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Feminicidio de Edith Valdés exhibe omisiones de autoridades en CDMX y obliga a su familia a realizar la búsqueda por cuenta propia

El pasado 15 de abril, Edith salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, rumbo a una supuesta entrevista de trabajo. Fue vista por última vez al abordar un mototaxi.

Feminicidio de Edith Valdés exhibe omisiones de autoridades en CDMX y obliga a su familia a realizar la búsqueda por cuenta propia

Ciudad de México.– El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, ha colocado bajo escrutinio al gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada, al evidenciar omisiones, retrasos y posibles actos de negligencia en la activación de su búsqueda.

El caso ha generado indignación debido a que fue la propia familia de la joven quien, ante la falta de acción efectiva de las autoridades, realizó labores de investigación por cuenta propia, logrando ubicar el inmueble donde finalmente fue hallada sin vida.

Desaparición y búsqueda sin apoyo institucional

El pasado 15 de abril, Edith salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, rumbo a una supuesta entrevista de trabajo. Fue vista por última vez al abordar un mototaxi.

Horas después, su familia reportó su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Centro de Atención a Búsqueda de Personas, proporcionando incluso la ubicación del lugar al que acudiría: un edificio en avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Sin embargo, de acuerdo con familiares, las autoridades no actuaron de inmediato y sugirieron esperar hasta 72 horas, bajo la hipótesis de que la joven “podría haberse ido con amigos o su pareja”.

Familia asumió la investigación

Ante la falta de respuesta, los familiares emprendieron la búsqueda por su cuenta:

  • Revisaron cámaras de videovigilancia,
  • Contrataron a un investigador privado,
  • Solicitaron apoyo a vecinos para reconstruir la ruta de la víctima.

El sistema del C5 confirmó mediante grabaciones que Edith ingresó al inmueble, pero nunca salió.

La presión llevó a que la familia realizara una protesta el 16 de abril, bloqueando avenida Revolución para exigir la intervención de las autoridades.

Hallazgo del cuerpo y denuncias de corrupción

La madrugada del 17 de abril, autoridades finalmente ingresaron al inmueble, donde localizaron un cuerpo que posteriormente fue identificado como el de Edith.

Familiares denunciaron que un funcionario les habría solicitado dinero a cambio de avanzar en la investigación, lo que agrava las acusaciones de negligencia y corrupción.

La Fiscalía no hizo nada, todo fue por la familia”, declaró una tía de la víctima.

Respuesta de autoridades

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó el feminicidio y pidió a la Fiscalía investigar “a fondo y hasta las últimas consecuencias” posibles irregularidades.

Por su parte, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que:

  • Ya hay un presunto responsable identificado,
  • Se realizan acciones para su detención,
  • Se abrió una investigación interna contra el personal involucrado.

El agente señalado por la familia fue separado de sus funciones mientras avanzan las indagatorias.

Reconocen retrasos en la investigación

La propia fiscalía admitió que desde el inicio se contaba con información clave sobre el inmueble, pero la intervención ocurrió hasta un día después.

Este reconocimiento contrasta con lo señalado por el comisionado de búsqueda, quien enfatizó que no debe existir ningún retraso en estos casos.

Posible línea de investigación por trata

Las autoridades también analizan si el caso podría estar vinculado a un posible esquema de trata de personas, dado el contexto en el que la joven fue citada.

No obstante, hasta el momento no existen denuncias previas relacionadas con el inmueble.

Exigen justicia y revisión del caso

El feminicidio ha reavivado el debate sobre la eficacia de los protocolos de búsqueda en la Ciudad de México, así como la actuación de las instituciones encargadas de atender casos de desaparición y violencia de género.

Familiares y organizaciones exigen que el caso no quede impune y que se sancione tanto a los responsables directos como a los funcionarios que incurrieron en omisiones o negligencia.

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