durante toda la carrera militar o policial.
La propuesta parte de un reconocimiento implícito: el problema no es nuevo, pero la institución tardó demasiado en documentarlo con rigor y, más aún, en actuar en consecuencia.
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