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Luego de que el SAT cancelara 113 ONG’s para recibir donativos deducibles, Amnistía Internacional advierte por ‘golpe’ financiero para víctimas, mujeres y comunidades indígenas

Durante el fin de semana se dio a conocer que el SAT determinó que 113 organizaciones de la sociedad civil no cumplían con los requisitos legales vigentes.

Luego de que el SAT cancelara 113 ONG’s para recibir donativos deducibles, Amnistía Internacional advierte por ‘golpe’ financiero para víctimas, mujeres y comunidades indígenas

México.- La decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de retirar la autorización a 113 organizaciones civiles para recibir donativos deducibles de impuestos encendió las alertas de Amnistía Internacional, que calificó la medida como un golpe directo a su operación y al apoyo que brindan a sectores vulnerables.

¿Qué pasó y por qué es relevante?

Durante el fin de semana se dio a conocer que el SAT determinó que 113 organizaciones de la sociedad civil no cumplían con los requisitos legales vigentes para mantener su estatus como donatarias autorizadas.

Esto implica que ya no podrán emitir recibos deducibles de impuestos a sus donantes, una herramienta clave para su financiamiento.

Entre las organizaciones afectadas destacan México Evalúa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, conocidas por sus investigaciones sobre corrupción, seguridad pública y uso de datos oficiales durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Impacto inmediato: menos recursos para causas clave

De acuerdo con Amnistía Internacional, la medida “no es un trámite menor”. En la práctica, significa que estas organizaciones tendrán mayores dificultades para recibir financiamiento, lo que puede traducirse en:

  • Menos apoyo legal a víctimas de violaciones de derechos humanos
  • Reducción de programas contra la violencia de género
  • Menor protección a comunidades y territorios indígenas
  • Disminución de actividades de vigilancia y rendición de cuentas

“La consecuencia directa será menos ayuda para quienes más lo necesitan”, advirtió la organización.

¿Una tendencia regional? Las llamadas “leyes anti-ONG”

Amnistía vinculó lo ocurrido en México con una tendencia más amplia en América Latina. En su informe “Rompiendo el tejido social”, documenta la proliferación de regulaciones restrictivas —denominadas “leyes anti-ONG”— en países como:

  • Nicaragua
  • Venezuela
  • Paraguay
  • Perú
  • El Salvador
  • Ecuador

Estas normativas, bajo argumentos de “transparencia” o “seguridad nacional”, imponen controles más estrictos, registros complejos y cargas administrativas que —según la ONG— terminan por limitar la operación de la sociedad civil.

Foto: Cortesía

Burocracia vs. acción social

En el caso mexicano, Amnistía subrayó que las organizaciones ya enfrentaban una carga administrativa elevada: informes duplicados, requisitos reiterados y controles previos sobre el uso de recursos.

El resultado, advierte, es claro:

“Menos tiempo ayudando, más tiempo en burocracia”.

Además, criticó un supuesto “doble estándar” en la política pública: mientras a las organizaciones civiles se les exige mayor control y transparencia, algunas instituciones públicas no cumplen con los mismos niveles de rendición de cuentas.

El fondo del debate: ¿quién vigila al poder?

Para Amnistía Internacional, el tema central va más allá de lo fiscal. Se trata del papel que juega la sociedad civil en una democracia.

Las ONG —subraya— cumplen funciones clave:

  • Documentan abusos
  • Acompañan a víctimas
  • Vigilan procesos electorales
  • Impulsan reformas legales

Por ello, debilitar su operación implica también reducir los contrapesos al poder.

“El debate real no es control vs libertad, sino si queremos un país donde nadie vigile al poder”, alertó la organización.

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Para Amnistía Internacional, el tema central va más allá de lo fiscal. Se trata del papel que juega la sociedad civil en una democracia.

¿Qué propone Amnistía?

La organización internacional no rechaza la necesidad de transparencia, pero pide reglas claras y justas que no asfixien a las ONG. Su postura es contundente:

  • Más transparencia, pero sin obstáculos desproporcionados
  • Regulación equitativa entre gobierno y sociedad civil
  • Fortalecimiento —no debilitamiento— del tejido social

Claves para entender el caso

  • El SAT retiró permisos a 113 ONG para recibir donativos deducibles
  • La medida afecta directamente su financiamiento
  • Amnistía advierte impacto en derechos humanos y apoyo social
  • Se enmarca en una tendencia regional de restricciones a ONG
  • El debate central gira en torno a la rendición de cuentas y la democracia

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