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Indígenas rarámuri son desplazados por la violencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, mientras organizaciones civiles alertan abandono del Estado y una crisis humanitaria que ya afecta a miles de familias en Chihuahua

Organizaciones que acompañan a comunidades indígenas advierten que la violencia no sólo viene de los grupos armados, sino del abandono de las autoridades, que ha dejado a miles de personas sin seguridad, servicios básicos ni garantías para volver a sus hogares.

Indígenas rarámuri son desplazados por la violencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, mientras organizaciones civiles alertan abandono del Estado y una crisis humanitaria que ya afecta a miles de familias en Chihuahua

CHIHUAHUA — Organizaciones civiles que acompañan a pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara denunciaron que el desplazamiento forzado interno en Chihuahua se ha convertido en una crisis estructural que las autoridades de los tres niveles de gobierno han dejado avanzar sin una respuesta integral.

A dos meses de que alrededor de 600 personas fueran desplazadas del seccional Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, los colectivos Alianza Sierra Madre y Consultoría Técnica Comunitaria exigieron atender las causas de fondo del fenómeno y no sólo las emergencias visibles.

Violencia constante y control del territorio

Las organizaciones señalaron que la violencia en la región no ha disminuido desde la estrategia federal de “combate al narcotráfico”; por el contrario, se ha intensificado y hoy mantiene a comunidades enteras bajo amenazas, ataques armados y control territorial de grupos criminales.

Este contexto, advirtieron, impide que las familias desarrollen su vida con normalidad y limita el acceso a derechos básicos como educación, salud y alimentación, obligándolas a huir para sobrevivir.

Abandono institucional y criminalización de las víctimas

Los colectivos acusaron que la violencia que enfrentan las comunidades no es sólo criminal, sino también estructural, marcada por el abandono de las instituciones públicas y la falta de estrategias de seguridad coordinadas.

Además, denunciaron que las autoridades minimizan la gravedad del problema, criminalizan a las víctimas y han rechazado el diálogo con las organizaciones que documentan los desplazamientos.

Habitantes de Guadalupe y Calvo y del seccional de Atascaderos fueron desplazados tras enfrentamientos armados; organizaciones civiles advierten que muchos aún no pueden regresar a casa.

Desplazamientos visibles… y otros que nadie registra

Advirtieron que los desplazamientos masivos que aparecen en medios no reflejan la dimensión real del problema. Existe un desplazamiento silencioso y cotidiano que ha vaciado pueblos completos, arrebatando a las familias su patrimonio, su seguridad y, en muchos casos, la vida.

Sólo una parte ha podido regresar

Entre el 18 y el 27 de febrero, cientos de personas desplazadas fueron atendidas en albergues de Chihuahua capital y Parral; otras se trasladaron a Cuauhtémoc y Delicias.

Un mes después, apenas unas 200 personas regresaron a sus comunidades con acompañamiento policial y militar.

El fiscal estatal César Jáuregui Moreno reconoció que menos de la mitad de los desplazados ha retornado y admitió que alrededor de 400 personas siguen sin volver.

Miles de víctimas, muchas sin denuncia

Según Alianza Sierra Madre A.C., al menos mil 500 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en Chihuahua en los últimos dos años, con base en denuncias formales.

Sin embargo, estiman que la cifra real podría llegar hasta 10 mil personas, debido al abandono total de comunidades y a los casos que nunca se denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades.

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