Desaparición y feminicidio de Edith Guadalupe revela fallas en protocolos de búsqueda y posibles actos de corrupción en la fiscalía capitalina

Ciudad de México.– El caso de Edith Guadalupe Valdés, joven que fue reportada como desaparecida y posteriormente hallada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, ha expuesto presuntas irregularidades, omisiones y posibles actos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas en la capital del país.

De acuerdo con los testimonios de familiares, la localización del inmueble donde fue encontrada la víctima fue resultado de una investigación realizada por la propia familia, ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. La joven habría acudido al edificio, ubicado sobre avenida Revolución, para una supuesta oferta de trabajo, pero nunca salió del lugar.

Familia acusa abandono institucional

Los familiares denunciaron que, pese a proporcionar indicios clave desde el inicio, las autoridades no actuaron con la rapidez necesaria. Incluso, señalaron que funcionarios de la Fiscalía capitalina les pidieron dinero “por debajo del agua” para agilizar las investigaciones y facilitar el acceso a grabaciones de videovigilancia.

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Ante esta situación, decidieron recabar pruebas por su cuenta, solicitando apoyo a vecinos y comerciantes de la zona para reconstruir la ruta de la joven, lo que finalmente permitió ubicar el sitio donde fue hallado el cuerpo.

Área señalada y perfil del funcionario

Las acusaciones apuntan a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, encabezada por Luis Eduardo Poletti Vega, un funcionario con trayectoria en el ámbito judicial.

Poletti Vega fue titular de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República entre 2009 y 2019. Según su declaración patrimonial, en 2024 reportó ingresos por un millón 860 mil pesos, de los cuales una parte proviene de su salario como fiscal y otra de actividades empresariales, específicamente de la “Librería del Abogado”, negocio de su propiedad.

Además, el funcionario cuenta con tres propiedades inmobiliarias adquiridas entre 2007 y 2018, así como por herencia, y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Señalamientos por corrupción y retrasos

Uno de los puntos más graves del caso es la acusación directa de que agentes ministeriales habrían solicitado dinero a la familia para avanzar en la investigación. También se les indicó que debían esperar 72 horas antes de iniciar acciones, bajo el argumento de que la joven pudo haberse ausentado voluntariamente, lo que retrasó la intervención.

Respuesta de la Fiscalía

Tras hacerse públicos los señalamientos, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que los servidores públicos implicados serán separados de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones internas.

La funcionaria calificó las conductas denunciadas como “muy graves e inaceptables” y aseguró que se dio intervención inmediata al área de Asuntos Internos para esclarecer posibles responsabilidades.

Un caso que evidencia fallas estructurales

El feminicidio de Edith Guadalupe no solo ha generado indignación social, sino que también ha puesto en evidencia deficiencias en los protocolos de búsqueda inmediata, atención a víctimas y posibles prácticas de corrupción dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia.

El caso continúa bajo investigación, mientras familiares exigen justicia y que se sancione tanto a los responsables del crimen como a los funcionarios que, presuntamente, incurrieron en negligencia o actos indebidos.

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